- La organización nacional de los ronderos denuncia plan de grupos de poder.
Servindi, 3 de abril, 2015.- Poderes fácticos estarían detrás de la censura al gabinete ministerial de Ana Jara y pretenderían desestabilizar la gobernabilidad del país y así imponer sus inversiones sin respetar el derecho de los pueblos y comunidades del país.
Así lo advirtió la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) quién observó una clara intención de propiciar desorden político por parte de grupos políticos y económicos.
Mediante un pronunciamiento la Cunarc afirmó que “La censura [al Gabinete Jara] es una clara demostración que los grupos de poder económico quieren generar una crisis política para perjudicar la estabilidad democrática y la gobernabilidad".
El Congreso de la República decidió censurar al Gabinete de Ana Jara con la justificación de la develación de una numerosa lista de personas que sufrieron “chequeo” por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI).
La censura y caída del gabinete ministerial se produce en un contexto de tensión social en el que -por ejemplo- el pueblo de Islay exige el retiro del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper.
La censura habría sido una maniobra para imponer mega proyectos sin consentimiento y extirpar sus derechos a los pueblos y comunidades, apunta la CUNARC.
Exigencias al nuevo gabinete
“Frente al gabinete que se instale, seguiremos demandándole que respete y haga prevalecer el marco legal y constitucional de protección nacional e internacional, que nos ampara como rondas campesinas y pueblos indígenas”, señaló la CUNARC.
La CUNARC, que integra el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, reafirmó su autonomía e independencia política como expresión de los pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas del Perú.
Deja en claro que ante cualquier situación en el actual contexto seguirán luchando con autonomía por garantizar sus derechos colectivos.
Rechazo a recorte de funciones jurisdiccionales
De otro lado rechazó la intención de "dejar sin funciones jurisdiccionales y territoriales a las rondas campesinas”, contenida en el proyecto de modificación del Código Penal que contiene disposiciones no consultadas a las bases de las rondas campesinas.
“Tal propuesta viola nuestros derechos a la coordinación, participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, garantizado en los artículos 2, 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, y en el art. 1 de la Ley de Rondas Campesinas, Ley 27908” reza el comunicado.
Explican que la propuesta a ser debatida en el Congreso no garantiza los derechos y atribuciones ya reconocidos a las rondas campesinas en la Constitución, en el marco jurídico nacional e internacional y que, por el contrario, establece limitaciones a su jurisdicción y competencias que no están en su marco jurídico.
Solidaridad activa
La organización rondera llamó a los movimientos sociales y sociedad civil a estar vigilante y a movilizarse para evitar cualquier intento de los grupos económicos de filtrar en el nuevo Gabinete a sus “felinos”.
Ellos impulsaran medidas neoliberales “ya sea a punta de balas, haciendo sus reformas, creando normas o manipulando leyes (...) para continuar invadiendo nuestros territorios y sigan saqueando los recursos naturales”, prosigue el texto.
La CUNARC expresó su respaldo a los pueblos de la provincia de Islay, en particular del Valle de Tambo, en la región Arequipa y al pueblo de Cajamarca que planean movilizarse el 16 y 18 de abril en rechazo a la ejecución el proyecto minero Tía María.
También anunció su compromiso de “preparar y acatar el paro rondero cívico popular” programado para el 20 de mayo a nivel nacional, el cual es una respuesta a esta ola de medidas que ponen en riesgo sus derechos y defensa territorial.
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