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Perú: Rechazan afán empresarial por desaparecer fiscalización ambiental

- Empresaurios mineros detrás de la desaparición de la OEFA.

Servindi, 20 de marzo, 2015.- Un contundente rechazo al intento de liquidar la operatividad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) expresaron organizaciones ciudadanas ante el intento de eliminar el Aporte por Regulación (APR) que financia el 80 por ciento de la fiscalización ambiental.

Un comunicado suscrito por asociaciones y articulaciones de la sociedad civil y pueblos originarios sostiene que no aplicar el APR -como lo han solicitado cuatro empresas mineras-  "significaría la inoperancia de la OEFA."

Ello impediría implementar las actividades de supervisión, monitoreo y fiscalización que se realizan "como garantía al derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los peruanos."

En tal virtud demandan al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) suspender el procedimiento administrativo que busca desconocer el APR del OEFA.

Asimismo, que reconozca las sentencias que el Poder Judicial ha emitido en los procesos de acción popular, que reconocen la legalidad y constitucionalidad del APR que percibe el OEFA.

También piden que el INDECOPI fortalezca la institucionalidad de la OEFA y reconozca la Ley 30282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, que establece de forma expresa que el OEFA es acreedor tributario del APR.

Recalcan que el Estado no debe seguir promoviendo procesos para debilitar el OEFA "como ya ocurrió con la Ley 30230, al limitar drásticamente su capacidad sancionadora por los próximos tres años."

Además, piden tomar en consideración los conflictos socio-ambientales que pueden generarse si se deja de apoyar la gestión de la OEFA, lo que "pondría en riesgo derechos fundamentales y constitucionales a la vida, salud y a un ambiente sano y adecuado."

El 14 de abril el INDECOPI realizará la audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre la denuncia de cuatro empresas mineras en contra del OEFA para no pagar el citado Aporte por Regulación (APR).

Estrategia empresarial

Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), lidera la cruzada contra el OEFA

Según opinión del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) la intención de eliminar el APR responde a una estrategia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para que "la factura de la fiscalización ambiental la paguen todos los peruanos."

El citado gremio empresarial interpuso dos acciones populares contra el Decreto Supremo 130-2013-PCM, otras empresas del sector realizaron cuatro denuncias administrativas por barreras burocráticas ante el INDECOPI y otras interpusieron además dieciséis acciones de amparo.

Todas las acciones legales se orientan a eliminar el referido aporte por regulación y disminuir al máximo los ingresos que recibe OEFA para sus labores, indicó IDLADS.

Minam y OEFA salen al frente

El jueves 19 de marzo el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal destacó la importancia del aporte por regulación a la OEFA y reafirmó que "es una contribución que cumple con lo establecido en la Constitución y las leyes".

En conferencia de prensa afirmó: “No hay mecanismo más objetivo para el financiamiento de la fiscalización ambiental que el Aporte por Regulación, y el Congreso de la República ha confirmado, a través de cuatro leyes, su constitucionalidad y legalidad."

Agregó que "la fiscalización ambiental debe ser financiada por las propias empresas, ya que es parte de la internalización de los costos de una actividad que genera impacto y debe ser supervisada y fiscalizada”.

Por su parte Hugo Gómez,  presidente del Consejo Directivo del OEFA, dijo que el Poder Judicial ha reconocido la constitucionalidad y legalidad del APR a favor del OEFA al declarar infundadas las dos demandas de acción popular interpuestas por una empresa minera y la SNMPE.

Explicó que si hay contradicción entre pronunciamientos administrativos del INDECOPI y fallos del Poder Judicial, priman estas últimas. En su opinión, el INDECOPI debe esperar a que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la República.

Finalmente, Delia Morales, Directora de Supervisión del OEFA, reconoció que el APR que percibe el OEFA financiará en el sector minería durante 2015: 730 supervisiones, la implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos y la participación en 32 espacios de diálogo.

Estas acciones que viene realizando el OEFA se dan en el marco de un nuevo concepto de fiscalización ambiental, que facilita la licencia social para nuevas inversiones y devuelve confianza a la población.

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A continuación el comunicado suscrito por organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios:

INDECOPI definirá suerte de la fiscalización ambiental del país: posible eliminación de aporte por regulación afectaría al OEFA

El próximo 14 de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) realizará la audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre la denuncia de cuatro (4) empresas mineras(1) en contra del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para no pagar el Aporte por Regulación (APR) que financia la fiscalización ambiental a cargo del OEFA(2), y con ello afectar gravemente la institucionalidad ambiental.

Actualmente, la fiscalización ambiental del país depende en un 80% del llamado Aporte por Regulación. La no aplicación del mismo significaría la inoperancia de la OEFA para poder seguir fortaleciéndose y continuar implementando las actividades de supervisión, monitoreo y fiscalización que se realiza como garantía al derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los peruanos.

Por ello nos preocupa que según el OEFA, esté en juego la ejecución de diversas  actividades previstas para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido (caso Espinar y cuatro cuencas en la región Loreto).

Esto ocasionaría un mayor debilitamiento de la fiscalización ambiental y podría generar conflictos socio-ambientales en los proyectos, pues es algo reclamado por los pueblos: mayor seguimiento al cumplimiento las obligaciones socio-ambientales de las mineras por parte del Estado.

Frente a esta situación, es un gran riesgo que INDECOPI, desconociendo los fallos del Poder Judicial que validaron la constitucionalidad de este aporte por regulación y la Ley N° 30282, y negándose a internalizar los costos de una actividad riesgosa como la minera, pueda paralizar la fiscalización ambiental sin considerar los grandes impactos socio-ambientales que esto puede generar, lo cual no debe ser permitido por el Estado.

En ese sentido, siendo que el debilitamiento de esta institución significaría el aumento de los conflictos socio-ambientales, las organizaciones abajo firmantes solicitamos lo siguiente:

1. Que se fortalezca la institucionalidad de la OEFA reconociéndose así el importante rol que cumple en favor de los pueblos del Perú, y no se sigan promoviendo procesos para debilitarla, como ya ocurrió con la Ley N° 30230, al limitar drásticamente su capacidad sancionadora por los próximos tres años.

2. Que se tome en cuenta los conflictos socio-ambientales que pueden generarse si se deja de apoyar la importante gestión de la OEFA, lo cual pondría en riesgo derechos fundamentales y constitucionales a la vida, salud y a un ambiente sano y adecuado.

3. Que INDECOPI suspenda el procedimiento administrativo que busca desconocer el APR del OEFA y reconozca las sentencias que el Poder Judicial ha emitido en los procesos de acción popular, que terminó reconociendo la legalidad y constitucionalidad del APR que percibe el OEFA, habiendo declarado infundada la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Minera Colibrí S.A.C.

4. Que INDECOPI reconozca la Ley N° 30282 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2014 que establece de forma expresa que el OEFA es acreedor tributario del APR.

Finalmente, las instituciones abajo firmamos manifestamos nuestro apoyo al fortalecimiento del  OEFA para el mejoramiento de sus procesos de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.

Notas:(1) Cía. Minera Pampa de Cobre S.A., Cía. Minera Vichaycocha S.A.C., Sociedad Minera Corona S.A.C. y Cía. Minera Caudalosa S.A.

(2) Estas empresas aducen que el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM que fija el APR a favor del OEFA en 0,15% de la facturación anual (del 1% que la legislación fija como valor tope) sería según ellas ilegal, desconociendo la existencia de tres leyes previas que sustentan esta contribución.

  1. Alternativa - Centro de investigación social y educación popular
  2. Asociación Arariwa
  3. Asociación Nacional de Centros (ANC)
  4. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  5. Asociación Proyecto Amigo
  6. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
  7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  8. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
  9. Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH)
  10. Comité de Gestión del Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU)
  11. Confederación Nacional Agraria (CNA)
  12. Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
  13. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
  14. CooperAcción
  15. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  16. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  17. Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
  18. Environmental Investigation Agency (EIA)
  19. Fórum Solidaridad Perú (FSP)
  20. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  21. Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
  22. Grupo Propuesta Ciudadana
  23. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  24. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
  25. Instituto del Bien Común (IBC)
  26. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
  27. Red de propuesta y acción (RED MUQUI)
  28. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
  29. Verónika Mendoza (Congresista de la República.

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