- Enpresariado minero es el más afectado por multas y estaría detrás del paquetazo Castilla.
Por Milton López Tarabochia
Servindi, 26 de junio, 2014.- Hugo Gómez Apac, presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sostuvo que las multas de su institución no son severas como afirman los que apoyan el llamado “paquetazo” económico del ministro Luis Castilla.
Desde la creación del OEFA, en mayo de 2008, se han impuesto 941 multas firmes, de las cuales el 90 por ciento provienen del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Ministerio de la Producción.
Solo el 10 por ciento de las multas han sido impuestas por el OEFA, señaló Gómez Apac, en un evento público realizado el martes 24 de junio.
De esa manera defendió al organismo al cual el ministro de Economía y Finanzas Luis Castilla señala de trabar el crecimiento económico.
Como se sabe, el Ejecutivo intenta aprobar la Ley para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País, el mismo que fue aprobado el miércoles 25 por la Comisión de Economía del Congreso y cuyo debate es inminente a nivel del pleno del parlamento nacional.
La sociedad civil denuncia que la aprobación de dicho paquete de medidas solo beneficia a un sector empresarial pro extractivista. Señala, además, que el mismo echa por tierra todo lo avanzado por el citado organismo poniendo en grave riesgo la institucionalidad ambiental.
De las 5 517 supervisiones directas del OEFA a empresas mineras, de energía, pesqueras y manufactureras en el mismo período, tan solo a un 1,7 por ciento -96 casos- se le sancionó con multas.
“Buscamos el equilibro entre las medidas correctivas y multas”, enfatizó Gómez Apac.
Otra de las medidas que se argumentan en contra del OEFA para sustentar la disminución de sus facultades en fiscalización ambiental es su “arbitrariedad” al momento de sancionar.
Ante ello, Gómez Apac respondió que “el poder judicial da la razón a la OEFA el 95 por ciento de la veces”.
La iniciativa legal del Ejecutivo propone reducir las multas a un 35 por ciento del monto original durante un período de tres años, priorizar la prevención y corrección de conductas, y si en caso exista cobro de multas su recaudación se destine al Tesoro Público (artículo 12).
El propósito, según expresó Luis Castilla, es evitar el “sentido perverso” del cobro sancionador de las instituciones públicas. Para Gómez Apac el OEFA busca la remediación ambiental antes que la imposición de multas.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental no retrasa las inversiones privadas en el sentido que amedrenta a los empresarios con multas exorbitantes, apuntó.
Gómez Apac demostró que las multas aplicadas a empresas formales no exceden los 5 500 unidades impositivas tributarias (UIT), al igual que no exceden el 10 por ciento del ingreso bruto anual percibido por el infractor.
Retroceso y amenaza al sector ambiental
La Defensoría del Pueblo también recomendó al Congreso de la República no aprobar las medidas que afectan la institucionalidad y fiscalización ambiental. Mediante una carta dirigida a su titular Freddy Otárola, pidió reconsiderar la aprobación del Proyecto de Ley Nº 3627.
Observa, por ejemplo, que se proponga trasladar la función de determinar las Zonas Reservadas -actualmente a cargo del Minam- al Consejo de Ministros.
Asimismo, que éste organismo asuma la función de establecer los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP).
Una ley de retroceso
Lo extraño de todo este asunto es que el mismo Gómez Apac -de forma contradictoria- afirmó que “El proyecto de ley consolida lo que ha venido haciendo la OEFA” y que el proyecto "no va a afectar la fiscalización ambiental”, algo que el ministro Luis Castilla viene repitiendo con énfasis.
Javier Pulgar-Vidal, ministro de Ambiente no muestra la misma seguridad pues en declaraciones a diversos medios expresó que hubo discusión sobre el tema en la última sesión del Consejo de Ministros donde votó en contra del llamado “paquetazo” económico.
En dicha sesión, Pulgar-Vidal pidió al ministro Castilla no retroceder lo que se ha logrado en materia ambiental. A pesar de la aprobación de la medida manifestó que no habría mayor cambio en la política ambiental.
“Lo que pueda ocurrir en gabinete es discusión de gabinete y he mantenido esas discusiones en el ámbito interno. La discusión fue larga, uno es escuchado y las propuestas se afinan (…) El jefe de los bomberos no renuncia en un incendio”, apuntó Pulgar-Vidal en una entrevista al diario Perú21.
¿Quienes están detrás del paquete?
En la misma entrevista Pulgar-Vidal recordó que el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, intentaron junto a “supuestos representantes del empresariado” debilitar al OEFA y al Minam.
“Kuczynski dijo en una entrevista que los ministerios de Cultura, Ambiente y Turismo se deberían fusionar. Beatriz Merino dijo que no se necesitan exigencias ambientales y que la fiscalización se debe realizar ex post en el sector de hidrocarburos”, acotó.
Según un reciente informe del OEFA, el sector empresarial más sancionado es el minero.
Con la COP20 a la vuelta de la esquina, la cumbre mundial más grande que acogerá el país, el Perú no da señas de merecer la presidencia de la conferencia que decidirá el futuro de la humanidad.
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