
Con esta decisión, los bienes adquiridos ilegalmente antes del 2018 ya no podrán ser incautados ni devueltos al Estado.
Servindi, 1 de agosto, 2025.- Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) elimina la posibilidad de aplicar la extinción de dominio a bienes de origen ilegal obtenidos antes de 2018, lo que representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
Esta figura legal permitía recuperar propiedades vinculadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos o enriquecimiento ilícito, sin necesidad de una condena penal previa.
Ahora, el fallo impide que los bienes adquiridos ilegalmente antes de 2018 ya no podrán ser incautados. Incluso aquellos que ya habían sido confiscados deberán ser restituidos a sus antiguos dueños, legalizando en la práctica su posesión.
El TC declaró inconstitucional el artículo 2.5 del Decreto Legislativo 1373, que permitía aplicar la norma de manera retroactiva a hechos previos a su entrada en vigencia.
La sentencia también ordena al Congreso establecer un mecanismo de devolución o compensación para personas que fueron absueltas penalmente y cuyos bienes hayan sido confiscados.
Según el fallo, si no es posible restituir la propiedad, el Estado deberá pagar el valor de mercado con intereses, siempre que se demuestre que no había motivos legítimos para la incautación.
Esta resolución responde a una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo en agosto de 2024, cuando Josué Gutiérrez, argumentó que la extinción de dominio vulneraba derechos fundamentales como la propiedad, la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley.
Tras conocerse el fallo, la Defensoría saludó la decisión del TC, señalando que “marca un precedente en defensa del debido proceso y la seguridad jurídica”.
Especialistas advierten que esta decisión debilita una herramienta clave para recuperar activos ilegales, especialmente en contextos donde los procesos judiciales penales pueden tardar años o fracasar por falta de pruebas.
Estas medidas, que ya habían sido cuestionadas por el Poder Judicial y la Fiscalía, ahora se ven fortalecidas por el reciente fallo del TC.
AÑADE UN COMENTARIO