Servindi, 10 de febrero, 2026.- Nueve comunidades campesinas de la región Piura fueron identificadas como indígenas por su historia, tradiciones, conexión territorial y la autoidentificación de sus miembros.
Las comunidades son: San Juan Bautista de Catacaos, San Martín de Sechura, San Lucas de Colán, José Ignacio Távara Pasapera, Apóstol Juan Bautista de Locuto, Señor Cautivo de Progreso Alto, Señor de los Milagros, Castilla y Chonta.
Este reconocimiento resulta –de algún modo– de una larga batalla de las comunidades de la Costa peruana que siempre fueron ignoradas como comunidades descendientes de pueblos ancestrales por criterios absurdos basados en una falsa modernidad.
Es también un legítimo reconocimiento a la firmeza y consecuencia de líderes históricos como Marcial Quintana Litano, emblemático defensor de la identidad del pueblo Tallán, y líder de la comunidad Catacaos.
Cabe destacar que San Juan Bautista de Catacaos, libra hoy una emblemática lucha por la restitución de sus tierras comunales ancestrales apropiadas ilícitamente por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Un informe necesario
El informe elaborado por la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura (Mincul) detalla que estas comunidades presentan instituciones distintivas de pueblos originarios descendientes de etnias locales.
De igual manera, halló una organización política comunal, trabajos colectivos, creencias y prácticas con arraigo identitario y cultural propios.
Esta realidad conlleva “el derecho a la identidad cultural, derecho a preservar sus costumbres e instituciones propias y derecho a la salud intercultural”, detalla el Mincul.
Por tal motivo, el informe recomienda incorporar a las nueve comunidades a la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) como comunidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, lo que contribuirá a garantizar los derechos de la población.
Todas ellas cuentan con los atributos suficientes que evidencian el cumplimiento de los criterios de identificación señalados en el Convenio 169 de la OIT y expresados en la Ley N. ° 29785, Ley de Consulta Previa.
“Somos herederos de la cultura Tallán y esperamos que ahora la justicia respete nuestros derechos como pueblo indígena de la costa”
Johanna Melchor, presidenta de la central de rondas campesinas - Catacaos.
“Catacaos es ejemplo para las comunidades campesinas de la costa que se encuentran luchando por sus territorios. Seguiremos con nuestra lucha”
Javier Girón, comunidad de Catacaos.
“Este reconocimiento obliga al Estado a replantear su política indígena en la costa norte, porque Catacaos ya no es una excepción, es un precedente histórico”
Pavel Labán, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Ley del Despojo Comunal

El Congreso de la República aprobó en 2025 por insistencia la Ley 32293 que permite expropiar las tierras de las comunidades campesinas para beneficiar a centros poblados menores e invasores con fines de vivienda.
Sin consulta previa y sin el consentimiento de las miles de comunidades campesinas, la norma impuesta por el Poder Legislativo contraviene el artículo 89 de la Constitución Política que establece que la propiedad de las comunidades es imprescriptible.
En los hechos, la norma busca despojar a las comunidades de las tierras comunales “ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos” del 2004 al 31 de diciembre de 2015.
La norma fue aprobada en abril de 2025 por el congresista Eduardo Salhuana del partido de Acuña Peralta (APP) y Patricia Juárez, de las filas del fujimorismo, unidos en el propósito común de facilitar el despojo de las tierras comunales.
Debido a que el Poder Ejecutivo no la promulgó fue firmada por Eduardo Salhuana Cavides y Patricia Juárez Gallegos, en su condición de presidente y primera vicepresidenta del Congreso el 7 de abril de 2025.
Batalla contra el Sodalicio

El informe se produce en el contexto de una disputa judicial que enfrenta a la comunidad San Juan Bautista de Catacaos con el Estado y empresas vinculadas al extinto Sodalicio de Vida Cristiana.
Como se recuerda, las empresas vinculadas al Sodalicio son señaladas del despojo de aproximadamente 10 mil hectáreas del territorio comunal, situación generada por la falta de la titulación por parte del Estado.
El origen indígena de la comunidad era cuestionado por las empresas, con el objetivo de no respetar los derechos que el reconocimiento conllevaba.
Ante esta situación, en febrero de 2025, la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, denunció el incumplimiento del Estado en la titulación territorial.




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