
- Entre ellos Alan García, Mercedes Aráoz, Yehude Simon y Ántero Flores-Aráoz. Mientras, 53 indígenas son víctimas de persecución política en largo juicio que va por su audiencia 45.
Servindi, 7 de enero, 2016.- Mientras que algunos personajes sindicados como responsables políticos del Baguazo compiten en diversas planchas electorales cincuentitrés personas, en su mayoría indígenas, deben acudir a la audiencia 45 en el megajuicio que se sigue contra ellos por el delito de defender sus derechos colectivos vulnerados por normas que fueron derogadas.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) calificó de criminalización y persecución política el juicio por los sangrientos sucesos ocurridos en la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009.
Entre los acusados se encuentran dirigentes como Segundo Pizango Chota, ex presidente de la AIDESEP, quién estuvo muy lejos del lugar de los hechos.
Sin embargo, para él y otros ocho acusados la fiscalía pide la pena de cadena perpetua por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento a servicios públicos, motín, disturbios, tenencia de armas, arrebato de armas y daños agravados.
Ya van siete años desde el conflicto que enlutó al país y que se saldó con la muerte de 34 personas, entre policías y civiles.
Según el informe en minoría presentado por Jesús Manacés Valverde, ex presidente de la comisión que investigó los sucesos de Bagua, y la ex comisionada Mari Carmen Gómez Calleja, el operativo de desalojo que ocasiono el conflicto fue “mal planificado, improvisado” y tuvo “objetivos políticos y de imagen”.
“Existen suficientes indicios, corroborados por altas autoridades de la zona, de que los manifestantes awajún y wampis que bloqueaban la carretera se aprestaban a desalojarla voluntariamente” precisa el informe.
Responsables en campaña
La Comisión Investigadora sobre los sucesos de Bagua presidida por el congresita Guido Lombardi concluyó que Mercedes Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas.
Además, Mércedes Aráoz —quién postula como primera vicepresidente por la agrupación Peruanos por el Kambio (PPK)— contribuyó a propiciar un clima de intolerancia e incomprensión cuando declaró ´públicamente que si se derogaban las normas cuestionadas por la protesta indígena el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se vería afectado.
El informe Lombardi concluye asimismo que la responsabilidad de Yehude Simon, que postula a la presidencia de la República por el Partido Humanista, se debe a que en su condición de jefe del Gabinete ministerial no promovió una concertación previa que evite la posterior matanza.
A juicio de Guido Lombardi, la actitud de Yehude Simon resulta inexplicable, puesto que acusa a Mercedes Aráoz del ‘Baguazo’ pero en su momento no le pidió su renuncia ni dimitió él en su cargo al no producirse esta”, según reportó el diario El Comercio.
Otro responsable político del Baguazo es Alan García Pérez, quién postula a una tercera presidencia de la República en alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC) en medio de escándalos por los denominados narcoindultos que liberaron de prisión a miles de personas vinculadas al tráfico de drogas.
El informe de la Comisión civil presidida por Jesús Manacés Valverde también concluyó que existió responsabilidad en los altos mandos a cargo del operativo y "no puede negarse la grave responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades a cargo del sector Interior y del sector Defensa”.
Ántero Flores-Aráoz, entonces ministro de Defensa de Alan García Pérez, postula a la presidencia de la República por el partido Orden.
A continuación reproducimos el pronunciamiento de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
Pronunciamiento: ¡Rechazamos la criminalización en contra de la lucha Indígena Amazónica!
Las 1809 comunidades organizadas en 109 federaciones, representadas en 9 regionales y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, como organización nacional nos pronunciamos ante la persecución política, la criminalización y la vulneración total de derechos de la cual vienen siendo objeto nuestros hermanos indígenas a lo largo de la cuenca amazónica y particularmente de los 53 indígenas procesados, entre ellos el ex presidente de AIDESEP Alberto Pizango, por el solo y único hecho de defender el justo derecho de los pueblos indígenas a la vida e integridad.
Actualmente, el hermano Alberto Pizango atraviesa la audiencia número 45 en la localidad de Bagua, región Amazonas, proceso en el cual el Ministerio Público ha solicitado, mediante la fiscalía, la pena punitiva de cadena perpetua para él y 8 acusados más, por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento a servicios públicos, motín, disturbios, tenencia de armas, arrebato de armas y daños agravados.
Más de 6 mil personas sólo en Bagua (sin contar a todos los pueblos indígenas que se movilizaron a lo largo de la amazonía, como Loreto, Ucayali, Madre Dios y San Martín) fueron quienes se manifestaron en contra de decretos legislativos que promovían las condiciones propicias para el despojo de tierras y la violación de derechos indígenas.
El derecho a la defensa, a la asociación y un conjunto de derechos y principios conexos como el derecho a la participación política, la libertad de expresión y opinión son derechos amparados en nuestra constitución , así como el derecho a la protesta pacífica y a libertad de reunión lo cual constituye el ejercicio legítimo de derechos fundamentales de la persona, es totalmente aberrante que se intente meter a la cárcel a nuestros hermanos indígenas por el solo hecho de defender lo que la ley misma ampara.
El proceso judicial se encuentra en la etapa de alegatos, y en el transcurso de algunos meses se dictará sentencia. Este jueves 7 de enero se continuará con la lectura de piezas.
¡Exigimos al gobierno peruano la no persecución política a nuestros hermanos acusados en Bagua!
Invocamos a la comunidad internacional y aliados a pronunciarse al respecto
¡Exigimos el derecho a protestar en contra de los que quieren invadir nuestros territorios!
¡Bagua no se olvida! ¡no a la criminalización indígena!
Cosejo Directivo Nacional de AIDESEP
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