Servindi, 15 de junio, 2013.- Entregamos a nuestra audiencia un resumen semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana que hicieron noticia en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Resumen Perú, 15 de junio, 2013. (Archivo mp3, 7 minutos, 44 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Mundo Indígena Perú al 15 de junio de 2013
¿Licencia para matar? El Congreso aprobó una norma legal que permite a policías y militares matar o lesionar a civiles sin responsabilidad penal cuando actúen en el “cumplimiento de su deber” y en uso de sus armas u otro medio de defensa.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) pidió al presidente Ollanta Humala, no promulgar la ley que le otorga a policías y militares “licencia para matar” en un contexto de conflictos sociales y que generaría impunidad en casos de violación de derechos humanos.
Según la congresista Marisol Pérez Tello, la norma busca dar a los miembros de los institutos armados y policiales mecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros.
Como sea. La asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó que el Estado peruano viene flexibilizando los procedimientos administrativos para aprobar el estudio de impacto ambiental de la ampliación del Proyecto Camisea.
Ello a pesar que se trata de zonas altamente sensibles que se superponen a la Reserva Territorial para los pueblos aislados Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manú.
El 27 de mayo la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas dio un ultimátum al Viceministerio de Interculturalidad para que en siete días hábiles emita su Opinión Técnica Vinculante al respecto.
El plazo perentorio aprovecha el reciente Decreto Supremo 060 expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros el 25 de mayo que aprueba “Disposiciones especiales para impulsar proyectos de inversión pública y privada”.
Consulta. Luis Ortigas, presidente de Perú-Petro, anunció que en julio próximo se consultarán 26 lotes petroleros de forma simultánea en procesos de dos o tres meses.
Se trata de consultas que “serán relativamente fáciles por tratarse de concesiones de exploración y no de explotación”.
Además, en la mayoría de los citados lotes no se ha registrado antes actividad petrolera como sí ocurren en el lote 192 que presenta antecedentes de reclamos sociales y ambientales, indicó Luis Ortigas.
Reservas. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) cuestionó el proceso actual promovido por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) que intenta modificar el Régimen Especial para Administrar las Reservas Comunales.
Demandó un nuevo proceso amplio y participativo que no se limite a convocar a la organización civil Eco Ashaninka que co maneja la reserva comunal Asháninka mediante un contrato de administración.
Por su parte la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó el plan modificatorio emprendido por Sernanp y denunció que existe la intención de debilitar a los Ejecutores de Contratos de Administración.
La finalidad sería “capturar” las reservas comunales a fin de usar su “3 millones de hectáreas” en “negociados sobre Reducción Emisiones por Deforestación o Degradación (REDD) de tipo convencional”, sostuvo Aidesep.
Espinar. El informe de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo para determinar la contaminación asociada a la actividad minera en Espinar, Cusco, verificó la presencia de ésta en el 52,71 por ciento del total de lugares monitoreados.
Óscar Mollohuanca, alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, lamentó que el informe evite reconocer de forma explícita a la empresa Xstrata como la responsable.
Mollohuanca pidió transparencia para llegar a un acuerdo final en torno al contenido del informe que confirma lo denunciado por los habitantes de Espinar.
Ellos advirtieron la existencia de metales como cobre, molibdeno y arsénico en las aguas superficiales y sedimentos de las microcuencas Camacmayi, Tintaya y Collpamayo.
Napo. Gabriel Ashanga, alcalde del distrito de Torres Causana en la provincia de Maynas, Loreto, presentará ante las autoridades del gobierno regional las pruebas que demostrarían que el derrame de petróleo ecuatoriano, ocurrido el pasado 31 de mayo, afectó al río Napo en Perú.
Loreto. El especialista Marc Dourojeanni, presentó el libro “Loreto Sostenible al 2021” en el advierte un grave incremento de la deforestación, conflictos socioambientales y una serie de consecuencias trágicas para Loreto en la próxima década.
Ello a consecuencia de la construcción de vías mal planificadas y la superposición de concesiones petroleras sobre territorios indígenas.
Al fin de la presentación se anunció la creación del “Foro para el Desarrollo Sostenible en Loreto”, un espacio donde Estado, sociedad civil y empresarios discutirán temas sustanciales para el futuro de Loreto.
Precisamente en relación a Loreto, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda denunció que el Gobierno Regional pretende “expropiar” en los hechos los territorios de los pueblos indígenas ubicados dentro del lote petrolero 192.
Alertó sobre la intención de la entidad regional de excluir de los planos de demarcación comunal las áreas donde se encuentran instalaciones petroleras, como aeropuertos, carreteras, baterías, pozos, oleoductos, entre otros.
Sechura. Más de dos mil pobladores de Sechura marcharon el lunes 10 de junio por las calles de Piura en protesta contra el proyecto gasífero “Punta Lagunas” de la empresa colombo-coreana Savia que según ellos amenaza contaminar la bahía de Sechura.
Deforestación. Los cultivos de palma aceitera alientan la deforestación alertó la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo.
En una nota de prensa alertó que Milton Von Hesse, ministro de Agricultura, anunció que en la selva peruana existen más de 600 mil hectáreas con potencial para cultivos de palma aceitera.
Tal anuncio se contradice con informes de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura que reconocen que dicho sector “no cuenta con un Catastro de Tierras ni ha identificado las tierras deforestadas para la instalación de cultivos agroenergéticos”.
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