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Lea o escuche nuestro resumen semanal de noticias en pocos minutos… Edición: Perú

Servindi, 18 de mayo, 2013.- Entregamos a nuestra audiencia un resumen semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana que hicieron noticia en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

- Resumen Perú, 18 de mayo, 2013 (Archivo mp3, 8 minutos, 18 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).

Mundo Indígena Perú al 18 de mayo de 2013

Consulta. El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, saludó la decisión de los Gobiernos Regionales de Puno y Loreto de llevar adelante procesos de consulta previa acerca de las medidas administrativas que aprueban el proyecto minero Chiquitosa en Puno y el Área de Conservación Regional Maijuna en Loreto.

“Es una buena señal que demuestra el compromiso de los Gobiernos Regionales en la implementación del derecho a la consulta previa”, precisó, y que involucra tanto a comunidades nativas amazónicas como a comunidades campesinas del área andina.

Remarcó además que “es muy importante que el Ministerio de Cultura cumpla con su obligación legal de publicar la base de datos de pueblos indígenas pues, de no hacerlo, estaría omitiendo cumplir con sus funciones”.

Supremacía constitucional. El ab gado Juan Carlos Ruiz Molleda afirmó que los diversos intentos del Estado peruano de incumplir con la consulta previa descansa en una visión del derecho que intenta soslayar el principio de la supremacía constitucional.

“La ausencia de mentalidad constitucionalista en los abogados que aplican las normas sobre concesiones mineras no formados en el Derecho Constitucional (…) ocasiona una interpretación legalista de la Constitución, que solo genera indefensión para los derechos de los pueblos indígenas” apuntó Ruiz Molleda.

Conflictos. La Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) siguen discrepando mes a mes sobre la cantidad de conflictos sociales existentes en el país.

Mientras que para la Defensoría del Pueblo en abril se registraron 229, entre conflictos activos y latentes, para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM solo existieron 60 conflictos sociales.

Rolando Luque, funcionario de la Defensoría, sostuvo que el enfoque de la PCM toma el acto de violencia como el punto de inicio de un conflicto social.

El enfoque de la Defensoría observa el conflicto desde más atrás y considera los casos latentes o en etapa temprana para que puedan ser atendidos.

No se pueden comparar ambos informes porque la Defensoría aplica un enfoque más preventivo mientras que la PCM reduce la capacidad de prevención del Estado al poner el acento en una amenaza a la gobernabilidad o al orden público, señaló Luque.

Lote 64. Organizaciones indígenas del pueblo Achuar de Loreto acordaron rechazar la actividad petrolera en sus territorios ancestrales y oponerse al ingreso de la petrolera estatal Petroperú al Lote 64 por amenazar la salud del bosque y poner en riesgo sus formas tradicionales de vida.

La asamblea se efectuó el seis de mayo en la comunidad Wisum, en el distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón, en la región Loreto.

La comunidad es sede de la organización Achuarti Iruntramu (ATI) y el evento congregó a representantes de la Organización Achuar Chayat (ORACH) y la Asociación Indígena del Morona (AIM). También participaron representantes de la Federación Nacional Achuar del Perú (FENAP).

Ayacucho. La Convención Regional de Rondas Campesinas, realizada el 11 de mayo en Cora Cora, Parinacochas, rechazó la presencia de la minería en las cabeceras de cuenca. Asimismo acordó realizar acciones para impedir la contaminación del medio ambiente y el agua.

Al evento asistieron más de 350 representantes de comunidades, anexos y frentes de defensa de las provincias del sur de Ayacucho.

Extranjerización de Tierras. El Observatorio de los Derechos sobre la Tierra en el Perú llamó a estar alertas con el proceso de extranjerización de tierras rurales porque las posibilidades de controlar el fenómeno son bastante limitadas.

Ello se debe a las prerrogativas de las que gozan los inversionistas extranjeros en virtud a los tratados de libre comercio (TLC) y tratados bilaterales de inversión (TBI).

En un artículo difundido por el Observatorio investigadores del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) afirman que cerca del 10 por ciento de las tierras de cultivo de la costa – más de 84,000 hectáreas- “tendrían algún grado de participación de inversionistas extranjeros”.

En los próximos años se incrementará la presión de los inversionistas extranjeros por adquirir tierras quienes disputarán los beneficios que deben reservarse para grupos vulnerables como las comunidades campesinas y nativas, indicó el Observatorio.

Monitoreo indígena. Un taller que involucró a monitores ambientales de los pueblos Achuar, Kichwa, Quechua y Kukama se realizó el 6 de mayo en el Congreso de la República.

La sistematización de esta y otras actividades sustentaran un proyecto de ley que busca reconocer, consolidar y hacer oficiales estos programas y prácticas de vigilancia comunitaria.

El taller fue promovido por la congresista cusqueña Verónika Mendoza, evento en que se reunieron distintas experiencias de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria e independiente tanto del área andina como amazónica.

Deforestación. El Juzgado de la provincia de Lamas, en la región San Martín, deberá dictar sentencia sobre el proceso iniciado en contra del Grupo Romero por deforestación en el distrito de Barranquito en un plazo no mayor de cuatro meses.

Ello a raíz de que la Sala Penal de Audiencias de Tarapoto devolvió el caso, el pasado 9 de mayo, al Juzgado de Lamas luego de sostener que el entonces juez Dr. Rubén Arnaldo Novoa Santillán no juzgó bien al no considerar las pruebas presentadas por la parte denunciante.

Prevaricato. La juez Mabel Luna Hurtado del Juzgado Penal de Tambopata será denunciada por el delito de prevaricato, al no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada una acción de hábeas corpus interpuesta por la comunidad nativa Tres Islas.

Así lo informó Zulma Villa, asesora de la comunidad que decidió instalar una caseta para controlar el ingreso de transportistas, taladores y mineros ilegales a su territorio en ejercicio de su derecho a la autonomía.

Las empresas de transporte Pioneros y Mineros estarían detrás de la obstrucción de la justicia. Estas denunciaron el 2010 a los dirigentes comuneros por impedir su ingreso. El proceso terminó en setiembre de 2012 con la sentencia del TC favorable a Tres Islas.

Manejo Forestal. El III taller de la Plataforma de Manejo Forestal Comunitario se realizó del 15 al 17 de mayo en la ciudad de Pucallpa con el objetivo de difundir los avances en el Proceso de Fortalecimiento del Sector Forestal y recoger aportes a la propuesta de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (PNFFS).

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