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Lea o escuche nuestro resumen semanal de noticias en pocos minutos… Edición: Perú

Servindi, 4 de mayo, 2013.- Entregamos a nuestra audiencia un resumen semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana que hicieron noticia en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

- Resumen Perú, 4 de mayo, 2013 (Archivo mp3, 7 minutos, 42 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).

Mundo Indígena Perú al 4 de mayo de 2013

Tensiones en el Ejecutivo. Una tensa situación se vive en el Poder Ejecutivo debido a las presiones del Ministerio de Energía por reducir el derecho a la consulta solo a las comunidades nativas, tal como lo expresó el domingo 28 de abril el presidente Humala.

La situación ha incubado la renuncia del viceministro de Interculturalidad quién habría defendido la calidad de indígena u originaria de la comunidad de San Juan de Cañaris, ubicada en la región andina del departamento de Lambayeque.

La condición indígena de Cañaris también es defendida por la Defensoría del Pueblo, pero es inaceptable para el ministerio de Energía y Minas, que quiere dar paso como sea al proyecto Cañariaco.

El núcleo duro del sector gobiernista anunció que intenta destrabar catorce proyectos mineros del procedimiento de consulta previa, a pesar de hallarse en territorios comunales.

Entre ellos se encuentra el proyecto “Angostura” ubicado en la comunidad campesina de Nueva Esperanza de Mollepiña, en la región Apurímac; el Proyecto Magistral, en la región Áncash; y el Proyecto Marcobre, en Nasca, región Ica.

Consulta reducida. El presidente Ollanta Humala afirmó la noche del domingo 28 de abril que el espíritu de la Ley de Consulta Previa es dar voz a las comunidades nativas que no tienen voz para hacerla llegar a las instancias de poder.

Indicó que en la costa no hay comunidades nativas por el proceso de migración; y en la sierra la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria.

“Con tanta informalidad que hay, ahora todo el mundo quiere ser consultado por que le puede dar cierto poder de negociación”, anotó el mandatario.

Aislados. “Todo parece indicar (…) que en estos momentos no existe una política pública en materia de protección de los pueblos en aislamiento voluntario (PAV)”.

Así concluyó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, luego de revisar la documentación sobre el tema exhibida por las autoridades a requerimiento del Congreso de la República y las organizaciones indígenas.

Lo preocupante es que se desconoce una política nacional coherente y financiada para proteger a dichos pueblos a pesar que organismos internacionales advierten que se trata de “pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción”.

Lote 88. La creciente demanda energética está llevando al gobierno a ampliar la actividad extractiva en el lote 88 a pesar de tratarse de un área superpuesta a la reserva para pueblos aislados y a la zona de amortiguamiento o de protección del Parque Nacional del Manu.

A pesar de la prohibición de nuevas operaciones dentro dicha reserva el Ministerio de Energía y Minas (Minem) interpreta que sí es posible realizar nuevas ampliaciones dentro del Lote 88.

Para ello, viene acelerando el proceso para aprobar un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA), advirtió la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Responsabilidad del BID. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tendría prácticamente en sus manos la posibilidad o no de expansión del proyecto Camisea y la consecuente afectación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Así lo sostiene David Hill, ex asesor del Forest People Programme, quién observa que la actividad “no puede seguir adelante sin la aprobación oficial del BID” en virtud de ciertos compromisos contraídos como condición de su préstamo de 75 millones de dólares americanos a Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Lo cierto es que existe el compromiso del BID para proteger la reserva para los pueblos aislados e incluso el anuncio de brindar un millón de dólares al gobierno peruano para protegerlos a dichas poblaciones vulnerables.

Sin embargo, la protección debe darse en el marco de las Guías para aplicar la política operativa sobre pueblos indígenas del BID que reconocen la obligación de respetar las leyes nacionales e internacionales, incluidas la jurisprudencia del sistema interamericano, indicó Hill.

Kakinte. Tras sostener una sesión de emergencia el domingo pasado, la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) resolvió mantenerse firme en las medidas que vaya a tomar frente a los abusos que viene cometiendo la empresa Repsol en sus territorios.

A través de un comunicado las comunidades que integran la ODPK reconocen sus diferencias internas y ratifican su compromiso de superarlas para enfrentar la amenaza de la empresa y de otros grupos que los quiere dividir.

Purús. Una vez más se postergó el debate sobre el proyecto de ley 1035 el cual pretende declarar de interés público la interconexión terrestre entre Puerto Esperanza en Ucayali e Iñapari en Madre de Dios.

La iniciativa ha provocado que indígenas amazónicos de ambas regiones anuncien una movilización en contra de su aprobación por perjudicar la reserva protegida del Alto Purús.

Echarati. El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba, comunidades y organizaciones del distrito de Echarati, en Cusco, acordaron no participar de las actividades de rendición de cuentas programadas por la autoridad municipal.

Tras una reunión el pasado 17 de abril, representantes de las comunidades argumentaron que no se cuentan con proyectos de inversión a nivel de ejecución en el Bajo Urubamba y que se han incumplido los presupuestos participativos anteriores.

Anunciaron que no formarán parte de las dos audiencias públicas de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Echarati, programadas para los días 22 y 24 de mayo.

Descartaron además ser parte de la reunión multisectorial programada para el 5 de mayo con el Gobierno Regional.

Daniel Ríos Sebastián, presidente del citado Comité de Gestión, sostuvo que en el Bajo Urubamba es urgente “la construcción de un hospital, la distritalización de toda la zona (servicios básicos), la electrificación y la conexión mediante trochas carrozables entre comunidades”.

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