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Perú: No es esta la manera de protestar pero…

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

01 de Julio, 2011.- Los hechos de Puno nos han dejado conmocionados, independientemente de las investigaciones que deben realizarse para entender mejor los hechos, compartimos en estas breves líneas nuestras impresiones.

Lo primero es nuestra condena a los actos de vandalismo y saqueo del Aeropuerto de Juliaca, cometidos por los manifestantes que venían de la provincia de Azángaro. Es absolutamente lícito exigir la descontaminación del Río Ramis, demanda principal de las comunidades azangarinas, sin embargo, ello no autoriza a hacer lo que hicieron en el mencionado aeropuerto.

El derecho a la protesta no es un derecho absoluto ni autoriza a hacer desmadres como los ocurridos en Puno ante los locales públicos (1)  o en el Aeropuerto de Juliaca. Para que estas protestas sean protegidas -por el artículo 2.12 de la Constitución que recoge la libertad de reunión- deben ser pacíficas, sin porte de armas. Esencialmente la finalidad (la defensa del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado por ejemplo) y los medios empleados (no destrozar la propiedad privada y pública por ejemplo) deben ser lícitos y compatibles con la Constitución.

No obstante ello, tampoco podemos negar una realidad. El problema es que cuando estas poblaciones protestan de forma “civilizada” simplemente no les hacen caso, tal como ocurrió en este caso. Desde hace años las comunidades campesinas han venido pidiendo el respeto a vivir en un ambiente sano. Empero, recién surge interés por el reclamo de las comunidades de Puno cuando interrumpen carreteras para que la prensa y la opinión pública voltee la mirada. Y claro, en este contexto, incurren en diversas conductas tipificadas por el Código Penal y son procesados. Están entre la espada y la pared. El Estado casi los obliga a tener que recurrir a estos medios que proscribe. El deber del gobierno y la actitud más racional sería que el Estado atienda sus solicitudes con la misma prontitud que lo haría si se lo pide la CONFIEP o la Sociedad Nacional de Minería.

Todos queremos que se ejerzan los derechos de acuerdo al ordenamiento jurídico. En todo caso, consideramos que es necesario ajustar y adecuar cierta forma de hacer política a las exigencias de una sociedad democrática, plasmadas y contenidas en la Constitución, sin embargo, tampoco podemos ser bobos. Los reclamos de los puneños a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar a nadie interesan salvo que haya muertos con que llenar titulares.

Un segundo punto es que no podemos mezclar y poner a todos en el mismo saco, Existen múltiples actores que han concurrido en estos sucesos y cada uno con intereses y hasta agendas distintas. Una cosa son los que protestaron por el caso de Santa Ana de Juli, de la parte aymara; otros los de Melgar, la parte quechua, y otros de Azángaro, también de la parte quechua. Los dos primeros pedían la cancelación de las concesiones mineras, los últimos, la descontaminación del Rio Ramis por la minería informal. No todos tomaron el aeropuerto de Juliaca, fueron los de Azángaro.

A no distraerse del problema de fondo

Luego de tomar posición frente a los excesos y actos de vandalismo injustificables, no podemos perder de perspectiva, cuál es el problema de fondo. Lo cierto es que las protestas de las comunidades son fundamentalmente por la contaminación de los territorios donde viven, o si esto no ha ocurrido es por el miedo fundado a que esto suceda. Basta ver el mapa de las concesiones mineras de Puno para darse cuenta que no se trata de una chisme o de un temor sin fundamento alguno. Pero no solo eso, también protestan porque la forma como se ejecutan las concesiones en este país que los excluye y los ignora de todo tipo de negociaciones, a pesar que ellos viven encima de las reservas mineras que han sido concesionadas.

Esto lo reconocen los propios sacerdotes y religiosos que están años acompañando y viviendo al lado de la población campesina y puneña. Como dice un reciente pronunciamiento:

Constatamos que los habitantes de la cuenca del río Ramis desde hace años han venido reclamando pacíficamente ante el gobierno central una acción efectiva frente a la minería semiformal e informal que ha contaminado sus campos, sus animales y sus propias vidas. Al hacer este reclamo ellos están también  pidiendo por la salud de todos nosotros, pues esa contaminación llega hasta el lago Titicaca y afecta los alimentos y el agua que consumimos en la región”.

Añaden, que “El gobierno de Alan García, sin embargo, no tomó en serio estas peticiones,  llevó una  política pro-minera, no cumplió los pactos acordados y dejó pasar el tiempo hasta que estalló el conflicto, como también ocurrió en Moquegua, Bagua e Islay”.

Y es que el Estado no ha consultado ninguna concesión minera y ninguna concesión petrolera pese a que esta obligación existe desde el año 1995, fecha en que entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT. La legislación sobre concesiones mineras por ejemplo más allá de algunas declaraciones retoricas, no contempla ningún mecanismo de consulta de las concesiones mineras, ni siquiera para informar a las comunidades campesinas que están concesionando los recursos bajo sus territorios. A lo más saca un aviso en un diario local que nadie lee en la ciudad menos la gente del campo. Lo que se realizan son talleres informativos, que los quieren hacer pasar por consulta. La prensa no dice que las empresas están comprando tierras a precio muy barato sin tener en cuenta el valor cultural y espiritual de la tierra a precio de mercado, sin decirles a los campesinos sobre el valor de los recursos que hay debajo.

Pero no solo eso, además, los estudios de impacto ambiental (EIA), no los hacen con la participación de los pueblos indígenas como exige el Convenio 169 de la OIT. Tampoco evalúan estos EIA el impacto social, cultural y espiritual como lo exige el artículo 7.3 del Convenio 169. Si esto se hubiera hecho, el Estado hubiera advertido que el cerro Khapia era un Apu objeto de veneración por las comunidades campesinas aymaras.

La mayoría de la prensa tampoco dice nada sobre que el 70% del departamento de Puno esta concesionado, que existen una gran cantidad de pasivos ambientales no atendidos por el Estado ahí donde la gente de las comunidades vive. La realidad es que el Ministerio de Energía y Minas promueve y defiende las industrias extractivas, que el Ministerio del Medio Ambiente (no aprueba los EIA por ejemplo) está mediatizado y que nadie del Estado defiende los derechos de los pueblos indígenas. El INDEPA y el Ministerio de Cultura no levantan la voz para nada y se ponen de costado.

El Estado de derecho solo existe para exigirle al dirigente Walter Aduviri (con todos las dudas que sobre éste existen) que acate el mandato judicial de su detención, pero no para exigirle al Estado que cumpla con respetar los derechos de los pueblos indígenas o que respete el derecho de los campesinos puneños a vivir en un medio ambiente sano como lo manda la Constitución.

Palabras finales

Tampoco se trata de decir que Aduviri y la forma como se ha protestado no debe ser cuestionada. No tiene justificación el saqueo y el vandalismo en nombre de las defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Los hechos deben investigarse. La policía tiene que profundizar con las investigaciones y el Poder Judicial debe sancionar a todos los que pasaron la raya. Una cosa es la participación ciudadana y el justo y legitimo reclamo de los derechos y otra la violencia, el vandalismo y el saqueo. Por todo ello creo que la población que protesta  debe revisar sus formas de lucha. Pero nadie nos va a decir que las empresas y el Estado han actuado correctamente, el absoluto desprecio del Estado por las comunidades campesinas es inocultable. Las muertes en Puno son un indicio. Concesionan como si es que fueran territorios de la luna deshabitados. Jamás los toman en cuenta, a pesar que ahí ellos viven. La indiferencia ante la sistemática contaminación del hábitat no es un asunto que le interese al Estado, menos las concesiones de los lugares sagrados para ellos.

Nota:

(1)  Según información recabada por Justicia Viva, en el caso del saqueo de las instalaciones públicas, las organizaciones que protestaban han señalado que dichos hechos fueron realizados por terceros ajenos a ellos. Incluso indican que detuvieron a cinco de estos vándalos que luego entregaron a la policía; sin embargo, denuncian, que extrañamente éstos fueron dejados en libertad.

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*Juan Carlos Ruíz Molleda es Abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

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Fuente: Portal  informativo: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=584

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