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México: Estado responde ante la CIDH por violación de indígena me’phaa

Servindi, 16 de abril, 2010.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que viene sesionando en Perú, trató ayer la denuncia hacia el Estado mexicano por la violación sexual de la indígena me’phaa, Inés Fernández, perpetrada por militares hace 8 años en la localidad de Guerrero.

El caso fue revisado por el máximo tribunal del continente para definir si las autoridades de México vulneraron las garantías fundamentales de la víctima, abusada sexualmente en marzo de 2002 en su casa y frente a sus 4 hijos menores.

Esta constituye la primera ocasión en que la CIDH enjuicia al Estado mexicano por una violación sexual cometida por militares. De la misma manera, el tribunal revisará los próximos 27 y 28 de mayo, el caso de otra indígena guerrerense, Valentina Rosendo, quien fue ultrajada sexualmente por soldados en febrero de 2002.

Durante la audiencia pública los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan sostendrán ante la CIDH que tanto la mujer como su familia “sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos.

En ese sentido, las organizaciones sociales que asumieron su defensa advirtieron que las agresiones contra Inés no representan un caso aislado, pues hay otros, como el de Valentina Rosendo o el de las hermanas González Pérez.

Organizaciones exigen investigación seria

Por su lado, la organización Amnistía Internacional (AI) aseguró que las autoridades mexicanas han dado un trato discriminatorio a la agraviada y criticaron el proceso de indagación, el cual fue hecho por los propios militares aun cuando la CIDH ha señalado que en la transgresión de derechos de civiles no puede operar la justicia militar.

El organismo calificó como este hecho como un obstáculo al acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y garantiza la impunidad.

Además, las organizaciones representantes de la víctima solicitaron a la CIDH que ordene a las autoridades mexicanas realizar una investigación “seria y efectiva” de los hechos, se sancione a los culpables y se tomen medidas para evitar la repetición de sucesos similares.

Respaldaron la denuncia la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

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