Servindi, 29 de abril, 2009.- En pleno día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció que de cada 100 mil empleados, 18 fallecen cada año debido a la falta de garantías laborales que ofrecen las empresas para aminorar costos. (Imagen: prensadefrente)
Esta cifra nos recuerda las decadentes circunstancias en la que los pobladores indígenas -quienes de seguro no forman parte de la alarmante estadística- son obligados a trabajar.
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) del Perú indicó que la mayor cantidad de accidentes o muertes laborales en el país se producen en los sectores de construcción, industria y minería: precisamente los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores indígenas.
Seguridad y salud en el trabajo: Derecho y obligación
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) vela por los intereses de los trabajadores y realiza recomendaciones específicas sobre la las condiciones de empleo y seguridad que los Gobiernos, suscritos al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, deben garantizar.
El Convenio exige a los gobiernos adoptar medidas especiales para garantizar a una protección eficaz en la contratación y las condiciones de empleo de los indígenas en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados.
Además, demanda que los gobiernos adopten medidas para evitar que los indígenas sean sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular a la exposición a plaguicidas y otras sustancias tóxicas.
"El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana", manifestó el director general de la OIT, Juan Somavia.
Es en ese sentido que la OIT, al margen de la legislación nacional de cada país, advierte los lineamientos de seguridad que debe acondicionar el empleador, entre ellos la protección social para la familia, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social para los trabajadores indígenas.
El convenio señala que los gobiernos deben evitar toda marginación a los pueblos indígenas especialmente cuando se trate de asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, y vivienda.
Sin embargo, para los trabajadores indígenas, sobretodo, predominan la negación de los derechos, la desigualdad por género, la explotación, la falta de protagonismo y de representación, y el déficit de protección y solidaridad en casos de enfermedad, incapacidad o edad avanzada.
El "trabajo decente" está considerado como un derecho en las estrategias mundiales, nacionales y locales, las cuales "deben ser encaminadas al progreso económico y social para reducir la pobreza, así como un medio de lograr un desarrollo equitativo, incluyente y sostenible".
En todo el mundo y en el caso específico de América Latina se experimentan carencias, desigualdades y exclusión, fenómenos que tienen su manifestación en el desempleo y el subempleo, puestos de trabajo de baja calidad, trabajo realizado en condiciones de inseguridad y con ingresos inseguros.
Incumplimiento cómplice
Las normas de seguridad y salubridad impuestas internacionalmente no se aplican en el común de la sociedad. Mucho menos en el ejercicio de actividades clandestinas, lo cual ocasiona severos daños en la salud del trabajador hasta su muerte.
Al respecto, se estima que hay 60 mil familias involucradas directa o indirecta¬mente con la minería informal, unos 50 mil trabajadores mineros ejerciendo directamente la activi¬dad y 300 mil personas directa o indirectamente dependien¬tes de esta actividad.
Esta actividad convive con la trata de personas, la semi-esclavitud y la explotación infantil. Y concentra, además, a la mayor cantidad de trabajadores indígenas en centros poblados hacinados, sin servicios básicos ni viviendas adecuadas.
Preocupa también las acusaciones recientes sobre el Ejército Peruano, al que se responsabiliza de forzar a campesinos a realizar tareas domésticas en zonas de alto riesgo por el narcoterrorismo, como lo es el Valle del Río Apurimac y Ene (VRAE).
Como era de esperarse, tras la denuncia, las autoridades negaron haber cometido este tipo de actos ilegales con los pobladores indígenas.
En el marco de la explotación a la que son sometidos los pobladores indígenas en sus propias comunidades, es importante controlar las condiciones laborales de aquellos que deciden migrar a la capital para optar por "mejores oportunidades".
Este es el caso de una gran cantidad de mujeres andinas que son contratadas como empleadas domésticas. Sin contar con un seguro de salud, ni beneficios sociales, y mucho menos con un ingreso que les permita cubrir esos gastos en caso de una emergencia.
Un círculo vicioso
Lamentablemente, a veces la explotación deviene del círculo vicioso formado junto al trabajo forzoso, sin el cual los pobladores más vulnerables del planeta no conciben un sostén para sobrevivir en las desgarradoras condiciones de pobreza que resisten.
Según el miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea, Bartolomé Clavero, la condición laboral de las comunidades indígenas del Chaco menó' en Paraguay se alimentan "de un contexto que la hace prácticamente inerradicable, un contexto que ya de por sí genera trabajo forzoso".
"Por una parte está la legislación y la política paraguayas que no respaldan ni promueven derechos sindicales entre las personas de las comunidades indígenas, las que se ven obligadas a trabajar fuera de las mismas. Por otra parte, están las condiciones que mueven a este forzado recurso de las comunidades y familias indígenas al trabajo extracomunitario (...) Con ello tocamos fondo", afirma Clavero.
Riesgos y consecuencias para todos
Los peligros que generan las actividades extractivas ilegales que se practican vulnerando el territorio y los derechos de los pueblos indígenas no sólo afectan a los empleados explotados sino también a las personas que habitan dentro del área.
Entre las poblaciones más afectadas en estos casos están las etnias en condición de aislamiento voluntario debido a que el sólo contacto con los trabajadores de las empresas mineras o madereras generan enfermedades y hasta epidemias irreversibles en sus comunidades.
Además, se da el caso del desplazamiento forzado de poblaciones o comunidades que abandonan su territorio alterando su estilo de vida y la biodiversidad de las áreas en donde viven.
Como se recuerda, a mediados del 2008 se identificó que la etnia Pano se desplazó de territorio peruano hacia la selva brasilera para protegerse de los depredadores de madera.
La agricultura -sector que emplea a la mitad de la mano de obra mundial-, la minería, la pesca comercial y la construcción son las actividades de más alto riesgo.
¿Quién los protege?
La OIT determinó que anualmente 270 millones de trabajadores resultan lesionados y unos 160 millones sufren de enfermedades asociadas al trabajo.
2,5 millones personas mueren a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.
También según la OIT, el 4% del Producto Bruto Interno mundial se pierde debido al costo generado por accidentes, decesos y enfermedades, ausencias al trabajo, tratamiento de las enfermedades y las prestaciones de invalidez y sobrevivientes -para los que tienen la suerte de acceder a ellas.
Ni la sensibilidad social, ni el riesgo de una migración forzada, ni la "responsabilidad social corporativa", y más escandaloso aún: ni el riesgo de pérdidas monetarias, han detenido el atropello constante, el trabajo forzoso y la explotación de personas indígenas y no indígenas dispuestas a trabajar en un marco justo.
Compete muchas veces a los gobiernos -esos que frecuentemente son fieles cómplices de la perpetuidad de estas prácticas-, ponerse firme a favor de la fuerza laboral.
Urge que la sociedad civil, las empresas éticas y responsables y los medios de comunicación, hagan un frente por aquellos esforzados trabajadores, que aunque a menudo no son contados en las cifras oficiales, protegieron nuestras naciones durante siglos y continúan dando su fuerza para que nuestros países sigan creciendo, y no sólo en índices macroeconómicos.
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