Servicios en comunicación Intercultural

ONU: Denuncian persecución penal a radialistas y comunicadores mapuche

- La persecución penal a la Radio Comunitaria Kimche Mapu fue motivo de la denuncia para abogar por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas.

Servindi, 23 de mayo, 2013.- Jeannette Paillán, representante de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI), denunció ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, los incumplimientos del Estado de Chile sobre el derecho al acceso a los medios de comunicación y los procesos de consulta.

La documentalista mapuche denunció la persecución penal a radialistas y comunicadores mapuche como el caso de la Radio Kimche Mapu, cuya directora Mireya Manquepillan, sufrió persecución penal por una norma legal que castiga de modo desproporcionado la radiotransmisión sin permiso.

La entrevista con el relator se efectuó en el marco de la sesión 12º del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de Naciones Unidas y poco después del encuentro del funcionario con la delegación del Gobierno de Chile.

Obstáculos al derecho a la comunicación

Kimche Mapu es una emisora comunitaria a cargo de la Asociación Indígena Kimche Mapu, que empezó a transmitir en marzo de 2011 ante la ausencia de medios de comunicación que traten la identidad cultural mapuche en el valle Puquiñe Lumaco de la comuna Lanco, en la Región de Los Ríos.

En ese contexto, Gilberto Omar Santana, Concejal de la Municipalidad de Lanco y propietario del Consorcio Radial Entreríos, denunció a Radio Kimche Mapu e inició una campaña contra la emisora que derivó en un proceso de persecución penal.

El caso de la Radio Kimche Mapu evidencia que a pesar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural y un derecho territorial, los estados se reservan su administración y limitan los permisos de uso de manera abusiva y arbitraria.

Las transmisiones de Radio Kimche Mapu no han podido ser legalizadas debido a que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), suspendió en 2011 los concursos para todas las radios comunitarias hasta 2014 además de estar ubicada en una localidad apartada.

El caso fue motivo de una denuncia formal presentada ante el relator por la comunicadora con el respaldo de un conjunto de organizaciones sociales, entre ellas, la CLACPI.

En ella se plantea que el Estado de Chile no está respetando los diversos instrumentos y convenios a los que se ha suscrito a nivel internacional,

Dicho tratado señala en su artículo 13 que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información”.

En el diálogo con el Relator se describió la situación como una violación al Derecho a la Libertad de Expresión, y se destacó la necesidad de hacer seguimiento del caso, y respaldar las iniciativas en marcha para reformar la ley general de telecomunicaciones en Chile.

A partir del caso también se llamó la atención sobre la persecusión penal a comunicadores indígenas en América Latina y las restricciones para el ejercicio del derecho a la comunicación.

También se analizó el caso de la Ley de Televisión Digital en Chile, y sus implicaciones con el proceso de reglamentación de la consulta previa en Chile.

Contrastando la versión del Gobierno sobre la Consulta

Otro tenor del diálogo con James Anaya fueron las irregularidades en el proceso de construir la Propuesta de Reglamento para asegurar la Consulta Previa a los pueblos indígenas de Chile.

Se informó al relator que la propuesta se ha construido en base a un documento del Gobierno rechazado ampliamente por los representantes indígenas, y cuestionado por el propio Relator en un informe en el que recomendó reformularla para iniciar un proceso de diálogo.

Tanto el Gobierno como la denominada “mesa de consenso” hicieron caso omiso de las recomendaciones del Relator y de toda referencia a los estándares internacionales sobre la consulta previa.

A pesar que en el llamado “Gran Encuentro Indígena” del 30 de noviembre de 2012 se pidió reelaborar la Propuesta de Reglamento el Gobierno de Chile decidió conformar de forma unilateral una supuesta “Mesa de Consenso” con representantes leales a él y quienes se atribuyeron la soberanía de los pueblos indígenas.

El nuevo texto de reglamento acordado en tal mesa limita con severidad el marco normativo de las consultas a los artículo 6 y 7 del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, excluye a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia internacional y otros tratados de derechos humanos.

Tambié, discrimina el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT en el que se reconoce el derecho de los pueblos originarios de ser consultados sobre los proyectos de inversión y concesiones de recursos naturales, que son los que han dado pie a las mayores violaciones de derechos humanos.

Como si fuera poco la propuesta de la mesa oficialista recorta arteramente la aplicación de tratados, al incluir una frase que indica que se considerarán únicamente los tratados ratificados por Chile “que versan sobre esta materia”, es decir, el Convenio 169.

De esa manera se pretende dejar de lado los tratados generales sobre derechos humanos en los que se aborda la situación de los pueblos indígenas en sus diversos aspectos.

Adicionalmente, el artículo 1 del reglamento oficialista señala que éste se subordina a la Constitución Política y a la interpretación del Tribunal Constitucional, que como es conocido rebaja la jerarquía del Convenio 169 al nivel de una Ley.

Con la fórmula oficialista se pretende restringir el marco normativo de las consultas y evitar que esta alcance a medidas como la Ley de Pesca o la Ley de Televisión Digital.

Paillán también compartió sus apreciaciones sobre la situación de represión y violencia que padece el pueblo Mapuche a manos de la fuerza policial del Estado a consecuencia de su lucha por la recuperación de tierras cedidas a los empresarios y la industria forestal.

Finalmente, la Coordinadora General de CLACPI, recomendó al Foro Permanente y al Mecanismo de Expertos Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dedicar un estudio especial sobre el derecho a la comunicación indígena en América Latina.

----

Fuente: Con información de Mapuexpress: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10359

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario