Imagen: Comité de Unidad Campesina (CUC)
- Gobierno desencadena represión "brutal y sistemática" ante protestas contra proyecto minero de subsidiaria canadiense Tahoe Resources.
Servindi, 7 de mayo, 2013.- El estado de sitio declarado el miércoles pasado para controlar las protestas de indígenas Xinka contra una minera canadiense, en el sur oriente de Guatemala, ha generado amplio rechazo en organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos. Los nativos denunciaron persecución de sus líderes y amedrentamiento de la población.
Como se recuerda, el pasado jueves 2 de mayo, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, decretó el Estado de Sitio por 30 días en cuatro comunidades del pueblo indígena Xinka para controlar las protestas de comuneros contra la empresa minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources.
La medida fue adoptada para los municipios de Jalapa y Mataquescuintal, en el departamento de Jalapa y en Casillas y San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, luego de que manifestantes indígenas detuvieron y desarmaron a 24 policías, el pasado martes 30 de abril, horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la empresa.
El mismo día, un efectivo del grupo enviado a auxiliar a los policías detenidos murió por un disparo de los comuneros, según el Ministro del Interior, Mauricio López Bonilla. En el ataque, otros cinco policías resultaron heridos por esquirlas.
Tres días antes de los incidentes, el 27 de abril, seis pobladores de San Rafael Las Flores fueron heridos de bala por personal de la empresa minera.
Iniciado el estado de sitio, la mañana del jueves, las zonas comprendidas fueron ocupadas por más de 2 mil soldados y policías en tanquetas y vehículos de asalto y se detuvo a 16 líderes comunitarios cuya orden de captura había sido emitida el día anterior.
Ayer, en declaraciones a la prensa, Mauricio López indicó que siguen vigentes las órdenes de captura contra los líderes del Parlamento Xinca quienes habrían huido de la zona.
El conflicto por la empresa lleva más de un año y ha cobrado la vida de cuatro personas.
Denuncian “represión brutal y sistemática”
La Marcha Indígena, Campesina y Popular, instancia que agrupa a varias organizaciones indígenas, calificó el estado de sitio como un acto de "criminalización de la protesta".
Igualmente, en un comunicado difundido el pasado martes, denunciaron “una represión brutal y sistemática” por parte del Gobierno contra las “manifestaciones pacíficas” que realizaron.
La organización afirmó que se han realizado ocho consultas “de buena fe” sobre el proyecto minero, las cuales resultaron en un mayoritario rechazo a la iniciativa empresarial.
Del mismo modo señalaron que en la mesa de diálogo con el Gobierno, instalada desde el año pasado, el Estado se comprometió a respetar sus territorios, autonomía y a sus instituciones y autoridades de Santa María Xalapán.
Denunciaron también que las “acciones violentas” del Gobierno buscan la confrontación para justificar estados de excepción. Según la organización el objetivo sería “beneficiar los intereses mineros sobre el bien común y la vida de las poblaciones de San Rafael las Flores y el territorio del pueblo Xinka”, indicaron.
Indígenas rechazan acusaciones
Mediante un pronunciamiento, elaborado el pasado sábado, indígenas del pueblo Xinka de Santa María de Xapalán rechazaron las acusaciones hechas por el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, contra los manifestantes indígenas, a quienes calificó de “vándalos, terroristas, narcotraficantes y extorsionistas”, señaló el documento.
Asimismo, denunciaron persecución de sus líderes mediante 44 órdenes de captura y que las fuerzas armadas estarían intimidando a la población mediante “retenes, cateos a las viviendas”, indicaron.
Los suscritos exigieron la suspensión del estado de sitio -Decreto Gubernativo 06-2013-, para asegurar “las garantías constitucionales de los habitantes de Jalapa y Santa Rosa”.
Demandaron también “el cese inmediato de la represión, criminalización y persecución” a sus “autoridades territoriales, lideresas y líderes comunitarios”.
Asamblea en Santa María Xalapan rechaza acusaciones contra su líder (Imagen: CUC)
Procurador de DDHH rechazó estado de sitio
Por su parte, Jorge León, procurador de derechos humanos de Guatemala se mostró en desacuerdo con el estado de sitio pues considera que la medida genera el rechazo de la población y la ingobernabilidad.
León aconsejó el diálogo para solucionar el conflicto y no medidas represivas. La conflictividad social debe resolverse "por medio del diálogo" , indicó el Procurador.
La misma postura tiene el Observatorio Indígena de Guatemala, que, en una conferencia de prensa, rechazó el estado de sitio y consideró que existe un interés del Gobierno por proteger los intereses empresariales por encima de los derechos de los comunitarios.
El observatorio aseguró que se está desconociendo la voluntad de las mayorías, pues ya se han realizado ocho consultas comunitarias en la zona que resultaron en un rechazo a la empresa minera.
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