Servindi, 18 de febrero, 2013.- El jueves 14 de febrero se realizó en Lima una reunión abierta de consulta en el marco del proceso de revisión de las salvaguardas del Banco Mundial. Organizaciones indígenas y asociaciones civiles efectuaron diversos aportes, críticas y sugerencias.
Un colectivo de organizaciones de Perú, Bolivia, Colombia, México y Uruguay presentó una carta donde propuso expandir la cobertura de las políticas de salvaguarda "no solo a las operaciones de préstamo" sino a "toda la gama de diversos instrumentos financieros" a los que no se aplica las salvaguardas.
Destacó la necesidad de actualizar políticas de apoyo a la implementación de salvaguardas como son la supervisión, el apoyo a la ejecución, monitoreo y evaluación, análisis costo/beneficio así como medidas para mejorar los incentivos de su aplicación.
También se hizo hincapié en la aplicación de las políticas de salvaguardas a todos los instrumentos financieros del Banco, pues "no nos parece eficiente discutir reformas de políticas que sólo se apliquen a una pequeña parte de la inversión general del Banco Mundial" indican los suscritos.
Con relación a la arquitectura del nuevo marco integrado de las políticas de salvaguarda el colectivo propuso discutir las oportunidades y limitaciones de las diferentes alternativas que el Banco está considerando como modelo para el nuevo marco general de las salvaguardas.
Al respecto consideró una mejor opción el actual modelo que aplica el BM y otros bancos multilaterales en el que existen responsabilidades claras tanto del gobierno y el banco.
No se considera una buena opción la aplicada por la Corporación Financiera Internacional (CFI) -organización del BM- en la que se delegan mayores responsabilidades de cumplimiento directamente al cliente.
Derechos de los pueblos indígenas
El colectivo suscriptor de la carta de la sociedad civil propuso mantener "una política de salvaguardas independiente para Pueblos Indígenas, reconociendo que son titulares de derechos y no sólo partes interesadas."
Asimismo, incluir los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y garantizar el ejercicio de sus derechos a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado, entre otros.
Precisó se prohíba expresamente el reasentamiento involuntario y se deje de financiar actividades que puedan afectar a los pueblos que viven en aislamiento voluntario. También se adopte un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, cosmovisión y paradigmas del “Buen Vivir”.
Evaluación ambiental
Se advirtió el riesgo que representa adoptar el modelo de la CFI y transferir al cliente mayor responsabilidad en el monitoreo. El colectivo reafirmó el pedido para que el Banco Mundial mantenga un "rol fuerte" en el monitoreo "aunque con un necesario reajuste para asegurar el real cumplimiento de las salvaguardas".
Por ejemplo, indicó que los monitoreos no funcionan porque no incluyen especialistas en riesgos sociales y ambientales y la mayoría de proyectos no incluye indicadores de este tipo.
Sugirió mejorar la clasificación y análisis de riesgos para los instrumentos de préstamo del Banco y la política de gestión socioambiental con el diseño de instrumentos preventivos en etapas de planificación pública y del propio Banco como la Evaluación Ambiental Estratégica o la Evaluación Ambiental de País.
Tambiém propuso establecer sanciones "y un robusto sistema de remediación" ante el incumplimiento de las salvaguardas, e incluir algunos incentivos para el cumplimiento de los mismos.
Finalmente, limitar los préstamos del BM "sujetándolo a la necesidad de cumplimiento de las salvaguardas" y asimismo generar un fondo de contingencia para cualquier eventualidad de incumplimiento o soporte en la aplicación de las salvaguardas.
A continuación la carta entregada al Banco Mundial:
Carta de la sociedad civil al Banco Mundial
Lima, 14 de febrero del 2013
Estimados Señores
Directores y Directoras
Grupo Banco Mundial
Presente.-
De nuestra especial consideración,
Reciban un cordial saludo de las organizaciones civiles abajo suscritas, quienes expresamos nuestra preocupación por la agenda prevista para la consulta regional de la revisión de salvaguardas del Banco Mundial este 14 de febrero en la ciudad de Lima, ya que consideramos que el formato de estas sesiones no es suficiente para recabar los puntos de vista y las principales preocupaciones de los actores interesados. Por ello, queremos presentar algunos puntos que consideramos deben tomarse en cuenta en este proceso:
1. Con relación a la arquitectura del nuevo marco integrado de políticas de salvaguardas
Se debe discutir las oportunidades y limitaciones de las diferentes alternativas que el Banco está considerando como modelo para el nuevo marco general de las salvaguardas. Esto se refiere a discutir el modelo de la CFI y sus estándares de desempeño, con mayor delegación de responsabilidades de cumplimiento directamente al cliente. Creemos que el actual modelo del Banco y de otros Bancos Multilaterales, con una estructura en sus políticas de salvaguardas con responsabilidades claras de la institución financiera respecto al cumplimiento de sus políticas (cuál es la responsabilidad del gobierno y cuál es la responsabilidad del Banco) es la mejor opción, no se debe delegar la responsabilidad por el incumplimiento de las salvaguardas a los clientes, como sucede en la Corporación Financiera Internacional CFI.
2. Con relación al alcance de la revisión y actualización de las políticas de salvaguardas
Se debe discutir las oportunidades y limitaciones del alcance de la revisión de las políticas de salvaguarda, es decir, la expansión de su cobertura no sólo a las operaciones de préstamo, sino también a toda la gama de diversos instrumentos financieros que el Banco tiene (p.e. DPLs, P4R, entre otros) y a los que actualmente no se aplica las salvaguardas. Se debe discutir también el rol y actualización de otras políticas de apoyo a la implementación de salvaguardas como son la de supervisión, apoyo a la ejecución, monitoreo y evaluación, análisis costo/beneficio así como medidas adoptadas o previstas para mejorar los incentivos de su aplicación, etc.
De no aplicarse las políticas de salvaguardas a toda la gama de diversos instrumentos financieros del Banco, estaríamos discutiendo el cambio de políticas de salvaguardas que se aplicarían a menos del 50% de los préstamos del Banco y con la implementación de P4R esto puede reducirse a 33% o menos a futuro. En este sentido, no nos parece eficiente discutir reformas de políticas que sólo se apliquen a una pequeña parte de la inversión general del Banco Mundial.
3. Cuestiones temáticas
Una vez determinada la necesidad que las salvaguardas se apliquen a todos los instrumentos financieros del Banco y que la responsabilidad sobre la implementación, cumplimiento y monitoreo de las salvaguardas no puede trasladarse a los clientes, queremos poner sobre la palestra algunos temas que nos parece importante profundizar.
3.1.Respeto de derechos de los pueblos indígenas y consulta previa. Es necesario mantener una política de salvaguardas independiente para Pueblos Indígenas, reconociendo que son titulares de derechos y no sólo partes interesadas. Asimismo, es necesario que se incluya los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 y garantizar el ejercicio de sus derechos a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado; se reconozca legalmente los derechos colectivos de dominio; existan medidas de reparación eficientes; se prohíba expresamente el reasentamiento involuntario; se respete a los pueblos que viven en aislamiento voluntario dejando de financiar actividades que puedan afectarlos; se incluya derechos propios del debido proceso legal a los procesos de consulta; se requiera el consentimiento de los pueblos a los proponentes de proyectos y; se adopte un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, cosmovisión y paradigmas del “Buen Vivir”.
3.2. Mejora en la evaluación ambiental. Es necesaria una clasificación y análisis de riesgos para los instrumentos de préstamos del Banco, con criterios claros para la definición del área de influencia y planificación en todas sus operaciones. Se debe enriquecer esta política con experiencias nacionales de mejora a la gestión socio ambiental. En el caso del Perú, un buen ejemplo para fortalecer la institucionalidad ambiental es la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) o el diseño de instrumentos de gestión ambiental preventivos en etapas de planificación pública y del propio Banco como la Evaluación Ambiental Estratégica o la Evaluación Ambiental de País.
3.3.Fortalecer el monitoreo. Si se adopta el modelo de la CFI, la mayor responsabilidad respecto del monitoreo sería transferida al cliente, lo que se convierte en un riesgo si es que no existen mayores garantías sobre la veracidad y puntualidad de la información brindada. Un ejemplo típico de por qué el monitoreo no funciona lo tenemos en las misiones de monitoreo que no incluyen especialistas en riesgos sociales y ambientales. Asimismo, en el marco de resultados para la mayoría de los proyectos no se incluye indicadores para los riesgos socio ambientales.
En este sentido, queremos que se mantenga el rol fuerte que el Banco Mundial asume actualmente en el monitoreo, aunque con un necesario reajuste para asegurar el real cumplimiento de las salvaguardas.
3.4.Establecer sanciones ante incumplimiento de salvaguardas. Los contratos firmados entre el Banco Mundial y los Estados deben incluir sanciones por el incumplimiento de las salvaguardas y un robusto sistema de remediación. Adicionalmente, deben incluir también algunos incentivos para el cumplimiento de los mismos.
3.5.Propuesta de nuevos instrumentos ambientales. Es necesario fortalecer el sistema de préstamos del Banco Mundial, limitando el préstamo y sujetándolo a la necesidad de cumplimiento de las salvaguardas. Por último, a partir del análisis de las experiencias previas, es evidente que resulta necesario generar un fondo de contingencia para cualquier eventualidad de incumplimiento o soporte en la aplicación de las salvaguardas.
Esperamos que estas cuestiones puedan ser tomadas en cuenta bajo un enfoque amplio de aplicación de las salvaguardas a todos los instrumentos financieros del Banco y una institucionalidad que permita una supervisión confiable y eficiente de la aplicación de las salvaguardas.
Agradecemos de antemano la atención a la presente carta.
Atentamente,
Asociación Amazónica por la Amazonía, AMPA.
Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia).
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Asociación Nacional de Centros, ANC.
Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible, ANDES.
Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH.
Central Ashaninka del Río Ene, CARE.
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAAP.
Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR (México)
Centro de Culturas Indígenas del Perú, CHIRAPAQ.
Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL.
Centro Latino Americano de Ecología Social, CLAES (Uruguay)
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico, CEDIA.
Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES.
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB (Bolivia).
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR.
Enviromental Investigation Agency, EIA.
Federacion de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes, FECONAU.
Forum Solidaridad Perú.
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ.
Grupo Propuesta Ciudadana, GPC.
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, IDLADS.
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA (Colombia).
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
Red Jurídica Amazónica, RAMA.
SAKBE Comunicación y Defensa AC (México).
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