Servindi, 3 de diciembre, 2012.- La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi) reclamó la acción de la Justicia, ante el desalojo sufrido por indígenas ava guaraní de la Comunidad Y’va Poty del distrito de Villa Ygatimi, del Departamento de Canindeyú, quienes fueron expulsados a través de una orden judicial “que viola normas constitucionales”.
La organización indígena, reunida en Asunción los días 22 y 23 de noviembre, se dirigió a la opinión pública a través de un comunicado para denunciar otro caso que consideraron extremo: la venta del terreno donde vive la comunidad ayorea de Cuyabia, en el distrito de Marisol Estigabirria, departamento de Boquerón.
Lo que Fapi considera escandaloso es que sea el Instituto Nacional del Indígena (INDI) a través de su presidente el Sr. Rubén Quesler, el que realizó “una acto ilegal” y vendió una propiedad adquirida por la institución para comunidades indígenas en los años noventa.
Según el comunicado de la organización indígena, esta acción del INDI “denota una total falta de organización y articulación entre los propios estamentos gubernamentales nacionales y regionales”.
Por eso es que la Fadi exigió la inmediata devolución de los territorios tanto a las comunidades de Cuyabia y de Y’va Poty.
AÑADE UN COMENTARIO