Por César Gamboa*
07 de setiembre, 2012.- Noticia que no ha pasado inadvertida es la propuesta que ha alcanzado el Ejecutivo al Congreso para trasladar la función sectorial de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental EIA a una nueva institucionalidad.
Dada las críticas a estos instrumentos de gestión, tanto por su baja calidad como por la poca confianza que brindan los procedimientos sectoriales que la aprueban, así como la propia autoridad, se piensa concentrar la función de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) a través de un futuro Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE (PL 1461/2012-PE).
Este avance también trae ciertas interrogantes y críticas. Los hitos más importantes del proyecto de ley son: la aprobación de los EIA por los sectores y no el SENACE cuando así lo decida el Consejo de Ministros, interfiriendo criterios políticos en criterios técnicos, generándose un tratamiento desigual y diferenciado a inversiones similares (art. 1, 1.2), no queda claro si el SENACE evaluaría inversiones energéticas –aunque es debatible- (art. 1, 1.3); la simplificación administrativa mediante una “Ventanilla única”, lo que reduciría tiempos, sin atentar contra la calidad del instrumento o limitar su evaluación (art. 13); la gradualidad o proceso de transferencia de competencias para aprobar EIAs sin señalar necesariamente plazos (1ra. disposición complementaria final).
Otro tema delicado es la incorporación de la potestad que tendrían los sectores que transfirieron sus competencias en supervisar la elaboración de los EIA que aprobaría el SENACE, algo que podría considerarse interferencia de competencias, sino se delimita claramente esta función de supervisión (art. 12, lit. d). Esta es una propuesta mínima, no minimalista. Esta propuesta presenta un cambio sustancial en la institucionalidad ambiental, no la desnaturaliza.
Por ejemplo, pueden complementarse 3 elementos importantes: la participación de los gobiernos regionales y locales, sector privado y hasta la sociedad civil en el Consejo Directivo del SENACE; aprovechar para impulsar el cumplimiento de los criterios ambientales y mejorar la calidad de los EIA (adecuación de los reglamentos ambientales sectorial al sistema nacional de evaluación) y la búsqueda de la sostenibilidad financiera para la nueva institucionalidad.
A diferencia del magro proceso de reglamentación de la ley de consulta, que más bien fue un retroceso que un avance en el tema indígena, la aprobación de una futura ley que mejore el sistema de evaluación ambiental se convierte en una oportunidad para iniciar un debate y lograr consensos para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en nuestro país.
Tanto el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los movimientos sociales tienen la obligación de aportar a este proceso con la finalidad de mejorar la propuesta mínima presentada por el Gobierno con el SENACE. Es la valla mínima, nos toca ahora mejorarla y superarla, sin perder su viabilidad.
---
* César Gamboa Balbín es Director de Políticas de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
—-
Fuente: Diario La Primera: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/eias-nace-el-senace_119479.html
AÑADE UN COMENTARIO