Servindi, 12 de julio, 2012.- El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, solicitó al Estado argentino suspender los procesos de desalojo de comunidades indígenas y la implementación de mecanismos efectivos para demarcar y reconocer legalmente sus territorios.
Así lo demanda en el informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina y que resultó en gran parte producto de la visita que realizó el Relator Especial del 27 de noviembre al 7 de diciembre de 2011.
Si bien admite que el Estado "ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país", Anaya destacó en su evaluación que "persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real".
Entre los pasos positivos destaca las reformas constitucionales de 1994 en materia de pueblos indígenas, la aprobación de la ley 26.160, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aprobación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.
El informe sostine que la Argentina "debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares".
En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, el Relator afirma que "se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas" con el objetivo de obtener "su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos humanos".
El informe trata sobre los principales temas de preocupación que surgieron durante la visita y expone una serie de observaciones y recomendaciones.
Entre los temas tratados están el respeto a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, las industrias extractivas y agropecuarias, el acceso a la justicia, los desalojos de comunidades indígenas y la protesta social. Asimismo, las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas en Argentina, incluyendo la educación, la salud, y el desarrollo social.
El informe nota, entre sus principales conclusiones, que a pesar de importantes avances normativos en el país, el Estado argentino, tanto a nivel federal como provincial, debe priorizar y dedicar mayores esfuerzos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
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