Servindi, 14 enero, 2009.- Marlos Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) afirmó que la movilización nacional del 20 de enero es para exigir verdaderos cambios en los proyectos de ley que afectarán a los campesinos más pobres del país.
No solo se trata de la ley de minería, sino también de la ley de aguas y otros temas que amenazan la soberanía alimentaria de los pueblos, afirmó en una rueda de prensa.
Santi condenó la campaña de desinformación que intenta presentar a la movilización indígena como producto de una actitud política intransingente.
"Lo real es que la población teme los impactos del proyecto de ley minero porque se orienta a favorecer a las empresas transnacionales y despojar a las comunidades de los recursos que se hallan en los territorios donde ellas viven" dijo.
La respuesta del gobierno ha sido hacer oídos sordos a las propuestas del movimiento indígena que piden regular de manera prioritaria la minería existente en el Ecuador, y que es de pequeña escala, artesanal y de áridos, señaló el lider amazónico.
"El movimiento indígena lucha de manera pacífica, con razón y justicia, pero sus luchas siempre han sido reprimidas y satanizadas" dijo Santi.
"Hemos llamado a abrir un dialogo a la nación y a la Asamblea Nacional Constituyente, pero el dià logo ha sido roto por el gobierno nacional y no por la CONAIE" indicó.
"El movimiento indígena está unido y realizará un proceso digno y soberano de resistencia por el respeto a los derechos. Y vamos a demostrar que no es solo de cuatro dirigentes o 'ponchos dorados' sino que representamos a las las comunidades indígenas y campesinas más marginadas por los gobiernos de turno" expresó Marlon.
"El 20 se ha convocado como movimiento indígena a una movilización nacional, pero muchas provincias y regiones como Costa y Amazonia van a adelantar para el día 18 de enero" anunció.
Carlos Pilamunga, Asambleísta de Pachakutik, afirmó que de aprobarse el proyecto de ley minera plantearán una acción de inconstitucionalidad porque violaría artículos como el 16, 18, 21, 31 referido a que se hace diferencias al contratar con empresas transnacionales.
Lo mismo sucede con el artículo 67 del proyecto que viola la disposición constitucional de fijar un 50 por ciento o más por concepto de regalías. "Pero aquí se está aceptando solo el 5 por ciento" señaló Pilamunga.
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