Servindi, 3 de junio, 2012.- La Sala Penal de la Corte Superior de Tarapoto es la instancia que revisa el caso de los ocho comuneros de Alto Pucarpillo denunciados por sembrar en territorios ancestrales que ahora figura como propiedad del Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera.
“Este territorio es nuestra casa, nos pertenece ancestralmente y ahora nos han restringido el paso al área de la Cordillera Escalera. Injustamente, tenemos ocho hermanos procesados penalmente por ingresar a estas tierras”, este es el testimonio de Walter Sangama, miembro de Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín (Fepikresam).
El caso se encuentra en dicha instancia debido a que la procuraduría del ministerio del Ambiente apeló la resolución que archiva la causa.
El problema de fondo, afirman los pueblos indígenas, es que el área fue creada sin consulta indígena.
La amenaza petrolera
Como si las acciones del ministerio de Energía y Minas estuvieran por encima de la Constitución, las leyes y las normas de protección, encima del territorio del pueblo kechwa de Lamas y del ACR Cordillera Escalera se ha otorgado el lote 103 de hidrocarburos a la empresa Talismán Petrolera del Perú LLC.
Esto es una consecuencia más de la incoherencia del Estado que crea áreas protegidas por un lado y por el otro, las concesiona a empresas extractivas que representan un impacto negativo en la región, señaló el dirigente.
En 2009, luego de que presentara una denuncia de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional emitió un fallo suspendiendo a las actividades en el lote 103, hasta el establecimiento del Plan Maestro del ACR Cordillera Escalera.
Las comunidades afirman haber participado en el proceso para elaborar el Plan Maestro, en particular, para intercambiar información acerca de los recursos naturales existentes.
Sin embargo, no se consideró un adecuado proceso de consulta previa acerca de lo que implicaba contar con un área de conservación y cuál sería el impacto sobre sus modos de vida.
Tampoco se consultó la delimitación del ACR y se obvió el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades nativas que hacen uso tradicional del territorio al interior de la Cordillera Escalera.
Los derechos colectivos contemplan como uno de los derechos de carácter primordial el libre acceso a sus territorios para los pueblos indígenas que inclusive es el soporte del resto de derechos.
La presencia de migrantes
Muchas hectáreas de la Cordillera Escalera son utilizadas para el cultivo de café por migrantes andinos.
Para los indígenas, estos migrantes poseen una lógica distinta en el uso de los recursos y del territorio del que poseen los pueblos indígenas.
El objetivo principal de estas personas es mejorar su calidad de vida por medio del negocio del café, actividad que realizan con frecuencia de manera clandestina.
"Solo los pobladores de las comunidades cercanas saben de su presencia", afirman los dirigentes comunales.
No es extraño por ello que se hayan generado pequeños conflictos entre indígenas y migrantes los cuales tienen principalmente que ver con la ocupación, el control, aprovechamiento y significación de los recursos.
Un apu kechwa de Lamas dijo: “cuando llegaron dijeron ese terreno no tiene dueño, empezaron a tumbar y ahí hubo problemas con nosotros, y dijimos están invadiendo, incluso nosotros nos hemos enfrentado con palabras... hacen chacra de cafetales, luego venden y se van a otro sitio…”.
El grupo Romero y los agrocombustibles
En el 2007 el ministerio de Agricultura otorgó 3 mil 171 hectáreas a Caynarachi S. A. de propiedad del grupo Romero, en el distrito de Barranquita, Lamas, para la producción de agrocombustibles.
Con ese fin se deforestaron más de dos mil hectáreas de bosque en el fundo Palmas de Oriente, que ha amenazado la seguridad alimentaria de las comunidades cercanas.
Datos
La Cordillera Escalera es la primera área de conservación de carácter regional establecida en el Perú. Tiene una superficie de 149.870 hectáreas y en su interior nacen cinco cuencas hidrográficas de los ríos Huallaga y Marañón, todas ellas amenazadas por las actividades de hidrocarburos, las cuales afectarían las fuentes hídricas de las principales ciudades de San Martín, como Tarapoto y Lamas, así como a los territorios de los pueblos indígenas de la región.
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