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Panamá: Polémica por estudio ambiental de Barro Blanco que propone desplazamiento de indígenas

Bosques al borde del río Tabasará que podrían ser afectado por hidroeléctrica / Foto: Óscar Sogandares

Servindi, 17 de marzo, 2012.- Las conversaciones entre indígenas y el gobierno panameño se reiniciaron en busca de una salida al conflicto que genera el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la hidroeléctrica Barro Blanco, criticado por incluir el desplazamiento de comunidades indígenas.

Mediante un escueto comunicado el obispo de la ciudad de David, monseñor José Luis Lacunza informó que la mesa técnica conformada para este proyecto que se desarrollará sobre el río Tabasará y que será ejecutada por la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), ha avanzado sobre el análisis del impacto social y ambiental contenido en el EIA.

Trascendió que el malestar continúa entre la delegación indígena debido a que el Gobierno se ha negado a cumplir un acuerdo anterior sobre la realización de un peritaje a Barro Blanco.

Esto habría generado dudas sobre la credibilidad de su EIA.

Según expertos como José González, de Oilwatch Panamá, Raisa Banfiel, directora de Panamá Sostenible y el experto Arturo Domici Arosemena existe una falta de rigurosidad en la aprobación del EIA del proyecto y piden por tanto un nuevo estudio.

En este sentido cuestionaron el trabajo realizado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), encargada de aprobar el estudio.

Información contradictoria sobre el EIA de Barro Blanco

La contradicción se descubre cuando se comparan los documentos presentados por Genisa S.A. ante el Comité Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU para aplicar los créditos de carbono y los documentos presentados a instituciones del gobierno.

Según los funcionarios de Genisa el proyecto inundará 234 hectáreas de las cuales 6.5 son terrenos de las áreas anexas de la comarca Ngäbe Buglé. Sin embargo, en la información acogida por la ONU se menciona que la cantidad exacta a inundar es de 258 hectáreas.

Asimismo otra contradicción se ve en la inundación sobre el nivel del mar que generará el proyecto. Según la empresa éste será de 103 metros cuando en realidad la documentación presentada al organismo internacional revela que serán 108 metros los inundados.

Según Óscar Sogandares, de la Asociación Ambientalistas de Chiriqui, el área de afectación de las áreas comarcales alcanza las 7,4 hectáreas.

Si aumentan el nivel del agua y las áreas inundadas, es obvio que las afectaciones a áreas indígenas van aumentar, sostuvo.

Poblaciones indígenas desplazadas

Según información de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), hay por lo menos cinco procesos de “adquisición forzosa” en contra de indígenas pese a que directivos de Genisa afirmaron que el proyecto no afectará comunidades indígenas por lo que no habría, según ellos, necesidad de reasentamientos.

Estas afirmaciones se dieron pese a que en un estudio socio ambiental elaborado a solicitud de algunos bancos europeos (posibles financistas) admiten que cuatro comunidades indígenas se encuentran en la zona de impacto del proyecto: Cogle, Palomar, Quiabda, Quebrada Caña y la comunidad denominada Nancito, que juntos son suman cerca de 500 pobladores.

Expertos citados al inicio de la nota alertaron que las disparidades podrían constituirse en delito ante la posibilidad de que se estén falseando datos.

Por ahora las conversaciones en la mesa técnica continúan en la sede de Naciones Unidad en la capitalina Ciudad del Saber.

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