Internacional: Comisión de UNASUR califica de Masacre hechos de Pando en Bolivia

Reproducimos un artículo del Dr. Bartolomé Clavero que analiza los resultados de la exhaustiva investigación realizada por una Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y que demuestra de manera inobjetable que los hechos de Pando que estremecieron Bolivia el 11 y 12 de septiembre fueron una masacre de lesa humanidad.

Comisión de UNASUR y Calificación de la Masacre de Bolivia

Por Bartolomé Clavero*

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), institución nacida a mediados de 2008, ha tenido entre sus primeras iniciativas la de nombrar una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, los ocurridos el 11 y 12 de septiembre en dicho Departamento de Bolivia. Tras un extenso trabajo de averiguación de tales hechos guiado por los pertinentes manuales internacionales, como el de las "Guidelines for the Conduct of United Nations Inquiries into Allegations of Massacres" que puede verse en el sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja (http://www.icrc.org), el informe está concluido y se hace público a principios de diciembre.

Los manuales a los que se recurre hacen patente el carácter de los hechos que se investigan. Se trata de una masacre, como el informe confirma. En el mismo se establecen los hechos, se considera el derecho, se registran responsabilidades, se extraen conclusiones y se ofrecen recomendaciones. En cuanto al establecimiento de los hechos y el discernimiento de responsabilidades el informe de UNASUR sustancialmente coincide con los resultados de la indagación paralela del Defensor del Pueblo. No podría ser de otro modo cuando en ambos casos se trata de un trabajo solvente.

Como he hecho en el comentario anterior, el referente al informe del Defensor del Pueblo, voy a centrarme en la calificación jurídica de los hechos. Su consideración como una masacre no es suficiente porque este concepto no constituye un delito tipificado por el derecho ni boliviano ni internacional. El derecho penal de los derechos humanos, cuya suma se encuentra hoy en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, registra el delito de genocidio y una serie de crímenes de lesa humanidad entre los que la masacre no figura. La palabra ahí ni se utiliza. Masacre es un término en uso hoy por parte de las mismas Naciones Unidas, pero no una conducta tipificada por el derecho penal internacional. Conviene por tanto afinar. Así lo entiende, ante los hechos de Pando, el informe de la Comisión de UNASUR.

He aquí su conclusión respecto a la calificación jurídica de los hechos probados:

"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante del derecho a la vida y a la integridad de la persona"; por cuanto que "las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado (...) en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos", estamos "desde el punto de vista del derecho penal internacional" ante "un crimen de lesa humanidad" (p. 58).

A esto se añade que la masacre ha respondido a

"una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales". En fin, "se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", entendiéndose la boliviana (p. 59).

La conclusión lleva a la recomendación:

"La Comisión recomienda que las violaciones de los derechos humanos constitutivas de delitos del derecho interno y del derecho internacional que han sido constatadas y que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad, por su naturaleza imprescriptibles, sean juzgados como crímenes comunes por la justicia ordinaria" (p. 60).

¿No está cometiéndose con todo esto una incongruencia? Al registrarse la motivación racista tras la calificación de unas conductas como crimen de lesa humanidad se están tocando los elementos del delito de genocidio. Además, en todo caso, la misma calificación de crimen de lesa majestad debiera suscitar la cuestión de la competencia de la Corte Penal Internacional, por sí y porque la mayoría de los Estados de UNASUR son signatarios de su Estatuto y aceptan por lo tanto su jurisdicción. Sobre la posibilidad se guarda silencio. Es otro elemento en común, éste no positivo, con el informe del Defensor del Pueblo.

Este informe de UNASUR no considera definitiva la cifra de víctimas por no haber podido tampoco alcanzar seguridad ninguna sobre la existencia de desaparecidos. Es un extremo que así se tiene prudentemente todavía por incierto. También, a mi entender, debiera dejarse abierto el asunto clave de la calificación de la masacre. Los hechos de Pando del 11 y 12 de septiembre, ya internacionalizados por la intervención de UNASUR, tal vez debieran internacionalizarse en mayor y más consecuente medida.

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* Bartolomé Clavero es Salvador es jurista e historiador español, especialista en historia del derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en representación de los estados de la Unión Europea.

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Fuente: Blog de Bartolomé Clavero

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Comentarios (2)
Ana Machaca (no verificado) Sáb, 06/12/2008 - 08:30
LA MATANZA DE PANDO Y EL INFORME DE UNASUR Pedro Portugal Mollinedo http://www.periodicopukara.com A través de Rodolfo Mattarollo la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, presentó el 3 de diciembre su informe sobre los enfrentamientos sucedidos en Pando, Bolivia, este 11 de septiembre. Este informe es neto y categórico: Para UNASUR no se trata de un enfrentamiento, sino de "ejecuciones sumarias o extralegales" realizadas por personeros de la prefectura del departamento de Pando. El informe detalla datos "que generan la convicción de que existieron torturas y tratos crueles efectuados de manera masiva y sistemática por los sectores cÃvicos y prefecturales en contra de los campesinos". El documento insiste en datos como que un cadáver 'tenÃan la lengua y las orejas cortadas, les sacaron dientes y a uno le habÃan vaciado un ojo" y que "mataron a una campesina con un bebé de meses en sus brazos. Les dispararon a los dos y quedaron allà tirados". Como corolario, este informe señala que el trasfondo profundo de esta masacre fue el racismo: "Se desencadenó una clara persecución a un grupo con colectividad, con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales". Aparentemente, este informe deberÃa satisfacer a quienes están identificados con las luchas y derechos de los pueblos originarios. Desde ya, individuos y agrupaciones llenan los medios informales de comunicación con denuncias que repercuten esta "nueva masacre" de que son vÃctimas los indÃgenas en Bolivia. El mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, indicó a la prensa que "…No es ningún enfrentamiento, sino es una masacre (...) Una investigación cientÃfica sobre la masacre. Y lo que dijimos se verifica con esta investigación…" Sin embargo, este informe, sus antecedentes y sus consecuencias, no coadyuvan en nada a los intereses históricos y polÃticos de los pueblos indÃgenas y son más bien parte de la tramoya colonial que sigue vigente en Bolivia y en los paÃses de este continente. No voy a soslayar la realidad atroz de muertos y mutilados indÃgenas y campesinos en Pando. No voy a apuntalar la tesis según la cual no habrÃa racismo en Bolivia, cuando este se expresa en nuestras tierras en manifestaciones cada vez más cruentas. Lo que voy a contradecir es la interpretación que se da a estos hechos. Tampoco me detendré en las inconsecuencias y quiebres del informe del señor Rodolfo Mattarollo, aún cuando es interesante observar que, según sus propias declaraciones, ese documento tiene alto grado de subjetividad al ser fundamentalmente reflejo de las "convicciones intelectuales y morales" de sus autores. El informe de UNASUR sobre los enfrentamientos en Pando hace parte de un contexto de subordinación del indÃgena y refuerza la imagen colonialista que se tiene del indio. Al afirmar que los sucesos de Pando no es enfrentamiento y sà una masacre, se valora la imagen romántica del indÃgena pacÃfico, ante un enemigo atroz que una vez más lo masacra arteramente. AsÃ, el indio no combate, pues combatir significa pensar y actuar, tener una idea polÃtica y una estrategia militar; el indio sólo cae en emboscadas, cual silvestre animalito en vÃas de extinción. Y de la misma manera que para sensibilizar a los habitantes del "primer mundo" sobre la necesidad de preservar a las focas, se muestran imágenes sangrantes y atroces de las crÃas de focas, degolladas y despellejadas por cazadores sedientos de ganancia fácil, se insiste ahora sobre las imágenes de orejas cortadas, ojos vaciados y bebés muertos en los brazos de sus madres. ¿Esta imagen sirve al indio y a su causa? Si el indÃgena asume los mitos coloniales para liberarse, solamente se encadenará más fuertemente a la postración social y polÃtica. El colonialismo ha creado el mito del "buen salvaje". El indÃgena no es ni "buen" ni "mal" salvaje, es un ser social con derechos conculcados y con un futuro de liberación, que solamente puede ser obra de él mismo. El mito del "buen salvaje" sirve únicamente para negar al indÃgena una calidad humana. Al otorgarle dimensiones meta sociales y cosmogónicas, se lo aleja de la función banal y corriente que es la de dirigir él mismo su vida social, económica y polÃtica. Es decir, se asegura el gobierno de otros sobre el indÃgena. El informe de UNASUR hace parte de esa mitologÃa y tiende a consolidar cierta imagen del indio para confortar el poder de quienes se dicen ser sus representantes o defensores. Lo que sucedió en Pando fue un enfrentamiento y eso deben valorarlo correctamente los pueblos indÃgenas y sus organizaciones. Fue un enfrentamiento como hubo bastantes en nuestras historias. Si este enfrentamiento se produjo y terminó desastrosamente para los indÃgenas, es porque fue arteramente conducido a la masacre por el actual gobierno de Bolivia. En Santa Cruz primero, luego en Cochabamba y en Sucre y recientemente en Pando, el gobierno del MAS, incapaz de poder afrontar a sus detractores, se esconde bajo su apariencia indÃgena llamando a los pueblos originarios y a las organizaciones sociales que hagan ellos el trabajo de deshacerse de sus opositores. En San Julián, en Montero, en los mercados de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en Sucre y recientemente en Porvenir, el actual poder empuja al enfrentamiento a los indÃgenas y luego los abandona al escarnio y a la masacre.
Bartolomé Clavero (no verificado) Dom, 07/12/2008 - 02:54
Toda narración es una construcción, pero hay construcciones basadas en la ficción y construcciones jalonadas de hechos verificables. Cuando la construcción es jurÃdica, las consecuencias son importantes pues puede determinar la competencia de jurisdicción, la imputación de responsabilidad y, en los casos penales, la condena de los autores y, lo más importante al cabo, el resarcimiento de las vÃctimas o de sus deudos. Los informes paralelos e independientes entre sà del Defensor del Pueblo de Bolivia y de la Comisión ad hoc de UNASUR sobre los hechos de Pando del 11 y 12 de septiembre han verificado torturas y asesinatos de civiles desarmados con motivación racista. Y han procedido a la construcción jurÃdica: crimen de lesa humanidad. Mientras que no haya sentencia firme mediante proceso con garantÃas, lo segundo puede todavÃa discutirse, pues cabe argumentar que los hechos verificados no contienen todos los elementos definitorios de dicho crimen o también cabe argumentar que los mismos, los hechos comprobados, pueden merecer una calificación incluso más grave, la más grave de todas, la de genocidio. Si lo que intenta ponerse en discusión son los mismos hechos, lo que debe ofrecerse son pruebas, no argumentos, igual que en el proceso penal contradictorio. La construcción de aquellos hechos como enfrentamiento entiendo que supone objetivamente, sean cuales fueren las motivaciones y las intenciones, una forma de encubrimiento del crimen. Es lo que empezaron argumentando los mismos asesinos y sus mandantes, encontrándose con el más categórico de los desmentidos por parte de ambos informes, tanto el del Defensor del Pueblo como el de la Comisión de UNASUR.
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