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Perú: Organizaciones indígenas se pronuncian sobre institucionalidad pública para PPII

Servindi, 7 de octubre, 2011.- La urgente derogatoria del decreto supremo 001-2010-MC que fusiona por absorción el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) al ministerio de Cultura y la reposición de todas sus funciones fue el principal pedido de la carta dirigida a la ministra Susana Baca y firmada por las organizaciones nacionales indígenas que integran el llamado Pacto de Unidad.

Los líderes reclaman la autonomía del Indepa para que exista una relación y un diálogo directo de los pueblos indígenas con el Estado y para que puedan participar en la toma de decisiones respecto de las políticas públicas que les atañen.

Cuestionaron que hasta la fecha no se haya atendido la crítica situación en que se encuentra el Indepa, que ha sido relegado de su condición de órgano autónomo y rector de las políticas públicas para los pueblos indígenas a simple unidad ejecutora dependiente del viceministerio de Interculturalidad, al que se le han transferido algunas de sus funciones.

En efecto, días antes, un pronunciamiento público de las mismas organizaciones indígenas condenó las palabras y la actitud del viceministro Vicente Clemente Otta Rivera, quien en conferencia de prensa expresó que él estaba en ese cargo designado por el presidente Ollanta Humala para ejecutar la política "del gobierno".

En esa ocasión, dejó entrever que los pedidos, acuerdos y negociaciones entre el Estado y los pueblos indígenas no tendrían ningún poder de decisión.

La carta pone el dedo en la llaga al recordarle a la ministra Baca de la Colina que existe una duplicidad de funciones y responsabilidades entre el viceministerio de Interculturalidad, una de sus direcciones y el Indepa.

Esa situación es una herencia del gobierno anterior, y ha sido motivo para que Otta Rivera repita con insistencia un discurso "antiperro del hortelano" y anuncie auditorías, aunque sin acciones en la práctica.

La misiva a la ministra está suscrita por las organizaciones: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (Onamiap).

También firman la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas (Femucarinap) y la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Asonedh).

Cita con el presidente Humala

Otro punto central de la carta es el pedido formal para que la ministra Susana Baca gestione una entrevista de los líderes indígenas con el presidente Humala antes del 12 de octubre, fecha en que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena.

Hasta el momento, no se sabe si la ministra ha gestionado el encuentro con el Jefe de Estado pero lo mínimo que esperan los representantes indígenas es una respuesta formal a su carta.

Peligro de cooptación y división de la demanda indígena

Para algunos representantes indígenas, varios hechos ocurridos en las últimas semanas hacen entrever que existiría desde el viceministerio un manejo ambiguo del tema indígena y hasta malintencionado.

Muestra de ello, es la exclusión de todas las organizaciones indígenas en la comisión para elaborar el reglamento de la Ley de Consulta Previa, con excepción de Aidesep y Conacami.

Mal asesorado, Otta Rivera justificó que las demás organizaciones no tenían legitimidad ni representatividad. Por si fuera poco, cuestionó la presencia de organizaciones de mujeres indígenas. En la visita que hizo el viceministro al local de Aidesep, se disculpó por ello y anunció que incluiría a las demás.

Respecto de la comisión multisectorial de reglamento de consulta, los dirigentes mostraron su preocupación porque el viceministerio se ha atribuido la representación de los 18 ministerios y ha convocado a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), entre otros, sin un criterio claro y sin una norma que instale la comisión.

El viceministerio tampoco ha expresado su decisión de garantizar el cumplimiento irrestricto del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Ley de Consulta Previa y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que forman parte de la jurisprudencia con la cual se debe partir para elaborar el reglamento.

"El viceministro debe tener claro que no se está elaborando un reglamento empresarial o para invertir, sino de un reglamento que garantiza derechos humanos", apuntaron.

Por otro lado, ha trascendido que un exasesor de Aidesep -que ha sido cuestionado en varias ocasiones por organizaciones regionales y federaciones que integran esta organización- asesora a Otta Rivera y que opera desde esta posición para ganarlos a los objetivos políticos del gobierno.

Aun cuando no se tiene claro cuáles son esos objetivos, algunos líderes han advertido del peligro de cooptación indígena, que ocasionaría una verdadera crisis y borraría con el pie los grandes avances del actual gobierno en materia de derechos de los pueblos originarios.

Apoyo a la actual gestión de Indepa

La carta remitida a la ministra respalda la designación de Raquel Yrigoyen Fajardo a la cabeza de la nueva gestión del Indepa a quien consideran una aliada y "garantía de una gestión técnica, honrada y eficiente".

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