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Perú: Por una democracia con esencia intercultural: Lo que se debe consultar

Por Verónika Mendoza Frisch*

06 de octubre, 2011.- La semana pasada (19/09/11) mencionamos que uno de los desafíos de la implementación de la Consulta Previa radica en reglamentarla, de manera que no se desnaturalice su esencia. Se han oído y leído diversas opiniones sobre los temas que deben ser objeto de consulta.

La mayoría de éstas ha surgido de intereses más bien ajenos a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es bueno recordar que, además de la Ley de Consulta, el Estado peruano ha asumido de manera soberana otros instrumentos de derecho internacional que ya estipulaban explícitamente algunos temas a ser consultados.

Nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), al Convenio 169 de la OIT (C169) y a la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración).

Estos son los instrumentos normativos rectores de la reglamentación de la ley de la Consulta Previa. Bien, ¿qué nos dicen sobre ello?

Para empezar, la propia reglamentación de esta ley, al ser una medida normativa que afectará a los pueblos indígenas, debe ser objeto de consulta. Por lo tanto, el Viceministerio de Interculturalidad y los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo, tendrán que consultar a los pueblos indígenas durante el proceso mismo de la reglamentación.

Luego, están las siguientes materias:

En el Poder Legislativo, en general, cualquier medida legislativa o administrativa que afecte directamente a los pueblos indígenas y, en particular, al discutir la reforma del procedimiento de iniciativa legislativa para incorporar el deber de consulta (artículos 6.1. a. del C169 y 38 de la declaración).

En el sector Cultura, respecto a medidas para combatir la discriminación y los prejuicios (artículo 15.2 de la declaración), en cuanto a la adopción de políticas culturales específicas, y sobre medidas de restitución de bienes culturales indígenas (artículo 11.2. de la declaración).

En el sector Trabajo, respecto a medidas que combatan la explotación de niños indígenas (artículo 17.2 del C169). En los sectores Relaciones Exteriores y Defensa, en relación con medidas que faciliten el derecho a la comunicación entre pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales (artículo 36.2 de la declaración).

En el sector Educación, respecto a la adopción de medidas para alcanzar el pleno goce al derecho a la educación intercultural bilingüe (artículo 28.1 del C169).

En el sector Defensa, antes de la utilización para actividades militares de las tierras indígenas (artículo 30.2 de la declaración).

En el sector Agricultura, en relación con la utilización o explotación de recursos hídricos (artículo 32.2 de la declaración), a la transmisión de derechos sobre las tierras (artículo 7.2 del C169).

En el sector Ambiente, respecto al no almacenamiento de materiales peligrosos (como residuos tóxicos, por ejemplo) en tierras y territorios indígenas (artículo 29.2 de la declaración).

En el sector de Energía y Minas, "antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes" en tierras indígenas, estableciendo cómo se determinarán "los beneficios que reporten tales actividades", así como la "indemnización equitativa", producto de eventuales daños que sufran debido a actividades extractivas (artículos 15.2 del C169 y 32.2 y 32.3 de la declaración). Cuando se trate de reubicaciones o traslados de pueblos, se requerirá además el consentimiento y no bastará sólo la consulta (artículo 21 de la CADH, artículos 16.2 del C169 y 10 de la declaración).

En varios sectores, cuando se trate de "planes de desarrollo e inversión a gran escala" (según la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Esta es una enumeración mínima y relativa solo a los casos explícitos en los que hay que consultar. Como vemos, no se reduce en absoluto a los casos de conflictos socioambientales ni a un sector en particular. Por lo tanto, el argumento de que la Ley de Consulta "afectará la competitividad" de determinados sectores productivos está totalmente fuera de lugar. Lo que está en juego, reiteramos, es el respeto y el desarrollo de los derechos de los pueblos y, en ese mismo sentido, la profundización de la democracia con un enfoque intercultural.

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*Verónika Mendoza Frisch es psicóloga y Congresista de la República  electa por la región Cusco, y obtuvo la más alta votación electoral, un total de 47,088 votos por la agrupación parlamentaria Gana Perú. Realizó sus estudios universitarios en Paris – Francia, en la Facultad de Ciencias Humanas Clínicas de la Universidad de Paris VII Denis Diderot; obteniendo el título de Lic. en Psicología en el año 2003; realizó sus estudios de maestría en la Universidad Sorbona Nueva – Paris 3, obteniendo el grado de Magister en Ciencias Sociales en el año 2006 y posteriormente obtuvo el grado de Magister en Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. Es militante del Partido Nacionalista Peruano desde el año 2006, en él cumplió funciones como coordinadora de comités de apoyo internacional (2007), secretaria de prensa de juventudes (2009) y vocera de la comisión de la mujer (desde 2010). Actualmente, cumpliendo su labor legislativa asume la Vicepresidencia de la Comisión de Cultura y patrimonio cultural y es miembro titular en la comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología.

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