Perú: Criminalización de la protesta social: Un caso sin resolver

Por Lucía Mariana Alvites*

Después de casi una década de dictadura, que significó la hegemonización del terror por parte del Estado hacia las organizaciones sociales, estas fuerzas hoy comienzan a reconstituirse, dando nuevas respuestas de movilización popular, y creando formas para enfrentar el continuado y fracasado modelo neoliberal.

En este contexto de hartazgo de mayorías, el gobierno promulga el 22 de julio de este año un paquete de 11 decretos que vulneran sistemáticamente los derechos políticos y ponen en grave riesgo las garantías individuales y la seguridad personal de todos los peruanos, acentuando el carácter autoritario e ilegítimo de una constitución heredada de la dictadura.

Los decretos promulgados no sólo están dirigidos a criminalizar la protesta social, haciendo pasar por delincuentes a dirigentes y organizaciones populares, sino también a dar total impunidad a las fuerzas armadas y policiales.

Muestra de ello es el Decreto 982 el cual establece que "se encuentra exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte."

Este decreto que permite matar o herir a cualquier ciudadano que ejerza su derecho a manifestarse, ya ha sido practicado en nuestro país, cuando alrededor de 15 personas, entre ellos niños, han sido asesinadas por las fuerzas policiales en contextos de conflictos sociales, quedando hasta hoy estos casos abiertos, en flagrante impunidad.

Acompañando este decreto hay otros que permiten la detención provisional, sin prueba alguna, de cualquier persona hasta por siete días y permite la incomunicació n del detenido, esto es ya una realidad en el Perú, y la causa de cientos de casos que han llevado a privación de la libertad de inocentes, a difamación de dirigentes sociales y políticos por parte del gobierno y los medios de comunicación, la muerte de varias personas que en su totalidad son provenientes de las regiones del interior del país, y centenares de heridos a lo largo y ancho del Perú en cada manifestación de descontento popular. ¿Quién responde por estos crímenes? Hasta ahora nadie.

Todo este marco legal no podría funcionar sin un clima social generado desde el gobierno, sus instituciones y los medios de comunicación que en su mayoría son el eco de este Estado, donde la estigmatizació n de "terrorista" ha sido el menú de todos los días para las organizaciones populares y opositores del gobierno.

Sin embargo la creciente protesta social, y las victorias que el pueblo va acumulando como la derogatoria de la Ley de la Selva , que permitía vender las tierras de las comunidades indígenas a las transnacionales, el Moquegüazo, la lucha interminable por el canon minero, las victorias locales de comunidades contra la explotación minera que destruye sus tierras, destruyendo sus vidas, son algunas muestras que ya no hay marcha atrás, que las mayorías avanzan a pesar de la represión "legalizada" que se impone desde el gobierno.

Hay también otros muchos casos por resolver, como la muerte de los campesinos en el paro agrario, el proceso penal abierto a los campesinos de Andoas, el encarcelamiento arbitrario por ya más de 8 meses sin ninguna prueba al ciudadano Roque Gonzáles, entre otros. Estos casos son una bandera de libertad y de dignidad para todos nosotros.

El cuadro crítico del modelo neoliberal en nuestro país se completa, cuando revisamos las encuestas y un abrumante 71.5% de peruanos desaprueba la gestión de Alan García, según una encuesta realizada en el mes de setiembre de este año por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI).

Esta situación junto con el alza del costo de los alimentos de la canasta familiar básica, el alza de los pasajes en el transporte, las medidas represivas contra todo el que haga oír su voz, la corrupción descubierta que implica a personajes importantes del gobierno; serán la antesala de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que significa algo más que pistas rotas y la insoportable congestión del tráfico, es también la discusión de nuestro futuro sin contar, una vez más, con nosotros.

Con la sombra apenas instalada de una aguda crisis global del sistema capitalista mismo, la cual recién empieza a mostrar sus consecuencias, agravadas para el Perú por la tardía dogmática neoliberal aperturista del Gobierno; la criminalizació n de la protesta como única respuesta del gobierno peruano a la solución de las demandas, muestra la desesperación de un modelo que agoniza y ya no puede "controlar" a todo un movimiento que emerge principalmente de las regiones al interior del país, donde campesinos, mujeres, indígenas, trabajadores, maestras, mineros, estudiantes, y todo el pueblo excluido ya empieza a hacer suyo su propio destino.

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* Lucía Mariana Alvites es socióloga peruana, militante de la organización Altavoz y de diferentes movimientos sociales.

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Comentarios (1)
Juan Cuárez Soto (no verificado) Jue, 16/12/2010 - 11:24
Dios que nos libre del mal y de la muerte. Ya vienen los partidos políticos tradicionales, corruptos y mafiosos de turno de la derecha, ultra derecha cavernaria, criminal y genocida con sus respectivas organizaciones ilícitas para militares para delinquir quienes después de ganar el poder, se convierten en enemigos acérrimos, vende patrias y traidores del pueblo. Se dedican en lucrar, enriquecer, acumular y acaparar riquezas materiales e intelectuales, recursos animales, vegetales, minerales, terrenos, chacras, lotes, dineros, centros de estudios y trabajos dejando desposeidos, desocupados y/o desempleados al pueblo víctimas de la pobreza, extrema pobreza, hambre y miseria, desnutrición crónica, marginación y exclusión social sin porvenir y sin esperanza.
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