Argentina: CIDH exige garantizar derechos de comunidad toba

Líder toba Félix Díaz inicia segunda huelga de hambre pidiendo atención del gobierno a sus reclamos

Servindi, 27 de abril, 2011.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó una resolución en la cual pide al gobierno de Cristina Kirchner que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad toba que residen en la provincia de Formosa.

La norma emitida el 21 de abril, solicita a las autoridades a “garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Féliz Díaz y su familia en condiciones de seguridad”.

También pide que proteja a los toba "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".

La resolución fue recibida con agrado por los miembros de la comunidad toba que les da la razón en su derecho colectivo a sus tierras.

Ayer, alrededor de 20 miembros de la comunidad qom, que acampan hace cinco meses sobre la calzada en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo, en Buenos Aires, iniciaron una huelga de hambre en reclamo para que se restituyan sus tierras ancestrales.

Los manifestantes explicaron que no tienen otra alternativa, a pesar de que muchos están enfermos, porque el gobierno no ha cumplido con la solución de sus demandas, a pesar de haberse comprometido a atenderlos.

El 23 de noviembre del 2010, una violenta operación de desalojo de sus territorios a cargo de la policía formoseña ocasionó la muerte de dos tobas.

Félix Díaz, líder de la comunidad Primavera, indicó que esta segunda huelga de hambre es peligrosa debido a la salud quebrantada, pero que lo hacen porque “no tenemos más nada que perder”.

Son mil 300 hectáreas que deben ser restituidas a la comunidad toba, de las cuales 600 se encuentran en poder del gobierno provincial y 709 en poder de la familia Celía, cedidas a una universidad local.

La CIDH además pidió al Estado argentino a que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos de violencia en los que hasta ahora los únicos imputados son indígenas.

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