Perú: Plantón en rechazo del financiamiento del BID a COFOPRI para privatizar tierras comunales.

Al promediar el medio día del 4 de junio de 2008 representantes y dirigentes de diversas organizaciones indígenas y campesinas del Perú realizaron un Plantón en el frontis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Lima.

La medida de protesta ante el BID fue en rechazo por constituir la entidad que financiará el PTRT 3 (Programa de Titulación y Registro de Tierras No. PE-L1026).

Este programa a cargo de COFOPRI tiene la finalidad de "formalizar" la propiedad individual en el territorio indígena y que se encamina a destruir "legalmente" a las comunidades campesinas y nativas.

En diálogo con Luis Alberto Moreno, los dirigentes apelaron a las políticas del BID para combatir la pobreza, y señalaron que el D.L. 1015, lejos de resolver ese flagelo en sus comunidades, las estaría empujando hacia las ciudades y, por tanto, incrementando las cifras de desempleo.

Mario Palacios, presidente de la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, denunció que hasta en la segunda etapa del Proyecto de Titulación de Tierras se dieron títulos irregulares. "Queremos evitar se siga vulnerando nuestros derechos", dijo.

Las organizaciones que participaron del plantón fueron la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA). Así mismo participaron la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC), la Asociación Nacional de Maestros de Educación Intercultural Bilingüe (ANAMEBI) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI.

En un pronunciamiento dichas organizaciones demandan la derogatoria el Decreto Legislativo Nº 1015, el cual establece que para la adquisición de propiedades de tierras se requerirá del voto a favor de no menos del 50 %.

Es decir la decisión se tomaría con una mayoría simple, con lo cual se elimina la votación calificada de los dos tercios, establecida por la Ley de Comunidades Campesinas.

El documento también demanda el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, por parte del Gobierno Peruano.

Así mismo reitera la convocatoria a comuneros, organizaciones locales, regionales y departamentales del agro de la costa andes y selva, al Paro Nacional de 48 horas los días 8 y 9 de julio próximo con una movilización nacional.

Tal medida se adopta en rechazo a las políticas que atentan contra los derechos colectivos de las comunidades específicamente el Decreto Legislativo Nº 1015, y aquellas iniciativas que pretenden privatizar a las tierras y recursos naturales, tal como lo plantean los proyectos de ley 1770 y 1900.

Una comisión integrada por dirigentes nacionales de de las organizaciones Campesinas presentes, ingresaron a las instalaciones del BID, para dejar constancia del petitorio para que el BID se abstenga en financiar dicho programa del Gobierno peruano en desmedro de las Comunidades Campesinas e indígenas.

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