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Chile: Entonces ¿qué esperar... que la sangre llegue al río?

Por Francisco Rivera Bustos

El Morrocotudo, 23 de enero, 2011.- La movilización efectuada por las diversas organizaciones ciudadanas e indígenas de la región viene a demostrar que el tema medioambiental es uno de los temas que preocupan a la gente de la región. 

Durante los últimos años la ciudadanía de Arica y Parinacota ha rechazado cualquier intento que signifique contaminar y hacer de las áreas silvestre protegidas, donde existen mas de tres mil patrimonios arqueológicos e históricos, sea un enclave minero ( explotación, relaves, contaminación , desertificación) que genere a futuro un impacto que puede ser fatal para el desarrollo, la cultura y la vida de las comunidades asentadas ancestralmente en la precordillera y en el único altiplano que existe en el continente.

De diversas formas hemos planteado al gobierno regional y al Estado de Chile que para realizar cualquier proyecto que pueda afectar el medioambiente y por ende a las comunidades indígenas, se hace necesario realizar un verdadero proceso de consulta sustentado en los convenios internacionales, en la voluntad política, expresada en actos de buena fe y en el respeto a las tradiciones, creencias e intereses de los pueblos indígenas. A la fecha, solo hemos encontrado “palabras de buena crianza” y los “baypass”, respectivos que en más de una oportunidad han generado marginación a los representantes de las comunidades indígenas cuando intentamos colocar el Convenio 169 de la OTI en la mesa, específicamente los artículos 6 y 7 que hablan de la participación y el derecho a consulta que tienen las comunidades indígenas cuando los proyectos de alto impacto, que son de absoluto interés para el estado de Chile, afectan a las comunidades y sus entornos.

Es importante señalar y destacar los artículos 6 y 7 del Convenio OIT para que el conjunto de la opinión pública pueda entender el conflicto y el porqué de las movilizaciones que se vienen expresando, las que seguramente seguirán efectuándose en forma continua y ascendente.

Artículo 6:

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles

directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Si hacemos un análisis de todo lo conversado con la autoridad del Estado, desde que el Convenio 169 de la OIT es ley en Chile, nada, absolutamente nada hoy se aplica. De continuar esta forma de hacer interlocución, como lo ha venido realizando la autoridad regional, las movilizaciones seguirán acrecentado con la suma de nuevos sectores sociales y políticos, entendiendo que las demandas son legitimas y que afectan negativamente no solo a las comunidades indígenas , sino también a la población urbana.

Son diversas las demandas que la comunidad regional expresa a diario, algunas de ellas son:

* Una mejor calidad de agua para la población de la ciudad, considerando la existencia de los pozos de la Concordia. A juicio y estudio de técnicos y profesionales ariqueños es perfectamente posible asegurar 50 años agua de buena calidad para la población ariqueña.

* Iniciativas por parte del Estado de Chile para enfrentar el impacto de desertificación que afecta a las comunidades altoandinas del tripartito producto de trasvase de aguas subterránea, que ejecuta el Estado peruano a metros de la frontera y que son concedidas a las trasnacionales mineras que operan en el sur del Perú.

* Medidas efectivas y reales para mitigar la contaminación aún existente y que afecta a las poblaciones los industriales, Cerro Chuño y a las localidades de Copaquilla y Choquelimpe.

* Fin a los intentos de querer hacer minería contaminante en Parinacota con proyectos que carecen de estudios de impacto ambiental y de verdadera participación ciudadana.

* No a los proyectos de exploración y explotación de Geotermia en el altiplano, mientras no se aclare sobre cuáles son los verdaderos intereses económicos que se persiguen y existan reformas profundas a la ley de geotermia.

Por último, es preciso y necesario entender que las movilizaciones y las expresiones de la ciudadanía son legítimas. Estas tienen que ver con la defensa de la vida y los sustentos básicos para una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones: agua de calidad y un medioambiente libre de contaminación. Además, al manifestar abiertamente esta problemática se abre una gran oportunidad para que las autoridades regionales y para el propio el gobierno central pueda rectificar algunos anuncios ajenos a la realidad y a la propia voluntad de las mayorías. De no existir voluntad política, mesa de dialogo permanente y actos de verdadera buena fe, vamos a seguir permanentemente expuestos a la desconfianza y la confusión. Entonces, ¿qué esperar… que la sangre llegue al río?

De El Morrocotudo

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