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Perú: Poder Judicial de Tambopata desconoce derecho jurisdiccional de comunidad indígena

Imagen: Diario La Primera

Servindi, 28 de diciembre, 2010.- Juana Payaba Cachique, presidenta de la comunidad nativa Tres Islas, denunció que el Poder Judicial de Tambopata, región Madre de Dios, desconoce el derecho consuetudinario de su comunidad para ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio y preservar su integridad territorial, biológica, y cultural.

Así lo denunció Payaba en la acción de garantía constitucional habeas corpus que presentó el 13 de noviembre de 2010.

En el documento denuncia al juez del Primer Juzgado Penal Iván Vilchez que en septiembre ordenó la destrucción de una caseta construída por la comunidad para controlar y evitar el ingreso de colonos de malvivir.

Payaba explica que los mineros y madereros ilegales perturban la vida y tranquilidad de la comunidad porque acarrean la instalación de bares donde se expenden bebidas alcohólicas y provocan riñas y escándalos.

“Tales extraños han traido la prostitución y la violencia” al lugar y las niñas y niños son los más afectados”, sostiene la dirigente.

El juez Vilchez, del Primer Juzgado Penal, prefirió resolver un habeas corpus a favor de las empresas de transportes Mineros SAC y Los Pioneros SCRL, que se encargan de trasladar a los mineros y colonos. El argumento esgrimido por éstos es que el cerco y la caseta obstruían el derecho al libre tránsito que todo peruano tiene.

El Poder Judicial de Tambopata ignoró que la decisión comunal de controlar el ingreso de terceros a su territorio se ampara en el artículo 149 de la Constitución Política, que establece el derecho jurisdiccional, señala Payaba.

La caseta a la entrada del camino vecinal y el cerco fueron construídos por acuerdo de la asamblea general de la comunidad Tres Islas, dentro de su territorio, para controlar a mineros y madereros ilegales que desarrollan otras actividades que afectan la seguridad alimentaria, la salud, la integridad territorial, física y cultural de la comunidad.

La citada comunidad está conformada por familias de los pueblos Shipibo y Ese´Eja.

Persecución judicial

Juana Payaba Cachique tiene siete investigaciones fiscales y ha sido amenazada de muerte. Se le acusa del supuesto delito de extorsión contra los Medios de Transporte y Comunicaciones y otros, por pretender controlar el ingreso de terceros a su territorio, como se estableció en una decisión jurisdiccional comunal.

“Estoy siendo arbitrariamente investigada y perseguida penalmente, con grave riesgo para mi libertad (…) por hechos que no configuran delito. Esto es, por la decisión jurisdiccional tomada por la Comunidad Nativa Tres Islas de la cual soy Presidenta”, argumenta Payaba.

La lideresa indígena interpuso el 13 de noviembre de 2010, una demanda de habeas corpus a favor suyo y de la comunidad.

La acción se dirige “en contra de la Fiscalía, el Poder Judicial y la División de Seguridad del Estado de la Policía Nacional de Tambopata, frente a la amenaza de su libertad y por violación del debido proceso”, a fin de que cese la ilegal persecución penal en su contra.

El juez declaró improcedente la demanda, alegando que no hay certeza ni inminencia de detención, al no tener la fiscalía competencia para detener, sino que ello depende de una decisión judicial.

La sentencia fue apelada y elevada a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios el 23 de noviembre y la comunidad está a la espera de lo que resuelva la Sala.

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