Referentes del movimiento de radios comunitarias de Guatemala denunciaron que la policía y el Ministerio Público ejercen una feroz persecución sobre las emisoras, confiscando sus equipos y tratando a sus trabajadores como si fueran delincuentes.
Integrantes del Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria acusaron al Ejecutivo de incumplir el compromiso de legalizar las emisoras comunitarias, tal como establecen los acuerdos de paz.
Antonio Barrios, presidente del Consejo, explicó que para el Ministerio Público hacer comunicación comunitaria es equiparado al delito de hurto, por el uso sin autorización del espacio radioeléctrico.
En los últimos días varias emisoras comunitarias fueron allanadas por fuerzas policiales que decomisaron equipos y detuvieron a sus representantes.
El dirigente Marcelino Moscut, señaló que al mismo tiempo que se realizaban los allanamientos se inauguró otra radio, propiedad de un diputado del oficialismo.
En tanto, el presidente del Consejo, Antonio Barrios, aseguró que "el espectro radioeléctrico es patrimonio de toda la población, lo mismo que el aire y los recursos hídricos y, por lo tanto, su uso no puede ser restringido sólo a quienes tienen dinero para pagar por ellos".
Según Barrios cuando el Gobierno persigue a estas radioemisoras, está violando la Constitución de la República, así como los Acuerdos de Paz, los cuales obligan al Estado a favorecer todo tipo de comunicación social.
En Guatemala existen más de 500 radios comunitarias, la mayoría de las cuales transmiten en condiciones muy precarias, con equipos de tecnología limitada y de baja potencia.
Fuente: PULSAR, agencia informativa
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Futuro de radio comunitaria en riesgo en Guatemala
Para la mayoría de la población indígena de Guatemala la radio comunitaria juega un papel vital en mantener a las comunidades informadas y darles una plataforma para debatir sus problemas.
La policía nacional la usa para difundir alertas de salud y seguridad. Los Gobiernos municipales la usan para anunciar reuniones públicas. Los defensores del medio ambiente la usan para educar a los campesinos respecto a los métodos agrícolas sustentables y los educadores la usan para ofrecer programas de educación a distancia.
En todo el país hay unas 250 estaciones operadas por indígenas.
Pero la organización Cultural Survival informa que la supervivencia a largo plazo de la radio comunitaria en Guatemala está en peligro a menos que se pongan en práctica ahora cambios a las leyes de telecomunicaciones del país. Existe un proyecto de ley para enmendar las leyes de difusión del país para asegurar el acceso equitativo al espectro radial del país, pero está atascado en la asamblea legislativa.
Según la ley actual, para adquirir ancho de banda se cobra a las estaciones de radio comunitarias USD 28,000, una cantidad exorbitante para las estaciones que están operadas en su mayor parte por voluntarios y tienen un radio de difusión de 3 a 8 kilómetros.
En consecuencia, el espectro radial del país está siendo comprado rápidamente por ricas emisoras evangélicas y estaciones de radio comerciales que difunden sólo en español, una lengua extraña para muchos indígenas guatemaltecos.
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