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Perú: Comisión de Constitución elaborará tercer dictamen sobre Ley de Consulta

Servindi, 12 de mayo, 2010.- La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República decidió ayer elaborar un tercer dictamen a dicutirse la próxima semana sobre la Ley del Derecho de Consulta Previa a los pueblos originarios.

La decisión se adoptó debido a la formulación de nuevos aportes formulados por los congresistas, la controversia en algunos temas puntuales así como por algunas posiciones extremas como la sustentada por el congresista Raúl Castro Stagnaro (Unidad Nacional) quién expresó su oposición a una Ley de Consulta para pueblos indígenas.

Los aportes

La congresista Marisol Espinoza propuso incluir que la consulta sea no solo para las medidas legislativas y administrativas sino también para los planes y proyectos de desarrollo, tal como lo indica el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, la parlamentaria María Sumire propuso una redacción alternativa del artículo 8, el cual indique que una vez "culminado el proceso de la consulta previa, los acuerdos y compromisos asumidos tienen carácter vinculante".

El congresista Santiago Fujimori puso énfasis en que se incorpore en el texto que la consulta es una "obligación del Estado" y que en el tema de la definición de "pueblos indígenas" el dictamen se atenga a lo dispuesto por el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT.

También expresó su preocupación por el carácter vinculante de los resultados de la consulta en el sentido de perpetuidad, pues la realidad es cambiante y puede que esto sea algo muy estricto y cerrado si se ve en la perspectiva del tiempo.

Las discrepancias

El congresista Javier Bedoya de Vivanco (Unidad Nacional) propuso que para participar en los procesos de consultas los pueblos deben estar previamente inscritos en un registro oficial de los pueblos indígenas.

Asimismo, propuso que los intérpretes que faciliten el diálogo deben estén previamente registrados en el organismo técnico especializado encargado de la consulta a fin de reducir el margen "de subjetividades" y evitar que no sean fieles traductores.

Bedoya también propuso que se especifique que la Ley de Consulta -una vez aprobada- solo se aplicará a los procedimientos en trámite y futuros pero no tendrá un carácter retroactivo.

El congresista cusqueño Víctor Mayorga (Partido Nacionalista) consideró inconveniente colocar el registro previo de los pueblos indígenas como una condición para acceder a la consulta.

Entre sus argumentos esgrimió no solo la falta de capacidad actual del Indepa para registrarlos, sino también por la existencia de pueblos en situación de aislamiento y además porque vulneraría el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, amparado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Valle Riestra y el derecho a veto

El parlamentario aprista Javier Valle Riestra terminó abogando por el derecho a veto a pesar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Defensoría del Pueblo e incluso organizaciones indígenas reconocen que el Convenio 169 no ampara el derecho a veto ni del Estado ni de los pueblos indígenas.

Para Valle Riestra la Ley de Consulta sería un papel sin valor si no consagra "el derecho a veto o consentimiento", a pesar que tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de la ONU establece con claridad que la finalidad de la consulta es llegar a un "acuerdo o consentimiento", pero no menciona para nada algo referido al veto.

El congresista Víctor Mayorga insistió que se respete estrictamente lo que indica el artículo 6 del Convenio 169 y se especifique que la consulta es con la finalidad de "llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".

La posición anti consulta

Javier Valle Riestra, señaló que la ley de consulta es un tema muy delicado porque "todos somos indohispanos". Hay una serie de situaciones sicologicas que nos hacen ser distintos a los países (?) ancestrales que eventualmente se puedan tener".

Citando a Riva Agüero, señaló que "el Perú es un país de sincretismo y de síntesis y todos tenemos una voluntad de mestizaje".

En referencia al autoreconocimiento de un status distinto del resto de la población nacional señaló que esto "no se puede auspiciar" porque "todos somos una nación". Insistió con énfasis en que "todos somos iguales".

En la misma línea argumental el congresista Raúl Castro Stagnaro (Unidad Nacional) quién generó polémica al  prácticamente oponerse a la necesidad de una ley de consulta porque adujo que no existían criterios uniformes para definir a los pueblos indígenas.

Advirtió que la ley abría paso a que en el futuro los pescadores del Callao o los pobladores del distrito de Comas se reivindiquen como indígenas y exijan el derecho a la consulta "lo que anticipa que sería una fuente de muchos conflictos".

Agregó que los criterios con los que se define a un pueblo indígena cualquier migrante de tercera generación se va a sentir identificado. Propuso reperfilar o redefinir a los pueblos indígenas "con mayor precisión" para evitar que  con la demanda de territorio se cree un estado dentro del estado.

"Los problemas reivindicativos en general no deben pasar por una norma de esta naturaleza porque esto sería descuartizar al país en un país que es absolutamente mestizo" dijo Castro Stagnaro.

En referencia a que la ley debe evitar conflictos como el de Bagua afirmó que detrás de Bagua existía un "movimiento ideologizado" detrás del cual hay personas a quienes "se les ha llevado a Europa y se les ha lavado el cerebro".

Congresistas como Daniel Abugattás, Marisol Espinoza y Víctor Mayorga brindaron diversos argumentos acerca de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas tomando como referencia la Declaración  de las Naciones Unidas pero Castro Stagnaro insistió en su posición.

Marisol Espinoza, por ejemplo, reiteró que existían condiciones objetivas y subjetivas para definir a un pueblo indígena que estaban fijados en el propio Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, Edgard Reymundo Mercado, Vicepresidente de la Comisión que dirigió la sesión en ausencia de Mercedes Cabanillas, puso a voto la elaboración de un nuevo dictamen que se debatirá y votará en la próxima sesión.

Cabe mencionar que este Comisión debate un dictamen paralelo a la que aprobó la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, presidido por la congresista Elizabeth León.

Un motivo de preocupación fue la inflexibilidad de una tal señorita Fátima, al parecer asesora de la Comisión de Constitución, que según se informó en el área de ingreso era la única autorizada para aprobar la entrada de observadores a la sesión.

Esta situación dificultó que representantes de las organizaciones indígenas y periodistas independientes pudieron ingresar lo cual fue finalmente posible únicamente gracias a la intervención personal de la congresista María Sumire.

Por otro lado, durante la sesión, personal de seguridad del Congreso fue perturbador con los reporteros del Servicio de Información Indígena Servindi, a quienes obstruyó el cumplimiento de su misión informativa.

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