El Instituto de Defensa Legal (IDL) denunció ayer una persecución por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que ha iniciado una nueva fiscalización a esta entidad.
IDL alerta al país por la intención de interferir en la Acción de Inconstitucionalidad –presentada con el respaldo de miles de ciudadanos contra varios artículos de la Ley 28925, sobre ONG- y que en pocos días fallará el Tribunal Constitucional. Lo extraño del caso es que la carta de la APCI llegó un día después del plazo que otorga para presentar la documentación requerida. A continuación el texto completo del comunicado:
Instituto de Defensa Legal (IDL): Con embustes y prepotencia se pretende limitar derechos y democracia
En el contexto de una renovada campaña de prestigio y de tergiversación del rol de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la que han intervenido altas autoridades y funcionarios públicos, y a las pocas semanas de la denuncia que el área de Seguridad Ciudadana de nuestro Instituto hiciera sobre la (finalmente abortada) subasta inversa para la adquisición de patrulleros; la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) no ha tenido la mejor idea que comunicarnos que nuestra entidad ha sido seleccionada para ser sujeta de una fiscalización.
Cada año, puntulamente, presentamos a la APCI toda la información que se requiere. Sin embargo, esta es la segunda vez en menos de un año que la APCI decide fiscalizarnos. Pretende ahora hacerlo, además, sobre asuntos que van más allá de lo que permite la Constitución, valiéndose de una Ley que desde el año pasado puede ser utilizada como herramienta para acosar, hostilizar e intimidar la construcción de capital social y la producción independiente de conocimientos, ideas, informaciones, opiniones y análisis. Tan evidente resulta ese propósito, que la carta que remite la APCI a nuestra institución el 24 de agosto (y notificada el 27), fija como plazo límite para la entrega de documentación, el día anterior: el 23 de agosto.
Nosotros continuaremos demandando transparencia y rectitud en la elección de los Magistrados al TC, reclamando justicia y rechazando la impunidad que se pretende en varios casos de violaciones de derechos humanos en el pasado, abogando por la adecuación de la justicia militar al ordenamiento democrático, promoviendo la lucha contra la corrupción y actuando con veracidad e independencia en nuestros medios de comunicación.
En casi 25 años de reconocida trayectoria pública, el IDL nunca ha callado ante el abuso del poder. Siempre ha demandado transparencia y actúa en correspondencia. No le teme a la fiscalización. Pero hoy, alertamos al país que las acciones que denunciamos pretenden interferir en la Acción de Inconstitucionalidad –presentada con el respaldo de miles de ciudadanos contra varios artículos de la abusiva Ley 28925-, sobre la que el Tribunal Constitucional está próximo a pronunciarse.
Lima, 29 de agosto de 2007
Consejo Directivo IDL
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