Por Sebastián Ochoa*
El paro cívico comenzó como estaba previsto a las 00:30 del martes 28 de agosto. El puntapié inicial lo dio la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que con sonoras y agresivas caravanas atravesó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Repetían un estribillo que recordaba al presidente Evo Morales, a su madre y a la sexualidad del vicepresidente, Álvaro García Linera.
Los muchachos se movilizaban en algunos de los 1500 vehículos avalados por el Comité Pro Santa Cruz, que en la víspera se había preocupado por entregar papeles con su permiso para circular. Estos papeles tenían que figurar en los parabrisas de los rodados. Quien no tuviera y quisiera ejercer su derecho a transitar por las calles, más le valía despedirse de sus vidrios. Para hacer cumplir la voluntad popular, la UJC tuvo la ayuda de barra bravas (versión boliviana de hoolligans) de Oriente Petrolero y Blooming, dos de los más tradicionales equipos de fútbol en Santa Cruz - Bolivia.
Durante la jornada agredieron a quienes no comulgaban con la medida, saquearon y destrozaron puestos de trabajo, por más que estuvieran cerrados. Quienes impusieron el cese de actividades no perdieron oportunidad de explicar lo inexplicable: las bajezas que se cometen en nombre de la democracia no tienen límite. El paro convocado por los comités cívicos se desarrolló en Sucre, Cochabamba, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, aseguró que el paro fue un éxito total y rotundo, toda la ciudadanía pudo manifestarse en forma pacífica. Sobre la violencia con la que se impuso la medida en las primeras horas, sostuvo que el comité no está a favor de la violencia. Para evitarla realizamos un trabajo coordinado con la policía y fiscalía. Para los niveles de violencia que sufrimos en Santa Cruz a diario, en esta jornada tuvimos menos violencia que lo normal. Y dijo que el paro se efectuó para que el gobierno escuche, reflexione, respete el derecho de las personas. Pedimos justicia y democracia. Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sea sincero, franco: no para distraer ni engañar. A este país lo tenemos que construir sobre la base de consensos. No queremos una Constitución masista, sino que incluya a todos bolivianos.
Horas antes de entrar en acción, el presidente de la UJC, Samuel Ruiz, había manifestado que los 500 jóvenes del grupo se abocarían a cerrar bares y cantinas para que "no se registren actos vandálicos y abusos". Contradictoriamente, indicó que desde de las 3 am iban a dedicarse a detener y pinchar las llantas de los vehículos que circularan por las calles cruceñas: Los gomeros van a tener trabajo, adelantó. El líder juvenil olvidó mencionar a los trabajadores del vidrio. Durante el día, "vamos organizar barricadas en los diferentes anillos para que se acate el paro cívico. Primero vamos a dialogar y si no quieren los vamos a obligar", dijo.
Ruiz advirtió que "desde las 00.30 de la madrugada nos vamos a hacer cargo de la seguridad ciudadana porque la Policía va a estar acuartelada. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la seguridad de la ciudadanía porque no podemos permitir que se registren actos vandálicos". Lamentablemente, los jóvenes no pudieron con sus atribuciones. Lo demuestra el saqueo al mercado de Abasto, donde un auto con la bandera cruceña atropelló a Miguel Fernando Pérez. La vida de este comerciante se encuentra fuera de peligro. Los dos unionistas que iban en el auto están detenidos.
Los comerciantes de Abasto y venteros ambulantes intentaron vender sus productos con normalidad. Tenían una razón vehemente: Si no trabajamos no comemos. Una de las vendedoras afectadas por el saqueo de su local se preguntó: ¿Cómo quieren que los apoyemos si son gente mala que nos masacra, nos odia a los collas?.
En el Plan 3000, la policía tuvo que salir de sus cuarteles para frenar a un grupo que se dirigía a destrabar un bloqueo. Para hacer este paro no consultaron a las juntas vecinales. Es un paro de las elites políticas, que quieren voltear a nuestro presidente, dijo uno de los manifestantes. Conflictos de este tipo se repitieron en los seis departamentos de la llamada media luna.
La vocera presidencial del Gobierno boliviano en Santa Cruz, Gabriela Montaño, sostuvo que lo que se dice paro es un arresto domiciliario de las familias. El gobierno está abierto al diálogo, no es necesario cerrar calles ni pinchar llantas. El diálogo tiene que ser maduro, sólido, transparente. Los comités cívicos deberían tener una mejor visión de la población a la que dicen representar.
Este jueves los comités se reunirán en Sucre para evaluar los pasos a seguir. Marinkovic se mostró esperanzado de que no sea necesario otro paro. Más del 66 por ciento de los bolivianos le dice no a la dictadura, no a la Constitución masista y no al manoseo del Poder Judicial.
En Santa Cruz, el 72 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en mercados, talleres y ventas ambulantes. Para ellos, el paro cívico vulnera su derecho a trabajar. Este perjuicio se mide con una regla distinta a la usada por el gobierno para indicar que en la fecha ociosa se pierden 20 millones de dólares. Imponer el paro es un lujo que se pueden dar los empresarios agropecuarios, en cuyas hectáreas las plantas siguen creciendo y sus vacas engordando, a pesar del exitoso paro.
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* Sebastián Ochoa pertenece al área de prensa del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
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