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Perú: "Hubo negligencia e improvisación en prevención de sismos" señala congresista Huancahuari

Congresista del Perú Ing. Juana Huancahuari- Se hace eco del Informe de la ONU que desde el 2004 efectuó recomendaciones sobre la situación de las viviendas en el Perú

- La vivienda adecuada es un derecho humano que no se cumple para los más pobres

25 de agosto de 2007.- La congresista Ing. Juana Huancahuari Paucar emplazó hoy al Gobierno a que admita su falta de previsión en el terremoto ocurrido en Pisco, aun cuando existía desde el 2004 el Informe del Relator Especial para la Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas, que advertía sobre la precariedad de las viviendas peruanas.

La parlamentaria ayacuchana dijo que el Informe de carácter técnico revela que a la falta de viviendas en todo el país (300 mil casas) se suman las viviendas que necesitan modernizarse, cuya cifra asciende a más de 900 mil unidades".

"Es decir -dijo Huancahuari-, que mientras el ministro impulsa la construcción de viviendas, no le importa que se caigan las demás, con o sin terremoto. Eso demuestra que nunca implementaron las recomendaciones señaladas en el Informe de la ONU, el gobierno de Toledo ni el actual régimen".

La parlamentaria, próxima a integrar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló: "Tener una vivienda adecuada no debe ser un favor de los políticos o exclusivo de la gente de mayores recursos. Por el contrario, es un derecho humano que, a pesar de no estar consignado en nuestra Carta Magna, es un derecho amparado en tratados internacionales y que, desde el Congreso, haremos las debidas correcciones".

"A raíz del terremoto del 15 de agosto tenemos más de 37,600 viviendas destruidas, edificios, y la infraestructura de Instituciones Educativas, que necesitan reconstruirse en los departamentos de Ayacucho, Ica, Huancavelica y Lima. No podemos seguir callados ante la falta de previsión, planificación y, ahora, la incapacidad de reconstrucción ante desastres de este tipo", sostuvo la parlamentaria.

Considerando que el 85 por ciento de la ciudad de Pisco debe ser reconstruida y los damnificados que suman más de 80 mil personas, la congresista pedirá al Ejecutivo que el ministro explique a la representación nacional los mecanismos que se utilizarán para la reconstrucción de esta ciudad.

De otro lado, afirmó que "es necesario que la reconstrucción se efectúe a partir de estándares internacionales de seguridad en materia de vivienda. En el caso de Perú, se podrían adoptar muy bien las "lecciones aprendidas" de otros lugares como en la ciudad de Gujarat, en India, donde el proceso de reconstrucción incluyó la participación activa y la capacitación de albañiles y mano de obra de la zona, así como el uso de materiales locales con tecnologías apropiadas de refuerzo, que no necesariamente sean ladrillo y cemento", afirmó.

El Informe sobre la vivienda en el Perú, difundido en el año 2004, es el resultado de la visita que hizo al Perú el Relator Especial de la ONU, Miloon Kothari, un año antes.

El Relator Especial visitó aquel año la ciudad de Ica y las zonas rurales aledañas y emitió la siguiente recomendación: "El Gobierno debe prestar atención seria e inmediata a la seguridad de esos residentes, y mejorar las medidas para la prevención y la gestión de desastres. Las autoridades deberían hacer un seguimiento de esas comunidades, con el apoyo del Gobierno Central" (Apartado 31).

Además de este Informe, el Relator Especial también acaba de emitir un comunicado a raíz de la tragedia en Pisco, en donde señala su preocupación por la existencia de obstáculos y restricciones que limitan la coordinación de la ayuda a los más afectados en la región.

En este último comunicado, el Relator Especial insiste en que las viviendas cumplan el criterio de "habitabilidad" como un derecho de los seres humanos.

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Nota importante: Para acceder al Informe completo del Relator Especial de la ONU para la vivienda en el Perú, ingrese al siguiente vínculo electrónico:

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Algunos contenidos del Informe para una Vivienda Adecuada del Relator Especial de la ONU:

Comercial Milagros, foto Ceresis PUCP-Para el Relator Especial, los diversos programas de vivienda no están beneficiando a los más pobres, que representan el 25 por ciento de la población y que viven en las condiciones más precarias, sin capacidad de ahorro ni posibilidades de aportar una contribución para participar en estos programas.

-El Relator Especial recalca que es necesario abordar los problemas del sector de la vivienda en el Perú mediante una reorientación con un criterio que tenga en cuenta la "indivisibilidad" de los derechos humanos. Ese enfoque holístico debería servir de fuente de información para todas las políticas y actividades del Gobierno en todos los niveles, incluidas las asignaciones presupuestarias, para abordar conjuntamente cuestiones como la vivienda, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la electricidad y la protección contra el desahucio, garantizando al mismo tiempo un trato prioritario para la mujer y las comunidades vulnerables.

-El Relator Especial encontró que la situación de la vivienda en el Perú era grave.

-El déficit de viviendas se estima actualmente en 1,2 millones de unidades, lo que entraña la necesidad de construir 300.000 nuevas unidades de vivienda y de modernizar 900.000 unidades.

-Problemas de vivienda que afrontan las personas: falta de títulos, de servicios civiles (en particular agua) y de seguridad en la tenencia; viviendas construidas en zonas de alto riesgo y el hundimiento de tierras debido a actividades mineras; familias y comunidades expuestas al desahucio, la entrega de títulos sin los servicios públicos pertinentes; y la contaminación de los recursos naturales, en particular del agua y el aire. La falta de agua y de un saneamiento adecuados era motivo de especial preocupación para casi todas las comunidades pobres.

-No se atribuye suficiente prioridad y recursos a la situación de la vivienda en las zonas rurales y menos desarrolladas.

Conclusiones y Recomendaciones del Informe del Relator Especial:

48. Los problemas del sector de la vivienda en el Perú deben abordarse desde una perspectiva de los derechos humanos, tomando como base los principios de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. Ese enfoque holístico debe animar todas las políticas y actividades del Gobierno en todos los niveles, incluidas las asignaciones presupuestarias, de modo que se consideren conjuntamente cuestiones como la vivienda, el agua, el saneamiento, la electricidad y la protección contra el desalojo, garantizándose al mismo tiempo un trato prioritario a la mujer y a las comunidades vulnerables.

El Gobierno del Perú debe reestructurar su enfoque del grave problema de la vivienda y de la crisis de la tierra, otorgando prioridad a los fondos, los instrumentos, los programas y las leyes y políticas pertinentes, para centrarse en los esfuerzos e iniciativas de la población. Ese enfoque debe basarse a su vez en la primacía del enfoque de los derechos humanos, incluido el reconocimiento del valioso papel que pueden desempeñar la participación de la mujer y la producción de viviendas de interés social en la construcción de comunidades sostenibles.

49. Al mismo tiempo, el Relator Especial acoge con satisfacción la decisión del Gobierno del Perú de cursar una invitación abierta a los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, que considera una medida importante para el fomento de un diálogo constructivo y el fortalecimiento de los esfuerzos del Gobierno por cumplir con las obligaciones contraídas con la población respecto de la realización de los derechos enunciados en los instrumentos internacionales que ha ratificado.

50. Además de las recomendaciones contenidas en todo el informe, el Relator Especial presenta respetuosamente las siguientes recomendaciones para su consideración por el Gobierno del Perú y otras partes interesadas:

a) En la política nacional de vivienda deben tenerse en cuenta las obligaciones contraídas por el Perú en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes que el Perú ha ratificado. Debe alentarse a los poderes legislativo y ejecutivo del Gobierno a reincorporar el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en la revisión de la Constitución.

Caa rural reforzada con malla de alambre, foto Ceresis-PUCPb) Al perfeccionar y aplicar sus políticas y programas de vivienda, el Gobierno debería garantizar un proceso participatorio estableciendo una relación más estrecha y velando por la participación de la sociedad civil y de otras partes interesadas en el proceso de formulación de políticas.

c) Deberían establecerse vínculos más estrechos entre la política nacional de vivienda y otras políticas sectoriales y los esfuerzos actuales por elaborar un plan de acción nacional de los derechos humanos, para garantizar su compatibilidad y congruencia. La primera tarea consiste en preparar un estado de las necesidades del país e interpretar los datos desde una perspectiva de los derechos humanos. Ese enfoque también ayudará al Gobierno del Perú a alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio sobre la igualdad de la mujer, la reducción de los barrios de tugurios, el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas, en coherencia con las obligaciones del país en materia de derechos humanos.

d) Deberían elaborarse una legislación y políticas específicas, incluida la facilitación de subsidios y préstamos, para fortalecer los derechos de la mujer a la vivienda y a la tierra. Dicha legislación debería elaborarse en consulta con las mujeres afectadas, y debería centrarse generalmente en la realización de los derechos de las mujeres que viven en situaciones de pobreza, la protección de los hogares encabezados por mujeres y otras mujeres vulnerables cuyas viviendas y condiciones de vida sean inadecuadas.

e) Deberían elaborarse una legislación y políticas específicas para proteger a los arrendatarios pobres, incluidos los residentes en edificios históricos y ruinosos, contra el desalojo, y para mejorar su salud y condiciones de vivienda y de vida, que suelen suponer peligros mortales.

f) En las políticas y programas de vivienda debería hacerse más hincapié en los pobres y el sector más necesitado de la población, incluida una reorientación de los programas de financiación de viviendas existentes y la procuración de asistencia adicional mediante la cooperación internacional.

g) Es necesario que todos los niveles de gobierno reconozcan y apoyen el proceso de producción de viviendas de interés social y apoyen formas organizadas de viviendas de interés social como, por ejemplo, las cooperativas. En este contexto los planes de ahorro de microcréditos y comunitarios pueden ser más eficaces que los planes de financiación oficiales. Pueden aprovecharse lecciones útiles de planes como el plan de mejoramiento de la vivienda familiar de la Ciudad de México (México).

h) Deberían elaborarse políticas de vivienda rural apropiadas, teniendo en cuenta el contexto actual de descentralización y la potenciación de los gobiernos regionales y locales. El Gobierno debe tratar de aprovechar la experiencia de otros países, como México, que han establecido una red de institutos de vivienda en todo su territorio.

i) Deben revisarse las políticas y prácticas actuales de concesión de títulos de propiedad para aclarar las responsabilidades y procesos institucionales. Deben armonizarse los mandatos de instituciones como la COFOPRI con las obligaciones del Perú en materia de derechos humanos. Partiendo de éstas, la Defensoría del Pueblo o algún otro órgano independiente apropiado podría realizar un estudio independiente de esas instituciones y la práctica de conceder derechos de tenencia, como se propugna en la publicación de Hernando de Soto y en las políticas del Banco Mundial.

j) El Gobierno debe realizar una evaluación a fondo de las políticas y prácticas actuales en materia de desalojos para garantizar la protección de los derechos de las personas.

k) Aunque, naturalmente, la puesta en marcha de la política y los programas nacionales de vivienda es muy reciente, y ya se están acusando algunos adelantos, la situación general de la vivienda en el Perú requiere que, en ciertos casos, el Gobierno adopte medidas inmediatas y proporcione asistencia de emergencia. El Relator Especial recomienda que el Gobierno considere la posibilidad de desarrollar un programa humanitario en la esfera de la vivienda, en particular la evaluación de zonas donde las condiciones de vivienda sean especialmente peligrosas.

l) El Gobierno debería actuar con más celeridad para mitigar la crisis de alojamiento y de tierras suscitada por la actuación desenfrenada de las empresas privadas, como en Tambogrande y La Oroya. El Gobierno debe velar por que no se repitan situaciones como ésas y por el rechazo de las políticas de mundialización, en los planos regional e internacional, en cuanto comprometan los derechos humanos de los residentes del Perú.

m) El Gobierno debería proceder con la mayor cautela en relación con la privatización de la vivienda, en particular de los servicios esenciales de agua, saneamiento y electricidad, para garantizar que no se comprometan los derechos humanos de los residentes del Perú, en particular los de las mujeres y los pobres.

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