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Colombia: El Relator especial cuestiona situación de derechos indígenas en reciente informe

Servindi, 14 de enero, 2009.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas, James Anaya, presentó un informe sobre la situación de los pueblos originarios en Colombia y allí concluyó que las leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país.

El profesor norteamericano de raíces apache elaboró este informe luego de visitar el país sudamericano entre el 22 y 27 de julio del 2009.

Además, Anaya presentó sus observaciones en el contexto de seguimiento a las recomendaciones su predecesor, Rodolfo Stavenhagen, hechas en su informe de 2004.

El informe demuestra también que la situación de los indígenas resulta exacerbada e intensificada por causa del conflicto armado interno que aflige al país.

He recibido información sobre una situación sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de desplazamiento forzado y confinamientos, que amenaza a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas del país sostuvo el texto del Relator.

A pesar del nivel importante de atención de parte del Estado de Colombia a los asuntos indígenas, el informe revela que todavía existen grandes desafíos que debe enfrentar el Gobierno para cumplir con sus obligaciones de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas.

Ello incluye mayormente las materias de derechos a tierras y recursos naturales y la consulta previa con los pueblos indígenas en decisiones que les afectan. A la misma vez, existen brechas significativas en el efectivo disfrute en general de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas con respecto al promedio general de la población.

Al final de su informe, el Relator Especial presenta una serie de recomendaciones con el fin de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y compromisos del Estado en esta materia.

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