Asistencia técnica agraria y diversificar producción con participación universitaria

Verónika Mendoza también estuvo en distritos populares de Lima con propuestas concretas

- Candidata Verónika Mendoza expone propuestas en Cusco, Puno y Cajamarca, acompañada del líder ambientalista Marco Arana.

Servindi, 17 de noviembre, 2015.- La candidata del Frente Amplio Verónika Mendoza propuso priorizar la asistencia técnica y capacitación a favor de los  pequeños y medianos agricultores, así como diversificar la producción para superar nuestra dependencia por la exportación de materias primas.

Ambas propuestas las formuló en Paruro, Puno y en la Universidad Nacional de Cajamarca, donde estuvo acompañada del líder ambientalista Marco Arana Zegarra y Pedro Francke, coordinador de Plan de Gobierno del Frente Amplio.

Diversificación productiva

Verónika Mendoza planteó que un gobierno del Frente Amplio impulsará decididamente la investigación y el desarrollo de ciencia y tecnología para lograr la diversificación productiva y así superar la dependencia de nuestro país de la exportación de manterias primas.

“Ahora vivimos una caída en el precio de los minerales y ya empezamos a sentir los problemas económicos. Nosotros dijimos mucho antes que se iniciara esta crisis económica que el boom de los precios de los minerales no iba a durar para siempre, que el Perú requiere con urgencia diversificar su economía y potenciar las capacidades productivas de cada región”, señaló Mendoza.

Por una reforma universitaria

Ante cientos de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca propuso una alianza con las universidades, las mismas que deben ser protagonistas de este proceso de diversificación productiva.

“Necesitamos una verdadera reforma universitaria, no solo una Ley”, y destacó que para el Frente Amplio será una prioridad impulsar el acceso universal a una educación gratuita y de calidad.

“Actualmente nuestras universidades producen muy poca investigación en comparación a sus pares de Latinoamérica: es necesario invertir más en investigación y vincularla al desarrollo productivo nacional”, señaló.

Para lograrlo, la candidata se comprometió a cumplir con la homologación docente. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas sigue resistiéndose a cumplir con esta obligación, pero lo cierto es que los salarios de un docente principal en el Perú son de un promedio de 1400 dólares, mientras que en otros países de la región esa cifra alcanza los 5300 dólares.

“Con salarios insuficientes, los docentes no pueden dedicarse plenamente a la investigación pues deben complementar sus ingresos con otras labores”, señaló Mendoza.

De igual forma se comprometió a continuar y profundizar el proceso de ordenamiento del ámbito universitario iniciado con la nueva Ley Universitaria, poniendo como metas la acreditación de la calidad universitaria, regular el lucro en la educación y recuperar el sentido de la educación como derecho fundamental al servicio de la gente.

“La universidad debe ser aliada del desarrollo productivo regional, no solo identificando las potencialidades de cada localidad sino promoviendo el valor agregado y desarrollando las tecnologías adecuadas para cada territorio”, señaló.

La candidata también señaló el rol fundamental de las universidades para la formación de ciudadanía activa y pensamiento crítico, destacando el compromiso social de los estudiantes.

“Al mismo tiempo, la universidad debe partir de un enfoque intercultural y rescatar los conocimientos milenarios de nuestros pueblos, especialmente en lo que se refiere a la biodiversidad del país, la gestión del territorio y los diversos usos de nuestros recursos genéticos”, aseguró.

Atención prioritaria a campesinos

En Puno y en Cusco la candidata a la presidencia reafirmó que “en un gobierno del Frente Amplio la agricultura será uno de los motores de la reactivación económica y la diversificación productiva”.

“Somos un país megadiverso, con una riqueza agropecuaria y de conocimiento agrícola transmitida por generaciones, y no es posible que las familias campesinas sigan abandonadas por el Estado y en situación de pobreza”, señaló.

“Actualmente solo el 4 por ciento de los campesinos y campesinas del Perú recibe algún tipo de asistencia técnica y capacitación por parte del Estado”.

“En un gobierno del Frente Amplio multiplicaremos esa cifra con el objetivo de mejorar la productividad de nuestro campo y la calidad de vida de los agricultores. En cinco años llegaremos a 750 mil familias campesinas beneficiadas con programas de asistencia técnica”, planteó.

“El Estado movilizará más recursos directos para acelerar los procesos de mejoramiento técnico, pequeños sistemas de riego, fertilización, asesoría para llegar a los mercados regionales e internacionales”.

“Pero también impulsaremos la generación de valor agregado para transformar nuestra riqueza agropecuaria en productos elaborados de gran demanda en el mercado” afirmó la candidata cusqueña.

Al llegar a 750 mil familias campesinas con asistencia y capacitación, casi cuatro millones de peruanos y peruanas se verán directamente beneficiados al producir más y mejor, obteniendo mejores rendimientos de sus cosechas y mayores ganancias de la venta de productos.

Ello generaría una verdadera revolución en la calidad de vida de quienes se dedican a la actividad agrícola y que producen aproximadamente el 70 por ciento de los alimentos que consume el país, señaló.

La meta busca incrementar significativamente el presupuesto y número de beneficiarios de programas como Haku Wiñay, que siendo un programa positivo ha llegado apenas al 4 por ciento de familias campesinas.

En términos de presupuesto eso significa pasar de los actuales 100 millones de soles al año a unos 2 mil millones de soles, a fin de saldar la deuda histórica que tiene el país con los hombres y mujeres que trabajan la tierra.

Por su parte Marco Arana destacó la necesidad de potenciar actividades económicas sostenibles como la agricultura, la ganadería, el turismo, que tienen gran impacto en generación de empleo.

Para ello es fundamental promover un ordenamiento territorial participativo y garantizar el acceso al agua para los pequeños y medianos agricultores.