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Acusan responsabilidad del Estado ecuatoriano por violar derechos de pueblos en aislamiento

https://youtu.be/LEdxuoxc0Sg

- Piden se declare la violación a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane por acciones y omisiones del Estado Ecuatoriano y se ordenen medidas de reparación.

Servindi, 30 de octubre, 2015.- Una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el jueves 29 de octubre ventiló la responsabilidad del Estado de Ecuador en la grave situación que atraviesan los pueblos Tagaeri y Taromenane, en situación de aislamiento.

La sesión debatió la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de ambos pueblos que protagonizaron enfrentamientos en los años 2003, 2006 y 2013.

En aquellos luctuosos acontecimientos aproximadamente, sesenta personas, entre niños, niñas y mujeres, fueron asesinados poniendo en grave peligro su como integridad como pueblos.

En la audiencia participaron los abogados Mario Melo Cevallos, Ramiro Ávila Santamaría, Pablo Piedra y David Cordero Heredia en representación de los peticionarios Fernando Ponce Villacís, Colectivo Yasunidos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Por parte del Estado participaron funcionarios del Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. La defensa del estado negó que la actividad petrolera se relacione con las masacres, habló sobre la implementación de las medidas cautelares y culpó de las masacres a la nacionalidad Waorani.

Según los peticionarios la nacionalidad indígena Waorani convive con los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, y no se puede concebir un plan de protección a estos pueblos que no incluya la protección a la nacionalidad Waorani.

Como lo ha expresado en el pasado líderes de esta nacionalidad es la explotación petrolera, con sus carreteras, colonización y contaminación las que han generado los conflictos en la zona.

La protección de los Waorani y de la posibilidad de que puedan mantener su cultura en un territorio adecuado son medidas fundamentales para disminuir la presión sobre el territorio de los pueblos aislados.

Para que ello ocurra es indispensable asumir que la principal actividad que genera estos problemas y que está bajo directo control del Estado es la petrolera, señalan los peticionarios.

Importante testimonio

El testigo Eduardo Pichilinge, ex director del programa de medidas cautelares en el Ministerio de Ambiente (MAE), demostró en la audiencia como varios requerimientos del MAE de suspender actividad petrolera en la zona fueron desatendidos por el Ministerio de Recursos no Renovables.

Así mismo mostró como varios mapas que contenían los indicios de presencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane fueron alterados para obtener el consentimiento de la Asamblea Nacional para explotar los bloques 31 y 43 (ITT).

Antecedentes

El 2006 la CIDH dictó medidas cautelares a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane, obligando al Estado de Ecuador a prevenir nuevas agresiones.

Sin embargo, la ampliación de la frontera petrolera, el abandono y contacto violento con la nacionalidad Waorani, y la concesión petrolera de un área perteneciente a la zona intangible condujeron a que en 2013 los eventos de violencia se repitan.

Cabe señalar que diversos estamentos de la sociedad civil advirtieron el contexto de tensión, denunciaron la pasividad del Estado de Ecuador ante la colonización e incluso acusaron su complicidad al adjudicar territorios de pueblos indígenas.

Pedidos de fondo

Los peticionarios sostienen que ante la posibilidad inminente del exterminio de los pueblos Tagaeri y Taromenane, cualquier consideración económica debe pasar a segundo plano. No se puede poner precio en barriles de petróleo a la vida.

Al finalizar la audiencia se solicitó a la Comisión que declare la violación a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane por acciones y omisiones del Estado Ecuatoriano y que se ordene como medidas de reparación las siguientes:

  • Detener la expansión de las actividades petroleras, construcción de carreteras y colonización en el territorio de los pueblos en aislamiento.
  • Retirar ordenadamente las actividades petroleras que ya se encuentran en ejecución dentro del territorio de los pueblos en aislamiento.
  • Delimitar el territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane según los estándares del Sistema Interamericano, es decir basado en el uso ancestral y no en los bloques petroleros.
  • Revocar las adjudicaciones realizadas en territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la nacionalidad Waorani.
  • Atender las necesidades de la nacionalidad Waorani, entre las que se encuentran el respeto a su territorio, así como el respeto de sus derechos colectivos y económicos, sociales y culturales, sin condicionar estos a la firma de convenios en donde acceden a la realización de actividades extractivas.
  • Que se investigue seriamente las matanzas, dejando en claro la responsabilidad de funcionarios públicos, empresas petroleras y madereras, de manera que la sociedad conozca la verdad de los hechos y así procurar que estos no se vuelvan a repetir.

Amenaza intolerable

Al final de la audiencia la dirigente waorani Alicia Cahuiya, quien participó como testigo de los peticionarios, fue amenazada por uno de los miembros de la comitiva del Estado.

La situación se puso de inmediato en conocimiento de la CIDH, instancia de defensa de derechos humanos que el lunes 26 de octubre concedió la solicitud de medidas cautelares y ordenó al Estado Ecuatoriano proteger la vida y la integridad de Alicia Cahuiya.

La CONAIE se solidarizó con la compañera Cahuiya, reconoció su valiente lucha por los derechos de su nacionalidad, así como la de los pueblos en aislamiento voluntario y responsabiliza al Estado Ecuatoriano por cualquier afectación a su seguridad.

Acceda a la decisión de las medidas cautelares de la CIDH a favor de Alicia Cahuiya en el siguiente enlace:

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