Foto: Cusco Press
- Contundente marcha que se inició ayer miércoles tiene el respaldo del Gobierno Regional. Participan organizaciones culturales, sindicales, estudiantiles, entre otras.
Servindi, 22 de octubre, 2015.- El Decreto Legislativo 1198 que promueve la entrega de la administración de bienes patrimoniales a grupos empresariales mantiene movilizados a miles de personas en la región Cusco, en el marco de un paro de 48 horas convocado por diversos gremios.
Los cusqueños dejaron sus actividades cotidianas para salir pacíficamente a las calles en rechazo a esta norma que, sostienen, afectará el turismo, sector que después de la minería y los hidrocarburos, representa los mayores ingresos para la región.
La publicación del decreto se dio el martes 20 de este mes, el mismo que modifica el artículo 6.1 de la Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, para facultar al Estado la concesión de una parte importante del patrimonio monumental del país.
En la actualidad los complejos incas y preincas, en cuatro provincias del Cusco, se encuentran bajo la tutela del Comité de Servicios Integrales Turístico-Culturales (Cosituc) y la Dirección Desconcentrada Cusco del Ministerio de Cultura.
Es así que para el año 2014 el primero recaudó S/. 65 millones 471 mil por la venta del Boleto Turístico, el cual permite visitar complejos como Sacsayhuaman, Pisac, Chinchero, Ollantaytambo, entre otros.
Lo recaudado, tal como lo explica La República, se distribuye en forma diferenciada a las comunas donde se ubican los bienes inmuebles incas, a nivel provincial como distrital, además de que un porcentaje va dirigido a las antes citadas entidades administradoras de los espacios.
En el caso de Machu Picchu, administrado por el sector Cultura directamente, la norma no le alcanzaría por tratarse de patrimonio mundial. Este mismo candado aplicaría para el Centro Histórico de Cusco y los caminos incas del Qhapaq Ñan.
La respuesta de la ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón ha sido de que la norma no permite que se privatice el patrimonio cultural sino que apunta a su revaloración.
"No es una cosa nueva la que hemos sacado, es simplemente un mecanismo que facilita el poder hacer convenios de gestión y poner en valor los lugares arqueológicos", indicó a Canal N.
Señaló además que la norma no es obligatoria y que si Cusco no desea aplicarla, está en su derecho.
Lo cierto es que la norma, aprobada por el Ejecutivo en setiembre, y recién publicada esta semana, ha sido blanco de numerosas críticas. Solo en Cusco académicos y representantes de organizaciones sociales han manifestado su rechazo desde que se enteraron de su existencia.
Wilfredo Álvarez, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC) señaló que si la norma no se deroga, "se viene una huelga indefinida".
De otro lado organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), que tiene como base en la región a la Federación Agraria Regional Túpac Amaru, han señalado que el decreto en cuestión "representa una continuidad de la nefasta flexibilización de normas que solo ponen en valor monetario las riquezas culturales".
Las protestas han paralizado varios puntos de la región. Las clases escolares se encuentran suspendidas.
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