Servindi, 6 de octubre, 2015.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones civiles internacionales condenaron el desalojo de 13 familias indígenas efectuado por policías y guardias privados de la empresa Ecuacorriente S.A., en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.
Para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se trató de un hecho que tendría como fondo la intimidación y que se enmarcaría en una política de "hostigamiento, represión y/o criminalización a personas que critican los proyectos mineros a gran escala".
En el caso de la citada empresa, de capitales chinos pero registrada en Canadá, sus intereses están puestos en su proyecto Mirador, que se ubica en la zona y el cual ya ha sido motivo de serios cuestionamientos por parte de diversos actores.
La FIDH, que agrupa a organizaciones nacionales de derechos humanos de 120 países, señaló que sus miembros esperan el cese inmediato de este tipo de acciones.
"Se insta a que se haga cumplir la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes en esta materia a través de la implementación de los mecanismos oportunos", señala el organismo.
Asimismo, pide al Estado canadiense a asegurarse "que las empresas registradas en Canadá, como la empresa china arriba mencionada, respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas."
Foto: fb.com/conaie.org - Luis Sánchez
El "desalojo"
Los hechos se remontan al 30 de setiembre, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, cuando 135 efectivos policiales antimotines ingresaron a la zona custodiando la maquinaria pesada que se usó para derribar las viviendas de las familias, todas ellas de nacionalidad Shuar.
Uno de los primeros que informó sobre lo sucedido, fue Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, cuando se encontraba camino al lugar ante la alerta por lo ocurrido.
Más tarde, Jorge Herrera, presidente del Consejo de Gobierno de la CONAIE, a través de un comunicado, denunció que el desalojo se ejecutó “de manera violenta sin ninguna notificación previa, invadiendo territorios comunitarios”.
El comunicado asegura que lo ocurrido violenta normas de la Constitución sobre pueblos originarios y el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Según el Ministerio del Interior, el operativo que terminó en el desalojo de las 13 familias y la destrucción de sus viviendas se dio con la finalidad de hacer efectiva la servidumbre minera otorgada a la empresa trasnacional china Ecuacorriente S. A.
Para ello, explicó el citado portafolio, se notificó a las familias con varios meses de anticipación. Esta afirmación, sin embargo, no es cierta para las familias, que señalan que los efectivos y guardias privados llegaron sin previo aviso.
Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), sostuvo que si bien el operativo se cumplió luego de una orden judicial, la población desconocía información alguna sobre las notificaciones.
Y agregó que las personas afectadas actualmente se encuentran como “refugiados” en las casas de sus familiares, mientras que otros se albergan en la escuela de la comunidad.
Acoso
Por su parte, William Sacher, investigador del Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Universidad Central denunció que los moradores son “víctimas de acoso, vigilancia permanente, e incluso, han sufrido ataques directos a su integridad física”.
Esto debido a que no quieren vender sus tierras ni aceptar las compensaciones que le ofrecen la empresa minera, por lo que ahora han creado un clima hostil haciendo ingresar vigilantes y ocupando las vías principales con sus automotores.
“El territorio parece dominado espacial y simbólicamente por la empresa” desde el acceso a la zona, a través del puente sobre el río Zamora. A partir de ese espacio priman letreros de propiedad privada, confirmó Sacher a La Hora.
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