- Gobierno liquida Fondo Indígena envuelto en irregularidades y denuncias de corrupción y diseña nuevo Fondo de Desarrollo Indígena.
Servindi, 30 de agosto, 2015.- El Gobierno de Bolivia decidió liquidar el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCCF) el cual dejó de operar sumido en denuncias de corrupción después de nueve años y ocho meses de vigencia.
En su reemplazo se crea el Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc) el cual comenzará a funcionar con el 50% de los recursos que quedan para esta gestión del Fondo Indígena anterior. La otra mitad será ejecutada por la unidad de liquidación del Fondo Indígena.
La creación del nuevo Fondo de Desarrollo se adoptó mediante el Decreto Supremo 2493 expedido el miércoles 26 de agosto pero hecho público recién el sábado 29 de agosto. Su diseño presenta cambios en la estructura, administración, política y gestión respecto del fondo anterior.
Irregularidades del viejo fondo
Según el informe presentado por la interventora Larisa Fuentes las irregularidades en el Fondo Indígena habrían generado un daño económico al Estado no menor a 14,5 millones de bolivianos -aproximadamente 2 millones 100 mil dólares- por la no ejecución de 30 obras productivas rurales, consideradas "fantasmas".
Sin embargo el daño puede alcanzar los 102 millones de bolivianos considerando que están pendientes de auditoría 713 proyectos "con plazo no vigente", detalló la interventora.
El informe de la Contraloría dio cuenta en febrero de 2015 que el daño económico al Estado, por parte de ejecutivos de esa repartición y dirigentes sindicales, llegó a 71 millones de bolivianos por 153 proyectos de desarrollo productivo inconclusos.
Actualmente tres ejecutivos del Fondo están acusados por el uso irregular del dinero. Marco Aramayo y Julia Parra se encuentran detenidos preventivamente y Daniel Zapata, se halla está prófugo.
En la acusación también están implicados al menos 90 dirigentes campesinos e indígenas, quienes habrían recibido dinero en cuentas bancarias personales.
En la lista de acusadas se encuentra Felipa Huanca, exdirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, quien afirmó que no cometió ningún tipo de irregularidad en el manejo de los proyectos, por lo que presentó todos los descargos.
Ella pidió un informe a la interventora sobre su presunta vinculación en los proyectos fantasma.
Según el nuevo decreto la interventora Larisa Fuentes dirigirá el proceso de liquidación del Fondo Indígena por el periodo de un año.
Uno de sus principales objetivos es continuar con los procesos jurídicos en contra de los ejecutivos y dirigentes que resulten responsables del manejo irregular de los fondos económicos.
El nuevo Fondo
Uno de los cambios fundamentales operados en el nuevo Fondo es que estará a cargo de un Director General Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema, y ya no contará con un directorio, como en la anterior administración sino con un Consejo Consultivo.
La finalidad es gestionar, financiar, ejecutar y fiscalizar programas de proyectos para el desarrollo productivo rural, y no tanto proyectos de fortalecimiento institucional, tales como cursos y talleres de capacitación.
Son parte del Consejo Consultivo seis ministerios: de Desarrollo Rural y Tierras (que ejerce la presidencia), de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Medio Ambiente y Agua, de Planificación del Desarrollo, y de Economía y Finanzas Públicas.
También lo integran los máximos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- Bartolina Sisa (CNMIOCB-BS).
También se agrega a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Indígenas Originarios de Bolivia (CSIOB).
El Consejo es esencialmente una instancia deliberativa, participativa y de formulación de propuestas de políticas y planes para el fomento del desarrollo productivo. Entre sus funciones también está realizar evaluaciones anuales, hacer recomendaciones y fiscalizar los programas y proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo.
Entre las fuentes de financiamiento se ratifica el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) monto que será deducido del saldo correspondiente al Tesoro General de la Nación (TGN). También se habilita a las donaciones o créditos, internos o externos con el fin de ayudar al desarrollo.
Para su propio funcionamiento, el Fondo de Desarrollo sólo podrá usar hasta el 2,5% del dinero que administrará y no el 4% como sucedía en el Fondo Indígena.
El Fondo de Desarrolló podrá realizar contrataciones directas, para lo cual deberá presentar la información ante la Contraloría General del Estado. Además, deberá registrar este procedimiento en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), siempre y cuando el monto de la obra, bien o servicio tenga un costo mayor a los 20.000 bolivianos.
Participación y exclusión
La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B) no tienen representación dentro de la estructura del nuevo Fondo de Desarrollo.
Domingo Julián, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), afirmó ante la red ERBOL que la exclusión de su representada es una una represalia del Gobierno por los bloqueos que efectuaron en Takovo Mora y que desembocaron en una represión policial.
"Nosotros la hemos peleado bastante (para contar con un fondo para los proyectos), pero otras personas que no han luchado son dueños del Fondo”, lamentó Julián.
A diferencia del fondo anterior el nuevo Fondo de Desarrollo dispone que el Consejo Consultivo no recibirá dietas por participar en las reuniones.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró ayer a ABI que existe equidad y justicia en la investigación del Fondo Indígena, que se evidencia en la identificación de “masistas y no masistas” como presuntos responsables de los malos manejos económicos.
“Está el señor Damián Condori, pero también la señora Felipa Huanca, el señor Adolfo Chávez, pero también la señora Julia Ramos, por lo tanto se ha obrado con equidad, con justicia y creo que la intervención ha logrado sus resultados y ello allana el camino para la reestructuración”, señaló.
Temen que nada cambie en la nueva instancia
Rolando Villena, Defensor del Pueblo, estima que es necesario llegar al final de las investigaciones "en aras de sentar un precedente y contra aquellas personas que se han beneficiado”.
Apuntó que aparte de las personas relacionadas con los malos manejos, "hay un entorno muy cercano a quienes usaron este poder, que son los asesores, los técnicos que han sido los que, a lo mejor, se llevaron la mejor parte”.
Eduardo León, abogado del diputado de oposición Rafael Quispe, quien también fue implicado en este caso, indicó que la aprobación del decreto de creación del Fondo de Desarrollo Indígena es "pura pantalla”.
Sostuvo que se trata de un "acto de maniobra que se está haciendo realmente preocupante”, porque se estaría procurando excluir a los verdaderos autores de la pérdida de 49 millones de bolivianos del Fondo Indígena.
Lo que se pretende es salvar de la justicia a los dirigentes oficialistas, quienes "se han llevado siete millones de dólares a cuentas particulares”.
Vía libre para contrataciones
El Decreto Supremo 2493, de creación del Fondo de Desarrollo Indígena, establece que esa instancia podrá realizar contrataciones directas para las obras, bienes y servicios, destinados a la ejecución de programas y proyectos productivos rurales.
Estos contratos deberán ser aprobados mediante una resolución expresa emitida por la máxima autoridad ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena. Además, tras la contratación directa, la información debe ser presentada ante la Contraloría General del Estado.
Asimismo, se deberá registrar las contrataciones en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), sólo si tienen que ver con montos superiores a los 20.000 bolivianos.
El otrora Fondo Indígena no tenía la posibilidad de realizar este tipo de procesos; ahora, el Fondo de Desarrollo podrá invertir incluso en proyectos estratégicos con la coparticipación del Gobierno central, las gobernaciones y los municipios.
En la Ley de Incentivos que prepara el Gobierno, se pretende que el Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc) invierta en proyectos hidrocarburíferos y se convierta en socio, al igual que municipios y gobernaciones, dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, citado en una nota de prensa institucional.
Sánchez explicó que, con la Ley de Incentivos, se busca que las entidades estatales, que reciben dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), inviertan sus recursos en esta área.
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