Balance de los conflictos entre el Estado, las empresas extractivas y los pueblos indígenas

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

9 de agosto, 2015.- Son varias las causas de los conflictos entre las comunidades campesinas y nativas, el Estado y las  empresas extractivas; sin embargo, el origen de buena pare de estas se encuentra en la cuestión de los recursos naturales mineros, hidrocarburiferos, forestales (entre otros) que se encuentran debajo de los territorios de los pueblos indígenas, aquellos que hoy protestan.

A continuación, exponemos un balance de los principales conflictos vigentes en el país:

1. La consulta del Lote 192, tras los graves impactos dejados tras 40 años de explotación petrolera irresponsable (región de Loreto)

En estos momentos, nos encontramos en pleno proceso de consulta previa, el cual es importante, pues marca una gran diferencia con las consultas realizadas anteriormente (que incluso fueron cuestionadas por el propio relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas). Las organizaciones indígenas Fediquep (Federación indigena de Kichwas y achuares del río Pastaza) y Feconaco (Federación de comunidades nativas del río Corrientes), con el respaldo de Acodecospat (Asociación Cocama de desarrollo y conservación San Pablo de Tipishca), tras los procesos de evaluación interna, han planteado la necesidad de un fondo social. No obstante, hasta la fecha el Estado no ha dado respuesta a este planteamiento. Este proceso es muy importante, pues elevara los estándares y sentará un precedente sobre cómo hacer consulta en serio.

2. Omisión de consulta de Lote 116 (región de Amazonas)

El Gobierno ha autorizado la exploración de este lote petrolero sin antes haber consultado a los pueblos indígenas awajun y wampis, a pesar que se trata de una actividad que tendrá  importantes y graves impactos en el hábitat de ambos pueblos. Al respecto, se ha interpuesto una demanda de amparo –por las comunidades nativas, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal– contra el Ministerio de Economía y Finanzas. El juez del Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima aún no ha resuelto el caso.

3. Derrames de petróleo en ríos amazónicos (región de Loreto)

Como consecuencia de la falta de adecuación del Oleoducto Norperuano al Reglamento de transporte de petróleo a través de ducto, aprobado por el Decreto Supremo N.° 081-2007-EM, han ocurrido varios derrames. Si bien no se descarta la existencia de actos de sabotaje, es evidente que estamos ante un grave problema de negligencia de la empresa estatal Petroperú. Estos derrames son sumamente peligrosos, ya que impiden a los pueblos indígenas que habitan en la zona el consumo de agua o pescado (lo que incluye la realización de la pesca como actividad económica), poniendo en peligro su subsistencia física y cultural como pueblos indígenas. El caso ha sido judicializado, con el apoyo de Instituto de Defensa Legal y el Vicariato de Iquitos, a través de un proceso de cumplimiento en el que exige atención de salud al Estado a las poblaciones nativas afectadas. Este se encuentra pendiente de ser resuelto.

4. El proceso de consulta previa del proyecto de Hidrovía Amazónica (región de Loreto)

El proyecto tiene como objetivo hacer más navegables los ríos amazónicos Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas, a través del dragado de algunas zonas denominadas malos pasos. Sin embargo, los pueblos indígenas kukamas tienen miedo que este proyecto les afecte, fundamentalmente por dos razones: porque el río Marañón es sagrado y por que la pesca es su principal actividad económica. Los pueblos acaban de ganar una demanda de amparo con el apoyo de Instituto de Defensa Legal y el Vicariato de Iquitos, exigiendo al Gobierno consultar dicho proyecto. El juez ha sido muy claro, ha ordenado la suspensión de todo el proyecto y la consulta a todos los pueblos indígenas afectados. En el proceso de consulta, acaba de concluir la etapa de evaluación interna; sin embargo, los pueblos indígenas afectados piden regresar a esta etapa, pues consideran que fue realizada muy velozmente y en forma insuficiente. Además, existe mucha desconfianza, ya que la información es confusa y contradictoria (Proinversión habla de 4 malos pasos, mientras la Marina de Guerra habla de 14; las comunidades, por otro lado, contabilizan una mayor cantidad). Por último, el Estado no ha brindado información sobre otros asuntos que son necesarios para el proceso de consulta.

5. Omisión de pago de servidumbres petroleras (región de Loreto)

Muchas comunidades nativas están pidiendo al Gobierno el pago por el uso de su territorio por parte de empresas petroleras. En este caso, el problema es que el Estado ha entregado estas tierras en servidumbre gratuita (derecho de uso), como si es fuesen territorios del Estado, desconociendo que de acuerdo al Derecho Internacional, los pueblos indígenas tienen propiedad de los territorios que hayan usado ancestralmente; es decir, que han ocupado siempre, razón por la cual estamos ante servidumbres que son nulas por desconocer normas internacionales. Al respecto, Fediquep, Feconaco y Acodecospat acaban de presentar demanda de amparo contra estas servidumbres gratuitas dadas al gobierno en los lotes 192 y 8, con el apoyo de Instituto de Defensa Legal e IDLADS, a efectos que el Gobierno Regional de Loreto titule el territorio ancestral de las comunidades nativas.

6. Omisión de titulación de territorios de pueblos indígenas (regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali y Junín)

A pesar que el Estado está en la obligación de titular los territorios de los pueblos indígenas, como consecuencia de su obligación de proteger el derecho a la propiedad indígena, no lo ha hecho, desconociendo la importancia que estos tienen para los pueblos indígenas. Esto genera no solo la indefensión de los pueblos indígenas, sino que madereros y mineros ilegales ingresen a estos territorios y exploten sus recursos naturales de espaldas a los pueblos indígenas. En estos momentos, numerosas comunidades nativas están exigiendo la titulación de sus territorios en sede judicial. Es el caso de las comunidades de Nuevo Amaneces y Centro Kiteriaro (en Pichanaqui y en Cerro de Pasco) y de las comunidades de Korim Bari y Flor de Ucayali (en Ucayali), con el apoyo de Instituto de Defensa Legal.

7. Ejecución de actividades extractivas en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el Lote 88 (regiones de Cusco, Ucayali y Madre de Dios)

A pesar que hay normas que establecen claramente que no se pueden realizar actividades de exploración y de explotación de recursos en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIAVCI), el Gobierno ha autorizado la ampliación  de la exploración del lote 88, sobre las reservas territoriales Kugapakori Nahua, Nanti y otras, desconociendo que estos PIAVCI tienen una extremada vulnerabilidad inmunológica, ambiental y social, razón por la que dependen mucho de su hábitat y no están preparados para el contacto con la sociedad mayoritaria. En estos momentos se ha judicializado la suspensión de la ampliación de la exploración.

8. Denuncias contra el Gobierno por su inactividad ante la contaminación en Espinar (región de Cusco)

Diferentes denuncias han revelado que existen metales pesados tóxicos en la sangre de los pobladores de Espinar, dentro del área de influencia de actividades mineras, sin embargo el Estado no ha hecho nada para remediar esto, más allá de diagnósticos aislados. Independientemente de la causa de esta contaminación, sea natural o por actividad minera, es evidente que el sector salud debe entrar a atender a esta población afectada. Se viene preparando una demanda contra el Estado por estas razones. Por otro lado, se acaba de presentar una demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Cusco (Diresa de Cusco), por no atender la salud de las personas contaminadas. La demanda ha sido admitida por el Poder Judicial. Sobre esta, la Diresa de Cusco ha reconocido que el Plan de Intervención Integral a las personas afectadas no fue implementado por falta de presupuesto del Gobierno Regional de Cusco y el Ministerio de Salud.

9. Omisión de consulta de construcción de línea de trasmisión de electricidad Moyobamba (región de Iquitos)

Se trata de un proyecto importantísimo para Iquitos que busca dotar de energía eléctrica a la ciudad de Moyobamba, en la región de San Martín, pero que no contempla dotar de electricidad a las comunidades que piensa atravesar en su recorrido. A pesar del evidente impacto que este generará, pues se deforestara un camino de un ancho de 50 metros en plena selva, este proyecto no ha sido consultado. Muchos proyectos del Estado para crear infraestructura tampoco han sido consultados con las comunidades campesinas y nativas afectadas, tal como lo exige el ordenamiento jurídico, a pesar de los impactos que generará en estas comunidades. Por ejemplo, es el caso del proyecto Majes Siguas II, entre Cusco y Arequipa, o de las cerca de 25 represas que se piensa construir en el marco del proyecto IIRSA entre Perú y Brasil, con la finalidad de que este último pueda trasladar sus productos hacia el Océano Pacífico. Es muy probable que ocurran muchos conflictos en esta clase de temas que el Estado parece no haber observar.

10. Actividad minera en cabecera de ríos del Cenepa (región de Amazonas)

A pesar que se trata de un territorio ancestral del pueblo awajún, y de estar hablando de bosques amazónicos húmedos de enorme importancia ambiental, el Estado ha entregado concesiones mineras sobre estos de espaldas a los pueblos indígenas awajún. Es más, cuando los pueblos indígenas pidieron la titulación de sus territorios, el Gobierno les ofreció, en vez de titulación, crear el Parque Nacional Ichigkat Muja, aprobándose la creación de este, luego de un largo proceso de consulta, sin embargo, al momento de recoger el acuerdo en una norma, recortó el área del parque para favorecer la entrega de concesiones mineras a favor de varias empresas mineras, como Afrodita, dentro del territorio inicialmente destinado a la creación del parque, traicionando e incumpliendo el acuerdo inicial.

En estos momentos, Odecofroc ha interpuesto una demanda de amparo, con el apoyo de Perú Equidad, contra la omisión de consulta de estas concesiones mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas. De igual manera, existe otra demanda de amparo contra el Gobierno interpuesta por Odecofroc, en la que se contó con el apoyo legal de Instituto de Defensa Legal, por recortar de manera inconsulta el Parque Ichigkat Muja, de 15,0000 km²que era el acuerdo original con los pueblos indígenas, a 80,000 km² de forma inconsulta, con la finalidad de beneficiar a empresas mineras ligadas al Gobierno.

11. Criminalización de líderes indígenas por la defensa de su territorio

Muchos dirigentes indígenas vienen siendo procesados por formar parte de protestas en defensa de sus territorios y de los recursos naturales que existen en ellos, que garantizan la supervivencia de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Se trata muchas veces de actos de fuerza que se realizan tras haber agotado los mecanismos institucionales de queja o denuncia de demandas al Gobierno; evidentemente, se trata de actos que nadie desea. Estas medidas de fuerza se realizan por un estado de necesidad, cuando se pone en peligro la existencia propia de la comunidad ante la desidia del Estado. Este es el caso, por ejemplo, de Zebelio Kayáp, de Odecofroc, que fue procesado por retener a trabajadores de una empresa minera que operaba sin permiso en su territorio. Luego de un largo proceso penal, donde contó el respaldo del Instituto de Defensa Legal, la Corte Suprema de Justicia resolvió absolverlo del delito de secuestro, entre otros, sosteniendo correctamente que había ejercido el derecho a la justicia indígena.

12. El proceso del Baguazo o el derecho a la protesta (región de Amazonas)

En el marco del caso del Baguazo, si bien tanto en el proceso tocante a los hechos ocurridos en la Curva del Diablo y la Estación N.° 6 ocurrieron homicidios que todos condenamos –contando entre sus víctimas a policías y líderes indígenas– y que deben merecer la sanción penal de sus responsables, es imposible negar que nos encontramos frente a un proceso que busca escarmentar a líderes indígenas amazónicos por defender sus territorios ante el ingreso prepotente de actividades extractivas en estos sin haber llevado a cabo previamente un proceso de consulta que les permita obtener su permiso.

13. Omisión de consulta de concesiones mineras (región de Puno)

Luego del llamado Aymarazo, ocurrido en mayo del 2011, muchas comunidades campesinas vienen protestando contra el Estado, y concretamente contra el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), por haber expedido sistemáticamente concesiones mineras a favor de empresas extractivas bajo sus territorios y a sus espaldas, sin haberles consultado. En estos momentos muchas de ellas, con el respaldo del Instituto de Defensa Legal, han presentado demandas de amparo contra el Ministerio de Energía Minas y el Ingemmet en los que cuestionan estas concesiones. En este contexto, pese a que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial aún no han resuelto las demandas que han sido interpuestas, muchas de las concesiones mineras han quedado sin efecto, pues sus titulares, al carecer de licencia social, no renovaron el derecho de vigencia, revirtiéndolas a favor del Estado.

Nuestra conclusión: Se necesita transitar de la imposición inconsulta a la armonización

Hasta ahora, la política del Estado ha sido subordinar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente a la explotación de los recursos naturales y el impulso de políticas energéticas, en beneficio de la inversión privada. No dudamos de su importancia. Sin embargo, esto no es posible de realizar desconociendo e ignorando las graves consecuencias que resultan de una actividad extractiva irresponsable, que ha contaminado el hábitat de los pueblos indígenas al punto de poner en peligro su subsistencia; que, al mismo tiempo, afecta de forma irreparable el medio ambiente y con él, los intereses y los recursos que pertenecen a todos y cada uno de los peruanos, especialmente a los pueblos indígenas.

Así, la solución no pasa por la imposición de actividades extractivas a los pueblos indígenas, sino por armonizar la política energética y extractiva con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente y, en los casos excepcionalísimos en los que esto no fuese posible, la solución que nos brinda la Constitución Política es clara: deben protegerse los bienes más indispensable para el hombre: la vida, la salud, la integridad física y el medio ambiente. Deseamos ser enfáticos: la necesidad y el interés público no pueden estar por encima de la vida y la salud de los pueblos indígenas.

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*Juan Carlos Ruiz Molleda es coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

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Fuente: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/blog/balance-de-los-conflictos-entre-el-estado-las-empresas-extractivas-y-los-pueblos-indigenas/