Servindi, 22 de julio, 2015.- Representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil exigen al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, presentada el 9 de abril de 2015 con el respaldo de más de 10 mil firmas ciudadanas.
La exigencia se efectuó en la conferencia de prensa La inconstitucionalidad de la Ley 30230 a un año de su aprobación, que se realizó el martes 21 de julio. La norma, también conocida como ley del “paquetazo antiambiental”, es cuestionada por vulnerar el derecho a la consulta previa, al territorio y a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.
El evento fue organizado por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los líderes indígenas Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), y Henderson Rengifo Hualinga, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), exigieron a los magistrados atender con prontitud la demanda sobre la nefasta norma aprobada hace un año y que nunca fue consultada a los pueblos originarios.
Por su parte, Rocio Silva Santisteban, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aclaró que los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil no están en contra de las inversiones, pero que la promoción de éstas deben respetar los derechos de todos los peruanos.
“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables", expresó.
"Sí, queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Silva Santisteban.
Ley 30230 debilita marco ambiental
Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), explicó claros ejemplos de cómo la Ley 30230 debilita la función fiscalizadora y sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
"Si le quitan la capacidad de multar, le están robando la esencia al OEFA”, manifestó Carhuatocto, quién también se refirió a las presiones empresariales para que este organismo no reciba el aporte por regulación minera.
También se ha debilitado el proceso de evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), lo cual se empeora con los breves plazos que tiene que cumplir el funcionario evaluador, y que de no cumplir estará afecto a una sanción administrativa.
“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en plazos menores se ve todo de manera muy superficial. La situación empeora si consideramos la carga laboral del trabajador público”, lamentó Carhuatocto.
Las observaciones expuestas forman parte de un informe especializado elaborado por IDLADS y que detalla cómo la Ley 30230 afecta el medioambiente en sus artículos del 19 al 24, y que fue anexado a la demanda inconstitucionalidad, el pasado 13 de julio.
El presidente de IDLADS también solicitó al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda".
Lo único que se pide es regresar al marco legislativo ambiental anterior y se respeten los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), asegurando un ambiente sano y equilibrado.
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