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Perú: FIDH hace graves advertencias sobre derechos humanos en tragedia de Bagua

Servindi, 23 de junio, 2009.- "En el operativo de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos y se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes fueron responsables", sostuvo el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

-FIDH hace graves advertencias 23, junio 2009 (descargar audio mp3, 2 minutos 30 segundos, dar clic derecho y guardar enlace como)

"La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos" durante el conflicto que terminó con la muerte de 34 personas en la ciudad de Bagua, Amazonas.

Así lo concluyó el miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, tras su investigación de los hechos.

Asimismo, el especialista lamentó la respuesta tardía de gobierno para derogar los decretos legislativos, fuente de reclamos de los pobladores indígenas.

"Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua".

Acerca de los hechos

En el documento final de la investigación de campo, Stavenhagen y el equipo de especialistas mostraron su "preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.

De esta manera el documento dejó abierta la posibilidad de que exista una mayor cantidad de víctimas fatales dentro de los pueblos indígenas que participaron aquella mañana del 5 de junio en el desalojo de la Curva del Diablo.

"Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DIROES)", remarcó.

Los detenidos

Durante el operativo se detuvo a 133 pobladores nativos, de los cuales 18 permanecen en prisión y 61 son procesados por hechos delictivos. Además 8 indígenas son procesados por la muerte de 10 efectivos policiales en la Estación petrolera número 6.

Las conclusiones señalan "preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades".

"Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos", agregó el documento.

"Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico", sentenció el informe.

"Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados", agregó.

De otro lado, el informe elaborado por el especialista en derechos de los pueblos indígenas rechazó la orden de captura del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió 8 disparon en el abdomen y es acusado de instigar al homicidio.

Hostigamiento a AIDESEP

Más adelante, el texto menciona una "evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes".

"En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación", finalizó.

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