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Las causas que desencadenaron el Baguazo siguen intactas

Por Jorge Agurto

Servindi, 5 de junio, 2015.- Las causas que desencadenaron el Baguazo siguen intactas e inalterables. Así se desprende del análisis de La Verdad de Bagua. Informe en minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua (1) y que realizaron el líder indígena Jesús Manasés y la religiosa Maricarmen Gómez Callejas, del Vicariato de Jaén.

El informe de 262 páginas publicado el 2013 señala que entre las causas del denominado Baguazo está el "progresivo deterioro de la seguridad jurídica" de los territorios indígenas con el argumento de fomentar la inversión privada, tal como ocurre en la actualidad.

Cabe recordar que el conjunto de decretos legislativos que ocasionó la protesta indígena se produjo luego de otorgarse facultades legislativas al Ejecutivo como el Ejecutivo actual lo solicita al Congreso de la República y con la misma finalidad.

Tales medidas legislativas expedidas por el gobierno de Alan García fueron expedidas sin ninguna explicación a la ciudadanía y sin consulta a la población indígena afectada (2).

La respuesta del Estado fue desviar la atención sobre los cuestionamientos jurídicos a las iniciativas legales y responsabilizar por la protesta a instituciones civiles y religiosas, gremios, partidos y medios de información solidarios con las demandas indígenas.

El saldo del conflicto fue: 33 personas muertas (23 policías y 10 civiles), un policía desaparecido (Felipe Bazán Soles), 205 personas heridas (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos con impacto de bala, y 33 policías); y más de 100 personas detenidas entre nativos y mestizos.

Problemas estructurales por resolver

Las causas mediatas del conflicto se mantienen intactas pues "existen problemas estructurales por resolver en la relación Estado y los Pueblos Indígenas, principalmente, la adecuación de su Constitución, su normativa y sus instituciones a los estándares fijados por el sistema internacional de los derechos humanos" (p. 176).

A ello cabe agregar que los pueblos indígenas "no cuentan con mecanismos jurídicos adecuados para definir, proteger y gobernar sus territorios frente a la iniciativa económica de terceros".

Tampoco se han desarrollado "los mecanismos de diálogo democrático, consulta y participación al acceso de los pueblos indígenas en el Perú, tal como se señala en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".

Un operativo innecesario y mal planificado

Cabe precisar que el informe Manasés-Gómez Callejas concluye que el operativo policial que desencadenó el Baguazo "fue mal planificado, equívoco, improvisado e irresponsable" (p. 183) y la forma en que fue conducido "solo podría llevar al desastre" (p. 176).

El operativo "fue desproporcionado y pudo desatar una masacre innecesaria". Además, "se prescindió por completo de los acuerdos previos y de la voluntad explícita de los ocupantes de la Curva de que iban a desalojar pacíficamente sus emplazamientos (...)."

Dicha observación coincide con la tesis expuesta por el ex congresista Guido Lombardi, autor de otro informe en minoría, quien sostiene que el operativo no era necesario y solo tuvo el fin de "escarmentar a los indígenas" (3).

El informe concluye que "las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas" (p. 186)

Recomendaciones no atendidas

El informe efectúa una serie de recomendaciones que el Estado peruano aún no atiende de manera plena y efectiva. Entre estas se encuentra garantizar el derecho a la consulta, construir políticas públicas de manera dialogante y fortalecer la institucionalidad indígena.

Asimismo, promover la reconciliación con los pueblos Awajún y Wampis a quienes el ex presidente Alan García Pérez en algún momento se refirió como "perros del hortelano" y ciudadanos de segunda categoría.

A lo anterior se suman una serie de modificaciones del marco jurídico a fin de eliminar normas que amenazan la seguridad jurídica territorial de los pueblos y comunidades indígenas y "evitar provocaciones con la concesión" de megaproyectos que no cumplen el requisito de la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

El documento concluye recomendando al Ministerio Público y Poder Judicial respetar un proceso justo que "tome en cuenta las condiciones de interculturalidad" y tomar en consideración la conveniencia de "peritajes antropológicos".

Recomiendan también que el Estado cumpla "con atender la reparación de los heridos y sus familiares a través de un plan integral de reparaciones con enfoque intercultural", que sea expresión de la justicia transicional y un paso hacia la reconciliación.

Notas:

(1) La Verdad de Bagua. Informe en minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua, por Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, junio 2013, 262 páginas.

(2) Otra mirada: ¿Facultades legislativas para qué?, en Servindi: http://servindi.org/?p=130883

(3) Guido Lombardi: “El Baguazo tenía la intención de escarmentar a los indígenas”, en Servindi: http://servindi.org/?p=26569

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