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Perú: OIT insta al Gobierno adaptar leyes al Convenio 169

Servindi, 19 de junio, 2009.- La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que, sin demora, ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía con el Convenio 169.

A raíz del trágico suceso del pasado 5 de junio en Bagua, que culminó con la muerte de 34 personas, la organización mostró su preocupación y atendió a las explicaciones de la delegación gubernamental peruana que expuso la situación durante una reunión de miembros.

En ese sentido, saludó la actitud de ambas partes, indígenas y el gobierno, de iniciar un proceso de diálogo a fin de detener las protestas y los enfrentamientos en el interior del país.

Sin embargo, la Comisión de Aplicación de Normas también le recordó al Perú su obligación de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta y la participación de los pueblos indígenas, que es la piedra clave del Convenio.

Indicó que los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades y de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, como prevé el párrafo 1 del artículo 7 del Convenio.

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Organización Internacional del Trabajo

Pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. Señaló que la Comisión de Expertos lleva años formulando comentarios en los que expresa preocupaciones acerca de los problemas persistentes en la aplicación del Convenio en diversas esferas, en particular con respecto a la necesidad de establecer criterios armonizados para la identificación de los pueblos indígenas (artículo 1), la necesidad de desarrollar una acción sistemática y coordinada para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad (artículos 2 y 33), así como la necesidad de establecer mecanismos adecuados de consulta y participación, que son proporcionados con los medios necesarios para efectuar sus funciones, incluso con respecto a la adopción de medidas legislativas y la explotación de los recursos naturales (artículos 2, 6, 7 y 15, párrafo 2 del artículo 17 y artículo 33). La Comisión expresó su preocupación por la reiteración del Gobierno en no facilitar respuestas a las peticiones específicas de información hechas por la Comisión de Expertos.

La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se ha preparado un proyecto de ley marco de pueblos indígenas que, entre otras cosas, define la expresión «pueblos indígenas y aborígenes» en los términos del artículo 1 del Convenio. Con respecto a los artículos 2 y 33, el Gobierno hace referencia al Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), que se estableció en 2005. Con respecto a los artículos 6 y 17, el Gobierno declaró que los decretos legislativos núms. 1015 y 1073 relativos a las condiciones para disponer del territorio comunal fueron derogados mediante ley núm. 2926 de 2008. Con respecto a la consulta y la participación, el Gobierno ha establecido una mesa redonda de diálogo permanente entre el Estado del Perú y los pueblos indígenas de la Amazonia peruana en marzo de 2009, y en abril de 2009 el Gobierno estableció una comisión multisectorial a modo de nuevo foro de diálogo para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas de la Amazonia.

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que en 2008 se emitieron algunos decretos legislativos relativos a la explotación de los recursos naturales, entre ellos los decretos legislativos núms. 1064 y 1090, y que la divergencia de puntos de vista entre el Gobierno y los pueblos indígenas afectados en torno a estos decretos no pueden resolverse a través de los mecanismos de diálogo establecidos. El Gobierno también informó a la Comisión de una ulterior movilización de pueblos indígenas y de incidentes acaecidos en Bagua el 5 de junio de 2009 que produjeron numerosos muertos y heridos entre la población indígena y la policía.

La Comisión expresó su grave preocupación por esta violencia y por los muertos y heridos que ocasionó e instó a todas las partes a abstenerse de ejercer la violencia. La Comisión pidió al Gobierno hacer mayores esfuerzos para garantizar sin discriminación los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con sus obligaciones en el marco del Convenio (artículo 3). La Comisión observó que la situación actual del país surge en relación con la promulgación de decretos legislativos relativos a la explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. La Comisión señaló que, durante varios años, la Comisión de Expertos había formulado comentarios acerca de la promulgación de legislación con respecto a estas cuestiones sin consultar a los pueblos indígenas afectados, lo que es contrario al Convenio.

La Comisión se congratuló del compromiso declarado del Gobierno de restablecer el diálogo y de instaurar un marco legislativo coherente que se ocupe de los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas. La Comisión recalcó que un diálogo auténtico debe estar basado en el respeto de los derechos y la integridad de los pueblos indígenas. La Comisión se congratuló de la reciente suspensión por el Congreso de los decretos legislativos núms. 1064 y 1090 y del establecimiento, el 10 de junio de 2009, de un grupo nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonia con el fin de facilitar la búsqueda de soluciones a las reclamaciones de esos pueblos. Exhortó al Gobierno para que haga mayores esfuerzos para asegurar que no se aplique ni promulgue ninguna legislación relativa a la exploración o la explotación de recursos naturales sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados por estas medidas, en plena conformidad con las prescripciones del convenio.

La Comisión subrayó la obligación del Gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta y la participación de los pueblos indígenas, que es la piedra clave del Convenio. Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades y de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, como prevé el párrafo 1 del artículo 7 del Convenio. Esto se quedaría en una cuestión inquietante si los órganos y mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas no tuvieran los recursos humanos y financieros, independencia o una influencia real en los procesos de adopción de decisiones. A este respecto, la Comisión instó al Gobierno a que establezca inmediatamente un diálogo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas en un clima de confianza y respeto mutuo y exhortó al Gobierno a que establezca los mecanismos de diálogo requeridos en el Convenio, con el fin de asegurar que la consulta y la participación sea sistemática y efectiva. Además, la Comisión exhortó al Gobierno a que elimine en la legislación las ambigüedades en cuanto a la identificación de los pueblos abarcados por ella en virtud del artículo 1, que es también un aspecto esencial que se ha de abordar para conseguir un progreso sostenible en la aplicación del Convenio.

La Comisión instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que, sin demora, ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía con el Convenio. Pidió al Gobierno que elabore a este respecto un plan de acción en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Saludó la petición de asistencia técnica por el Gobierno y consideró que la OIT puede efectuar una contribución válida a este respecto mediante el Programa para promover el Convenio núm. 169 (PRO169). La Comisión pidió al Gobierno que facilite en 2009 información completa en su memoria en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT respondiendo a las cuestiones planteadas en la observación de la Comisión de Expertos, así como los asuntos planteados en las comunicaciones recibidas por la Comisión de Expertos enviadas por varias organizaciones de trabajadores, que fueron preparadas en colaboración con organizaciones de pueblos indígenas.

Finalmente, la Comisión tomó nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno en el sentido de que se ha formulado una invitación al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas para visitar el país.

Los miembros trabajadores deploraron que, habida cuenta de la gravedad del caso examinado, la solicitud de Misión de Alto Nivel no haya sido aceptada, aunque el Gobierno haya invitado a visitar el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

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Comentarios

la OIT tuvo que ver correr SANGRE DE INDIGENAS para recien invocar al PERU para adecue sus leyes. Que verguenza me da la OIT de Naciones Unidas, y que dice de esto las ONGs CONACAMI, LABOR que manejan tanto dinero que no le exigen al Gobierno Peruano administrativamente y judicialmete tal adecuación?. la poblacion indefensa originmaria peruana tiene que derramar su sangre para que llegue la justicia? ¿ y porque no piden y exigen la revision nulidad de la firma del Tratado de Libre Comercio que PERU CON ALAN GARCIA FIRMO CON LOS ESTADOS UNIDOS? PUES UNA DE LAS CONDICIONES DE LA FIRMA DE ESE TLC ES LA ELIMINACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS , AUTOCTONOS Y ORIGINARIOS EN ESTE CASO DEL PERU, PARA QUE QUEDE LIBRE SUSU TERRIOTORIOS Y POSESIONES QUE POR MILENIOS LO TIENEN.
CONSECUENTEMENTE,
INGº LUIS ENRIQUEZ
DESDE TACNA-PERU

Jefe del Gabinete descarta que fiscalización a radios sea intento por limitar libertad de prensa
El jefe del Gabinete, Yehude Simon Munaro, aseguró que Radio La Voz de Bagua fue cerrada debido a que incumplió con la legislación vigente, y descartó que obedezca a la intención del Ejecutivo de limitar la libertad de prensa en el paÃs.
En declaraciones a la prensa, Simon dijo que la sanción impuesta contra Radio La Voz de Bagua no está relacionada con los sucesos violentos registrados el 5 de junio en la mencionada ciudad de Amazonas.

“Eso es absolutamente falso, si hubiera el deseo de eliminar la libertad de prensa no tendrÃamos todos los medios de comunicación que tenemos ahora y que critican al Gobierno.â€

Subrayó que antes de los sucesos violentos, Radio Bagua ya arrastraba una sanción por no cumplir las disposiciones administrativas que rigen para este tipo de medio de comunicación.

Añadió que en el paÃs existen muchas estaciones regionales y locales que atacan duramente al Gobierno y que, sin embargo, siguen funcionando.

Asimismo, adelantó que se realiza una investigación respectiva a algunos medios de comunicación de este tipo, porque estarÃan cometiendo faltas administrativas.

Indicó, por ejemplo, que en Sicuani, Cusco, hay algunas estaciones que operan ilegalmente al no contar con los permisos correspondientes.

“Se va a proceder en todos los lugares donde no hay autorización; se procederá al cierre; no puede haber radios clandestinas, pues estamos en un paÃs donde se tienen que respetar las leyes.â€

El jefe del Gabinete Ministerial declaró a la prensa tras asistir a la ceremonia de entrega de la buena pro de la Autopista del Sol

Mandatario se reunió con ministra de la Mujer y representantes de comunidades indÃgenas
La cita, que se realizó a las 10:00 horas en el salón de acuerdos, contó con la asistencia del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista; y el titular del Foncodes, Carlos Arana.

Asimismo, participaron el presidente de la Asociación Regional de Pueblos Asháninkas de Ucayali, Eudracio Casanto Shingari; y el jefe de la comunidad nativa de Oori, Samuel Pérez Piahuantze.

De igual manera, el representante asháninka de los purús, Abel Chapay Miguel; el representante de Breu Hito 36 frontera Perú-Brasil, Hinder Pérez Mendoza; y el coordinador de la comunidad nativa, Manuel Orneta.

La cita, que se realizó a las 10:00 horas en el salón de acuerdos, contó con la asistencia del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista; y el titular del Foncodes, Carlos Arana.

Asimismo, participaron el presidente de la Asociación Regional de Pueblos Asháninkas de Ucayali, Eudracio Casanto Shingari; y el jefe de la comunidad nativa de Oori, Samuel Pérez Piahuantze.

De igual manera, el representante asháninka de los purús, Abel Chapay Miguel; el representante de Breu Hito 36 frontera Perú-Brasil, Hinder Pérez Mendoza; y el coordinador de la comunidad nativa, Manuel Orneta.

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