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Piden derogar normas que generan conflictos sociales

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- Ley 30230 y Decreto Supremo 001-2015-EM atropellan derechos colectivos de comunidades campesinas sobre sus territorios.

Servindi, 14 de febrero, 2015.- Dirigentes indígenas, congresistas de la República y representante de diversas instituciones civiles llamaron al gobierno a derogar de forma urgente normas que atizan el contexto de conflictividad social en el Perú.

El llamado se efectuó en una conferencia de prensa realizada el viernes 13 de febrero en el Congreso de la República donde participaron representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas y los congresistas Verónika Mendoza, Manuel Dammert y Juan Pari.

Asimismo, participaron los representantes del Colectivo Territorios Seguros, la Red Muqui entre otras organizaciones y articulaciones de la sociedad civil.

Todos ellos rechazaron la Ley 30230 y el DS 001-2015-EM que el gobierno expidió para alentar la inversión de actividades extractivas en territorios comunales con el argumento de contribuir a reactivar la economía peruana.

Coincidieron en que las normas mencionadas violan la Ley de Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, y convenios internacionales como el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los voceros citados calificaron de inconstitucional el reciente Decreto Supremo 001-2015-EM aprobado sin ningún tipo de consulta por el Ministerio de Energía y Minas a pesar que modifica procedimientos internos referidos a las comunidades campesinas.

Según refirieron los voceros el decreto permite que con un acta de la junta directiva de las comunidades campesinas se puede permitir la entrada de proyectos mineros en sus territorios, sin que se requiera la autorización de la asamblea general, como lo establecen actualmente la Ley de Tierras y la Ley de Comunidades Campesinas.

"Este decreto vulnera nuestros derechos comunales y autonomía. La máxima autoridad comunal es la asamblea comunal. La junta directiva solo encamina los procesos y esto parece que no lo entiende el ministerio" afirmó Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas.

Lourdes Huanca, de la organización de mujeres FENMUCARINAP y a nombre del Pacto de Unidad, pidió de urgencia la derogación del decreto porque violenta la Ley de Comunidades Campesinas así como a las mujeres campesinas al interior de las comunidades que no siempre están representadas en las juntas directivas comunales.

El Congresista Juan Pari puntualizó que las normas cuestionadas colisionan con otras tres normas del ordenamiento jurídico nacional así como el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pari informó que el 29 de enero se presentó una acción popular contra el ministro de Energía y Minas por expedir una norma contraria a la Constitución Políticia y las leyes.

Richard Smith, del Instituto del Bien Común (IBC), y en representación del Colectivo Territorios Seguros alertó que este tipo de normas crean un escenario muy similar al que se produjo durante el Baguazo lo cual es sumamente preocupante.

Rosa Quedena, representante de la Red Muqui, destacó que el DS 001-2015-EM viola el principio de jerarquía de las normas y mediante una norma inferior se pretende modificar normas de mayor jerarquía, violentando además derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

La congresista Verónika Mendoza enfatizó que la Ley 30230 y el DS 001-2015-EM son un tipo de normas que generan y agudizan los conflictos sociales. Demandó al gobierno que así como dialoga con los partidos políticos entable un diálogo sincero y respetuoso con los pueblos indígenas.

Verónika Mendoza anunció como acción inmediata la presentación de un proyecto de Ley para la derogatoria del cuestionado decreto supremo del sector Energia y pidió al ministerio de Cultura pronunciarse a fin de cumplir su función de cautelar los derechos de los pueblos indígenas.

De otro se informó que ya se está preparando un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 30230 través del recojo de firmas que promueve el Pacto de Unidad, el Colectivo Territorios Seguros, la Red Muqui y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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