Servindi, 9 de febrero, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Mundo Indígena Perú, 6 de febrero, 2015. (Archivo mp3, 6 minutos, 35 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Resumen nacional de noticias al 6 de febrero de 2015
Reconocimiento de derechos. Las protestas que tienen lugar en las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre, en el norte de la selva peruana, continuarán hasta que la empresa Pluspetrol cumpla con reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa representantes de la organizaciones indígenas de la Amazonía.
Según informó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del río Corrientes (Feconaco), el próximo martes está prevista una reunión con la empresa a fin de llegar a un acuerdo y se depongan las protestas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, urgió al presidente Humala tomar acciones que permitan retomar el dialogo con las comunidades nativas movilizadas en las citadas cuencas.
Rechazan salvaguardas. Representantes de pueblos indígenas, trabajadores, oenegés, y otros sectores, abandonaron la reunión de consulta del nuevo borrador de salvaguardas del Banco Mundial, el 4 de febrero en Lima.
De este modo manifestaron su rechazo ante el riesgo de debilitamiento de las salvaguardias ambientales y sociales del referido banco.
Según explicó César Gamboa, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el citado documento si bien incluye un lenguaje de derecho en diversos temas, vacía su contenido al facultar a los Estados la aplicación o no de dichas salvaguardas.
Para Henderson Rengifo, presidente de la organización indígena AIDESEP, el nuevo borrador permite la realización de proyectos que involucran “el desplazamiento físico y económico de las comunidades, sin asegurar su adecuada compensación y reasentamiento.”
¡Máxima! Representantes de diversos sectores condenaron públicamente la actuación de la empresa Yanacocha que de forma ilegal ingresó el 3 de febrero al terreno Tragadero Grande que ocupa hace muchos años la ciudadana cajamarquina Máxima Acuña y su familia.
Dicha intervención culminó con la destrucción de la casa de tapial que venía construyendo la familia a unos doscientos metros de su pequeña vivienda, afectada de modo grave por las continuas lluvias.
Tras el incidente Yanacocha reivindicó la acción bajo el argumento jurídico de “defensa posesoria” pese a que la empresa nunca ocupó dicho predio y el Poder Judicial no le reconoce derechos sobre el mismo.
Recientemente, la empresa ha instalado muy cerca del predio de la campesina una caseta de vigilancia.
Más lejos, en Lima, con motivo de los continuos ataques que viene sufriendo Máxima Acuña y su familia, se llevó a cabo un plantón en los exteriores de las oficinas de Yanacocha. De la cita formaron parte cientos de jóvenes.
Trabas a la consulta. El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda consideró que el plazo de 15 días a partir de la publicación de una norma o medida administrativa para solicitar su consulta previa es reducido y vulnera los principios de buena fe, flexibilidad y el propio derecho a la consulta.
Así lo advirtió el abogado del IDL al analizar la reciente solicitud de la organización amazónica AIDESEP, para consultar el decreto supremo que aprueba un endeudamiento para financiar un proyecto.
Ruiz Molleda concluye que el plazo resulta absurdo pues no es razonable para que una comunidad campesina o nativa conozca la medida, convoque a sus miembros para debatirla, se asesore y elabore una petición para presentarla finalmente en Lima.
Sostuvo así que el plazo demuestra que los autores de la Resolución Viceministerial 010-2013-VMI-MC, del 12 de diciembre de 2013, desconocen la realidad de las comunidades, e insisten en legislar “pensando en la realidad de Lima.”
Ley Forestal. El especialista en temas forestales, Marc Dourojeanni, consideró que la nueva Ley Forestal será difícil de implementar debido a sus numerosos artículos, los que se incrementarán con el reglamento.
En una entrevista con el programa Agenda Ambiental, de la Asociación DAR, el especialista señaló que la ley debe ser simple y clara, sobre todo de acuerdo con la capacidad del Estado de hacerla cumplir.
Por su parte Henderson Rengifo, presidente de la Aidesep, manifestó que la fase de diálogo con el Estado para tratar el reglamento de la norma, en el marco de la consulta previa, se debe ampliar ya que a la fecha no se ha llegado a revisar en su totalidad el tema.
De otro lado reafirmó su posición de no permitir al Estado que se cometa un error con el reglamento al permitir la titulación de comunidades de colonos que amenazan con deforestar los bosques.
En otros aspectos, manifestó su temor de que una vez culminado el proceso de consulta, el Estado entregue en concesión 7 millones de hectáreas de bosques para la actividad forestal sin antes haber garantizado su titulación.
Rechazan paquetazos. La organización de mujeres indígenas Onamiap alertó que una iniciativa legal promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas pretende socavar la seguridad jurídica de los territorios comunales.
Se trata del Proyecto de Ley 3941/PE-2014 que pretende facilitar la aplicación de derechos de servidumbre y expropiación de tierras eriazas y bienes inmuebles a favor de los inversionistas.
En tal sentido la organización demandó al Estado peruano asumir su obligación de implementar “una real política pública de titulación de comunidades (…) con un ente rector nacional”.
Asimismo, sistematizar y reconocer las reales demandas de titulación, y elaborar las directrices para la titulación con la plena participación de las organizaciones indígenas del país.
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