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¿Qué sucedió en Alto Tamaya-Saweto?

- Un informe sobre la situación en torno al asesinato de cuatro dirigentes asháninkas.

Servindi, 18 de setiembre, 2014.-Reproducimos un informe elaborado por Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, elaborado luego de conversar con las viudas, autoridades y otros miembros de la Comunidad Alto Tamaya - Saweto.

Mar participó de las diligencias que tuvieron lugar en Ucayali con motivo del asesinato de cuatro dirigentes asháninkas y reporta sobre la forma cómo perciben, su situación frente a la tala ilegal y sus requerimientos sobre titulación de territorios.

El documento recoge la hipótesis de que el asesinato se habría producido en represalia por la visita de funcionarios del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) realizada el 30 de agosto, a exigencias de la parte indígena.

La comunidad no ha podido obtener su título de propiedad por que el Ministerio de Agricultura declaró parte de su territorio zona de producción forestal permanente y además existen dos concesiones forestales otorgadas por 20 años sobre el territorio comunal.

Desde el 2009 la comunidad se separó de la ORAU, base regional de la organización nacional AIDESEP, y de la federación local asháninka ACONAMAC, "por lo que ninguna de las dos organizaciones ostenta formalmente la representación de la comunidad".

Las mujeres de los dirigentes asesinados han asumido la representación y vocería de la comunidad y exigen justicia y reparación, presencia policial permanente, titulación territorial y adecuada implementación de la integración transfronteriza para combatir el narcotráfico en la zona.

Para acceder al documento hacer clic aquí.

Informe sobre lo acontecido en torno al asesinato de 4 dirigentes de la comunidad Saweto a inicios del mes de septiembre del 2014

14 de septiembre del 2014 - Mar Pérez

Antecedentes

La Comunidad asháninka Alto Tamaya Saweto se encuentra situada en el distrito de Masisea de la provincia Coronel Portillo, departamento de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil(1). Su territorio se ve amenazado por la presencia de madereros ilegales y narcotraficantes, en una intricanda relación (“narco- madereros”). La presencia estatal en la zona se limita a un puesto de salud muy básico y una escuela multigrado. Cerca de la comunidad existe una base militar que inclusive cuenta con aeródromo, pero las instalaciones fueron abandonadas años atrás. El único medio de comunicación con la zona es la radio, lo que resulta inseguro porque la señal puede ser captada por cualquier interesado.

En este contexto los dirigentes comunales, encabezados por su presidente Edwin Chota, han venido demandando durante años las presencia de las autoridades estatales encargadas de fiscalizar la extracción de madera (principalmente la PNP, la fiscalía ambiental y la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre), pero ésta no se ha concretado supuestamente por falta de recursos. A raíz de una mesa reunión intersectorial llevada a cabo en Lima el pasado junio se logró concretar la visita de OSINFOR a la zona el pasado día 30 de agosto. Inclusive existe la hipótesis de que el asesinato de los cuatro dirigentes fue una represalia de los madereros frente a esta visita. Todo ello se dio en un contexto en que Edwin Chota y los otros líderes recibieron reiteradamente amenazas a manos de los narco madereros, tanto de forma directa como en forma de disparos al aire en horas de la noche cerca de las viviendas de la Comunidad(2).

Otra demanda permanente de la Comunidad es la titulación de su territorio. Todo el trabajo de campo y acompañamiento técnico necesario ha sido facilitado por la ONG Propurus. Sin embargo, dos barreras han impedido que la Comunidad obtenga su título hasta la fecha:

  • El Ministerio de Agricultura declaró parte de su territorio zona de producción forestal permanente. Para que la zona pueda titularse a favor de la Comunidad sería necesario que el MINAG derogue esta declaración mediante una resolución.

  • Existen dos concesiones forestales otorgadas por 20 años sobre el territorio de la Comunidad. Otras tres comunidades colindantes se encuentran afectadas por la misma situación. Las concesiones fueron otorgadas antes de la promulgación de la ley de consulta pero con posterioridad a la entrada en vigencia del C. 169 de la OIT, por lo que en puridad debieron ser consultadas. Para que el camino a la titulación del territorio quedara expédito sería necesario que el estado llegue a un acuerdo con los titulares de las concesiones. También podría usarse un recurso de amparo.

Desde el 2009 la Comunidad se separó de la base regional de AIDESEP, ORAU, así como también de la base asháninka de ésta, ACONAMAC, por lo que ninguna de las dos organizaciones ostenta formalmente la representación de la comunidad.

El asesinato y las reacciones inmediatas

A inicios de septiembre una delegación de la Comunidad de Saweto inició su viaje para participar en una reunión con asháninkas de Brasil, al otro lado de la frontera. Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Melendez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez (todos integrantes de la directiva comunal) se quedaron a descansar en un punto del camino, mientras que el resto de la delegación continúo el viaje.

El día cinco de septiembre, viendo que ni Edwin ni sus compañeros llegaban al destino, uno de los integrantes de la delegación, también perteneciente a la directiva comunal de Saweto, desandó el camino. En un punto del río encontró uno o varios cadáveres, entre los que se contaba el de Edwin Chota, sin que exista claridad sobre si presentaban heridas de bala. Inmediatamente, partió a Saweto para avisar a los familiares.

Al recibir la noticia de los asesinatos los pobladores de Saweto huyeron despavoridos. En una acción totalmente insólita para las mujeres asháninkas que por lo general no viajan solas, las cuatro viudas, una de ellas con siete meses de gestación, con siete niños pequeños emprendieron un viaje en bote hacia la ciudad de Pucallpa para dar aviso a las autoridades. El viaje demora tres días, y lo realizan casi sin alimentos.

Las mujeres (Ergilia Ríos, Julia Pérez, Juanita Ríos y Lita Rojas(4) llegan a Pucallpa el día 8 de septiembre en la noche y se proclaman públicamente representantes de la comunidad. Como demandas a las autoridades plantean las siguientes(5):

1. Justicia y reparación. La reparación debe ser inmediata, ya que por la rígida división de roles en la cultura asháninka una mujer sin compañero no tiene forma de conseguir pescado ni caza. Sin una reparación las cuatro mujeres y sus pequeños están condenados al desamparo.

2. Presencia policial permanente. Se niegan a retornar a su territorio hasta que su seguridad quede garantizada.

3. Titulación del territorio. Las mujeres manejan un fuerte discurso de derechos. Manifiestan que sus esposos han sido asesinados por la defensa de su territorio para toda la comunidad y las generaciones futuras.

4. Adecuada implementación de la integración transfronteriza para combatir el narcotráfico en la zona. Constantemente las mujeres señalan el fuerte contraste que existe entre la presencia estatal y el nivel desarrollo en el territorio de sus pares asháninkas al otro lado de la frontera.

Cabe destacar la rápida y efectiva intervención del Ministerio de Interculturalidad, cuyos representantes se trasladaron a Pucalpa y mismo día 8 y lideraron la coordinación intersectorial logrando atender inmediatamente la situación humanitaria de las mujeres y sus pequeños, además de visibilizar de manera importante su situación en los medios de comunicación. El Viceministerio asumió la alimentación y alojamiento de las mujeres y sus hijos, les inscribieron en el SIS, los llevaron a consulta médica, les consiguieron ropa y zapatos, pañales, etc. Además se logró que el MINDES las inscriba en uno de sus programas para que puedan recibir una pensión mensual. Se desconoce el monto exacto de esta pensión y cómo se viabilizará el pago.

Lamentablemente, la actuación de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público ha sido mucho menos efectiva, pues cuando finalmente el 12 de septiembre se logró llegar a la zona donde fueron avistados los cuerpos, solo se lograron recuperar osamentas de un cadáver (6). Aparentemente el retraso obedeció a dificultades logísticas, por no contar con los equipos necesarios para el viaje.

Por otra parte, cabe mencionar que ORAU ha asumido el patrocinio de las mujeres a través de su asesor legal Raúl Lunazco. Señalar además que el caso ha gozado de amplia cobertura en prensa nacional e internacional, y que el propio Presidente de la República se ha pronunciado al respecto, comprometiéndose a efectivizar el acceso a la justicia de los deudos(7). Sin embargo, no existe información precisa acerca de la garantía estable de condiciones de seguridad para los comuneros de Saweto. Si bien se ha realizado un despliegue policial en la zona(8), no hay garantías de que éste vaya a revestir carácter permanente como se necesita.

Perspectivas y recomendaciones

  • El panorama en materia de acceso a la justicia es bastante desalentador, por el estado en el que se han recuperado los cuerpos, y sobre todo porque no existen testigos del asesinato. Se sindica a los narco- madereros de forma bastante general, lo que constituye una imputación muy vaga para que un proceso penal llegue a buen puerto. Por otra parte, es posible que las viudas conozcan con precisión la identidad del agresor, pero que por temor se estén negando a declarar esta información.

  • En materia de reparación, podría tenerse éxito y sentar un precedente importante en un proceso internacional contra el estado por incumplimiento de la obligación de proteger. Existen evidencias sólidas de que los comuneros solicitaron repetidamente la intervención estatal frente a los madereros sin obtener resultados. Tanto la Fiscalía del Medio Ambiente como la Policía local han dejado constancia por escrito de que se veían impedidos de cumplir sus funciones por carecer de presupuesto para ello. Además se podrían cursar solicitudes de acceso a la información pública para obtener información precisa de la dotación logística y presupuestaria conque el Ministerio Público y las demás autoridades competentes contaban para cumplir con sus funciones.

  • Para lograr la protección de la integridad personal de los comuneros mediante la presencia policial permanente en la zona se podría presentar una medida cautelar ante la CIDH, el CERD, y mandar comunicaciones a las relatorías de NNUU y la CIDH en materia de Pueblos Indígenas. Ayudaría también impulsar una visita in loco.

14 de setiembre de 2014

Mar Pérez

Secretaria Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Notas:

(1) Reconocida mediante RDR 045-2003-GRU-P- DRU y RDR 075-2003-GRU-P- DRU

(2) Ver declaraciones de Edwin Chota donde se refiere a las amenazas de los narco madereros en https://www.youtube.com/watch?v=d6xcXPTlosw#t=166.

(3) Las barreras para la titulación de la Comunidad de Saweto constituyen una muestra de las dificultades existentes a nivel nacional para la efectividad del derecho a la seguridad jurídica de los territorios, tal como se denuncia en el último informe sobre el Convenio 169 de nuestro Grupo de Trabajo (pp. 42 a 45 ). Ver: https://ia601904.us.archive.org/10/items/InformeAlternativo2013_201310/Informe_Alternativo_2013.pdf. Esta situación es aún más grave con la reciente promulgación de la Ley 30230 prevee procedimientos especiales para entregar derechos sobre las tierras para el desarrollo de actividades productivas. Para más detalles ver: http://www.muqui.org/index.php/ultimas/6057-advierten-que-paquete-reactivador-amenaza-derechos-sobre-la-tierra.

(4) Ergilia es la lideresa del grupo. Julia es la viuda de Edwin Chota y se encuentra embarazada de 7 meses.

(5) Ver pronunciamiento de la Comunidad https://redaccion.lamula.pe/2014/09/12/comunidad-ashaninka-exigeinvestigacion-y-proteccion-por-losasesinatos/jorgepaucar/ Incluye fotos de los cuatro líderes asesinados.

(6) Ver fotos del levantamiento del cadáver acá: https://www.facebook.com/aidesep/posts/1463422510601638

(7) Ver https://www.youtube.com/watch?v=SRiVldnyqRs

(8) El 12 de septiembre Urresti anunció el despliegue de 90 sinchis en la zona. Ver: http://elcomercio.pe/peru/ucayali/ashaninkas-sinchis-mazamari-muerte-ashaninkas-ucayali-pucallpa-noticia-1756571

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Capacitar Comunidad: extractor-transportador-comercializador de la madera.

Alto Tamaya Saweto: presenten la medida cautelar ante la CIDH.

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