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Perú: CONFIEP o la lógica del microbusero

Por Alberto Chirif

28 de junio, 2014.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado una serie de medidas económicas para la reactivación de la economía peruana ante el Consejo de Ministros que, una vez más, atentan contra el medio ambiente y, por supuesto, la población que lo requiere sano para vivir.

Dentro de esta óptica ambos, medio ambiente y ciudadanos que no son de primera categoría (recordando una célebre y bruta frase del ex presidente Alan García en el contexto del conflicto de 2009 que dio origen a los sucesos de Bagua) son considerados descartables. Cualquier reclamo de carácter medioambiental o que se refiera al derecho de la gente de gozar de un ambiente sano es considerado más o menos un terrorista, y persona mentirosa. Retrogrado por oponerse al crecimiento. Esto sin importar que la propia Constitución de 1993 señale que toda persona tiene derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (Art. 1, 22).

Las medidas buscan reactivar la economía que ha dejado de crecer en los últimos tiempos a causa de factores exógenos, como la baja de las materias primas que exporta el Perú a mercados internacionales. Este mismo agente (el mercado) fue el causante de nuestro inusitado crecimiento económico hace unos años cuando los precios se dispararon hacia arriba en ese contexto. Escaso mérito (si alguno) tuvieron los ministros y demás autoridades financieras del país en ese crecimiento económico: simplemente fue que los países importadores pagaban caro lo que ahora pagan barato. Eso le pasa a cualquier tendero de esquina: si hay muchas papas, si hay muchos que las venden o si el consumo baja porque la gente perdió capacidad adquisitiva, su venta e ingresos disminuyen.

Lo que es interesante es que ahora al menos se habla de disminución del crecimiento, es decir, de la reducción del porcentaje en que la economía peruana creció en los últimos años. Al menos ya no se habla de que hay que dar medidas para fomentar el desarrollo. Parecería ser que gobierno y empresarios cobran conciencia de que crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Un avance. Un paso más que deberían dar -pero que jamás van a dar- es entender que en las zonas de mayor inversión, en especial minera y de hidrocarburos, los índices de desarrollo (medidos no por instituciones ambientalistas ni por organizaciones indígenas, sobre las cuales siempre penden acusaciones de ser desaforadas y, en el caso de estas últimas, manipuladas por enemigos del país) son desastrosos.

El INEI, por ejemplo, en u informe “Conozca a los más y menos pobres del Perú”, afirma que “los distritos más pobres de la región Puno son aquellos donde se explota algún mineral. Por ejemplo, en Pichacani-Laraqueri el 82.7% de sus pobladores son pobres y el 37.8% están en pobreza extrema; mientras que en San Antonio de Esquilache la pobreza es de 87.2% y la pobreza extrema de 49.9%”. Cifras similares da el PNUD en su Informe sobre desarrollo humano (2006), refiriéndose a pobreza monetaria e índice de desarrollo humano. Entre 1832 distritos del país, el de Andoas, donde desde hace más de 40 años se extrae petróleo, ocupa el puesto 1801. Otros distritos petroleros en esa parte norte de la región Loreto son Morona, Pastaza y Trompeteros, que ocupan los puestos 1734, 1627 y 1573, respectivamente.

La pregunta cae por su propio peso, ¿para qué sirve el crecimiento si este no beneficia a la población? ¿Qué se ha hecho con la espectacular reserva financiera del Perú acumulada en los últimos 30 años a costa del remate de los recursos naturales del país? En educación ya sabemos que estamos en el penúltimo lugar en la prueba PISA, por encima solo de Haití. La baja inversión del Estado en educación es una de las causas que explica esta realidad, pero otra que explica el bajo rendimiento escolar en las zonas mineras es la alta concentración de metales pesados en el organismo de los niños que consumen (como toda la población de la parte baja de la cuenca amazónica) gran cantidad de pescado que previamente ha sido contaminado. En salud estamos a la zaga de muchos países, y la tuberculosis (enfermedad del hambre) ha aumentado. La violencia como consecuencia de la corrupción generalizada y del desempleo y la miseria también se incrementa día a día.

Seguir hablando del crecimiento como sinónimo de progreso para el país es darle a esa palabra características de talismán, es caer en idolatría. Esto pasa con muchas personas ingenuas, aterradas por la noticia de los diarios y de la TV que le dicen que si no crecemos será la debacle. ¡Esos sí que hacen terrorismo informativo! Pero claro, quienes promueven estas visiones no son ingenuos, sino personas con intereses bien precisos. Los funcionarios del Estado, partiendo del supuesto de que actúan con honestidad, quieren el crecimiento porque sirve para la foto, el titular de primera plana y, eventualmente, para una subida en las encuestas de aceptación. A los empresarios, en cambio, las fotos no les interesan, incluso los atemorizan porque a más crecimiento más marcas los asechan. Cuanto más se mantengan en la sombra mejor. Más concretos ellos, lo que les interesa no es la figuración pública sino el incremento de ganancias.

El asunto es que el Estado y los empresarios pretender hacer aparecer las demandas ambientales de la población como superfluas. No es para tanto parece ser su pensamiento guía. ¡Ni que estuvieran muriendo!, dicen algunos voceros. Pero sí, en efecto, la gente está muriendo de a pocos. Los ejemplos abundan, otra cosa es que no los quieran reconocer porque los daños de la contaminación en la salud no son tan obvios, o que los olviden porque, nuevamente les recuerdo el argumento, los afectados no son ciudadanos de primera categoría. Sorprende que el Estado tenga esta actitud en un momento en el cual cuenta con análisis realizados por organismos propios, no por enemigos externos que quieren desprestigiarlo ni echarse abajo la inversión. Los análisis e informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Autoridad (Oefa), la Autoridad Nacional del Agua (Ana) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) son alarmantes y deberían ser motivo de seria preocupación por parte del Estado que es responsable de la contaminación, directamente en tanto que parte de ella fue producto del accionar de una empresa estatal (Petroperú) e indirectamente por dejar actuar de manera arbitraria tanto a esa empresa como a la Occidental Petroleum, sin cautelar el patrimonio natural de la Nación ni la vida de sus ciudadanos.

Al enterarse de los resultados de dichos análisis las federaciones indígenas que representan a las comunidades asentadas en la zona petrolera (Pastaza, Corriente, Tigre y Marañón) quedaron desconcertadas porque varios de los puntos donde se superan los estándares referenciales de calidad de aguas y suelos corresponden a zonas que supuestamente ya deberían estar descontaminadas, pues integran el plan de gestión ambiental de Pluspetrol ejecutado en 2009.

Si bien es desconcertante la actitud del Estado al no tomar en cuenta la información disponible a partir de trabajo realizado por sus propias instituciones, no sorprende la de las empresas y sus voceros. Ellas quieren siempre más: beneficios tributarios, exoneración de multas, eliminación de controles y rebaja de exigencia de estándares que, por cierto, están en el TLC y, en caso de ser eliminados, el Estado podría ser denunciado.

Una de las medidas contempladas en la ley enviada al Congreso es la reducción y limitación de las facultades de Oefa para imponer sanciones, bajo el supuesto de que esto frena la inversión. No sé si las multas son muy fuertes, pero el problema es fácil de solucionar: simplemente no hay que cometer los delitos ambientales contemplados en el Código Penal. Es curioso como en este caso los empresarios se parecen tanto a los microbuseros, que incluso hicieron una huelga de gran magnitud cuando las autoridades incrementaron los montos de las multas, en su búsqueda para frenar los accidentes, la ilegalidad y las muertes causados por la operación de sus vehículos. En ese momento creo que todos dijimos (y creo que también los empresarios que hoy reclaman) que la solución era simple: no hay que cometer delitos. Lo contrario, lo que proponen hoy los empresarios con el aval del gobierno es matar barato, matar sin que a uno le cueste o contándole el mínimo, porque contaminar de manera impune los ecosistemas, de cuya salud dependen directamente millones de personas, es tener licencia para matar y es matar el patrimonio natural perteneciente a todos los peruanos de un país biodiverso. Todo eso con el cuento de que el crecimiento es progreso para el país. En consecuencia, la medida más ahorradora al respecto es no contaminar y así reducir las multas a cero.

Los empresarios reclaman también (y el Estado lo ha incluido en la ley) que los organismos fiscalizadores no deben administrar los fondos que recauden por concepto de multas. Dicen que esto es un incentivo perverso porque entonces esas entidades querrán poner más multas para tener más ingresos. Falso. Los fondos recaudados sirven para fines de la propia institución y no para repartirlos entre sus gerentes y trabajadores. En ese caso podría ser un incentivo perverso, pero esto no sucede en la administración pública. Sí pasa en cambio en la empresa privada: los que reducen costos a expensas de la calidad de los productos o del pago a los trabajadores pueden ser premiados con los ingresos extras captados por la empresa. Los caucheros, por ejemplo, percibían ingresos proporcionales a la cantidad de goma recolectada por los indígenas. Eso dio pie a las masacres que ya todos conocemos. No sé si los mecanismos de las empresas de hoy siguen siendo tan perversos como los de antaño, pero no estaría de más investigarlo.

Estamos a puertas del inicio de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20). El Perú será país anfitrión de este evento mundial que se realizará en Lima durante el próximo mes de diciembre. El Congreso podrá elegir entre rechazar la propuesta legal por ser contraria a los intereses de millones de ciudadanos o aceptarla para satisfacer a un grupo de empresarios a los cuales esos ciudadanos de a pie no les interesan ni tampoco el patrimonio natural de la Nación. Con seguridad, aprobar la propuesta legal y luego ser sede de la mencionada conferencia nos calificará ante los ojos del mundo como un país en el que gobierna la esquizofrenia.

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Comentarios

A las empresas transnacionales NO LES INTERESA EL DESARROLLO de los pueblos, sino sus ganacias y explotación de los trabajadores. Por ello, si por ellos fuera, no pagar los derechos laborales ni seguridad ni salud de los trabajadores.
Los gobiernos son simples monigotes manejados por las empresa nacional y transnacional, de manera que se están enriqueciendo a costa de los pueblos.
Los gobiernos nacional y regionales actúan solamente para sacar provecho y beneficio como Toledo y Alan García, aparte del delincuente Fujimori que se llevó y despareció más de 11 mil millones de dólares por la venta de las empresas públicas.
y ¿dónde va el caso de Gregorio Santos presidente regional de Cajamarca que con todo su pueblo está defendiendo las cuatro lagunas, el agua, la vida y el ambiente sano? Ya lo metieron a la cárcel por prevención por 14 meses, pero sin haber sido juzgado, sino por sospechas.

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