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Perú: Flexibilización ambiental favorece industria irresponsable

¿A quién le perjudica la fiscalización ambiental que realiza la OEFA?

- Prosiguen las críticas de los especialistas e instituciones de la sociedad civil.

Servindi, 26 de junio, 2014.- El paquete de medidas presentado por el gobierno significa un grave retroceso ambiental observó el biólogo Juan Eduardo Gil Mora quién puntualizó que recorta competencias y funciones a los órganos rectores en materia ambiental para favorecer la inversión minera, en hidrocarburos y telecomunicaciones, entre otras.

Las medidas enviadas por el Ejecutivo para su aprobación por el Congreso de la República pretenden destrabar inversiones extranjeras por hasta U$ 11 mil millones de dólares a costa de flexibilizar las regulaciones ambientales.

Las instituciones afectadas son los órganos rectores en temas ambientales como el Ministerio del Ambiente (Minam), el Organismo Evaluador y Fiscalizados Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

A pesar que la denominación de este año 2014 es: “Año de la promoción de la industria responsable y el compromiso climático” se están generando las condiciones para que se incumplan los estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP).

Eduardo Gil Mora opinó que el país no debe depender exclusivamente de las inversiones extranjeras para crecer y debemos mejorar y diversificar nuestra capacidad productiva interna.

El Estado peruano debe promover la industria responsable que cumpla las normas ambientales y no flexibilizar las regulaciones que permitirán incumplir los estándares ambientales "sobre todo teniendo instituciones tutelares débiles y con restricciones en sus competencias".

Las medidas propuestas tienen objetivos de corto plazo como facilitar la operación de las fundiciones de cobre que se resisten a invertir y renovar su tecnología para cumplir los estándares de calidad ambiental, aún a costa de afectar la salud pública y generar contaminación de aguas, suelos y aire.

Lo mismo ocurre con once lotes de hidrocarburos, uno de ellos en la franja costera norte, que tendrían curso libre si se otorga la última palabra a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se quita la facultad de crear áreas reservadas y áreas naturales protegidas al Sernanp.

El autor reflexiona que el Perú, como casi todos los países de América Latina, vive del uso directo de sus recursos naturales, con escaso valor agregado, y "no hemos aprovechado los beneficios de la renta extractiva" para diversificar nuestra economía en los últimos 20 años.

"Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales en países como China, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las reformas en materia ambiental" agrega Eduardo Gil.

Constituye una responsabilidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno impulsar un modelo de desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo que contemple el ordenamiento territorial, defina competencias ambientales, fortalezca la gestión ambiental institucional, y haga compatible las inversiones y el desarrollo armónico.

A continuación el artículo completo de Eduardo Gil Mora:

Medidas económicas: repercusiones en aspectos ambientales

Por Juan Eduardo Gil Mora

Cusco, 25 de junio, 2014.- El Perú en los últimos meses ha ido disminuyendo el crecimiento económico constante que se ha observado en los últimos años; los analistas económicos lo denominan como un proceso de desaceleración en nuestro crecimiento, la cifra preocupante de esta desaceleración es el crecimiento reportado para abril, con una cifra de 2.01%, que ha afectado la confianza de los agentes económicos, como lo ha reconocido el propio gobierno.

Esta desaceleración tiene efectos directos y vinculantes: menor inversión privada, reducción de las exportaciones y elevación del riesgo país; en razón a ello el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso de la República un paquete de medidas para reactivar y dinamizar la economía.

En realidad, el país requiere por lo menos crecer 6% o más para tener un impacto sobre los niveles de pobreza y sobre el bienestar de la población; cuando se crece a cifras menores, podría detenerse la reducción de la pobreza y tener repercusiones en la salud y educación, básicamente.

El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país que pretenden revertir los resultados adversos experimentados en los meses del presente año. Este proyecto de ley incluye desde aspectos laborales, impulso a las empresas, hasta aspectos de simplificación tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos (mineros, hidrocarburos, telecomunicación, construcción).

Sin embargo, dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo las grandes inversiones.

Este paquete de medidas del Ejecutivo, propone la flexibilización de la normativa ambiental y recorta las prerrogativas del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sus órganos de línea como son el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el estado (SERNANP).

Lo anterior implica, regular las funciones del OEFA en atención a las críticas y quejas del sector minero-energético, que observa su desmedida severidad fiscalizadora y sancionadora. Para ello, se pretende que OEFA reduzca las multas ambientales impuestas a un 35% del monto original durante un período de tres años, y que la recaudación vaya directamente al Tesoro Público y no al OEFA.

El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de Ministros, y no el MINAM, el que decida en la creación de las Áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA)  y  límites  máximos permisibles (LMP).  Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

El Perú, en los últimos años, ha tenido un avance significativo en materia ambiental, específicamente en cuanto a normatividad y regulaciones se refiere; se tienen ya aprobadas y en plena ejecución los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua, aire y suelo; se tienen los límites máximos permisibles (LMP) para emisiones y efluentes que deben ser cumplidos por todos los organismos y empresas que utilizan los recursos naturales en el país; sin embargo con la propuesta del Ejecutivo, no sólo se retrocede en este importante avance en la temática ambiental, sino  que  recorta competencias y  funciones a  los  órganos rectores en  materia ambiental en el país como lo son el MINAM, el OEFA y el SERNANP.

Estas medidas pretenden reducir las competencias ambientales del MINAM y limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); especialmente esta última institución tiene la suficiente competencia que le otorga su norma de creación de monitorear, fiscalizar, vigiar y sancionar a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; y en el caso del MINAM, sancionar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

La propuesta de los cambios normativos, podrían, incluso contravenir el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, puesto que la propuesta sostiene que es la PCM la que debe tomar decisiones sobre este particular.Si bien es cierto que los EIA en su aprobación por las entidades competentes tiene una traba burocrática que conduce a la exagerada demora, en algunos casos años; sin embargo, esto no implicaría una flexibilización exagerada a sólo unos meses; esto daría pie a que la inversión privada sea mayor, empero a costa de una calidad ambiental restringida y la generación de pasivos ambientales de alto costo para el país; consideramos que los EIA deben conducir a que la inversión sea con estricto respeto a la normatividad nacional y con planes de manejo adecuados al tipo del recurso utilizado y con participación ciudadana; tampoco esto implica una demora exagerada; sin embargo, se requiere no menospreciar o descalificar la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones. Pues el paquete de medidas económicas, también prevé acortar a 30 días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.

Hoy en día uno de los indicadores del desempeño en la administración de los gobiernos del mundo, se miden por las estrategias legislativas y administrativas para la conservación y uso sensato de sus recursos naturales; no existe gobierno en el mundo que no cuide el patrimonio o capital natural que debe servir para el desarrollo de sus pueblos.La propuesta del Ejecutivo pretende, que la SUNAT condone las moras y multas de deudas tributarias incobrables. Esta medida, beneficiaría a 180 mil contribuyentes que ya no tendrían que pagar 20 mil millones de nuevos soles en deudas (principalmente generadas entre 1998 y 2005). Con esta acción se podrían sanear las cuentas financieras de muchas empresas liberándolas del lastre de intereses acumulados, haciéndolas mejores sujetos de crédito y capaces de invertir más.

Igualmente, se pretende seguir impulsando la inversión privada en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones entre otros, pues estos sectores son los más rentables en el momento. Con las modificaciones normativas se permitirá destrabar inversiones por hasta US$ 11,000 millones. Sin embargo, es necesario plantear que no debemos depender exclusivamente de las inversiones extranjeras para crecer. Debemos mejorar y diversificar nuestra capacidad productiva interna. Es también necesario recordar que la denominación de este año 2014 es: “Año de la promoción de la Industria responsable y el compromiso climático”. La Industria responsable debe cumplir con las normas ambientales, con los estándares de calidad ambiental, con los límites máximos permisibles y, sobre todo con otorgar el valor agregado correspondiente; sin embargo, es necesario que el estado impulse la  industria responsable y no flexibilice las regulaciones que brindarían oportunidad al incumplimiento de  los  ECA  y  LMP,  sobre  todo teniendo instituciones tutelares débiles y con restricciones en sus competencias.

Entendemos que las medidas propuestas tienen objetivos cortoplacistas para el gobierno de turno y para las empresas que pretenden invertir pronto; es el caso de la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada; es decir, como no quieren adecuarse a los nuevos estándares ambientales existentes, porque ello requiere modificación de tecnologías, lo más fácil es imponer que el estado flexibilice sus estándares de calidad en aire, sin importar incluso la salud pública y los problemas de contaminación en agua, aire y suelo que podrían ser generados; igualmente ocurre con las restricciones en las competencias del SERNANP, puesto que con la propuesta será la PCM la que tenga la última palabra en la creación de Áreas Naturales Protegidas, y específicamente, es el caso de que en la franja costera norte (Tumbes-Piura), se tiene prevista la creación de una nueva área reservada; sin embargo, en ese mismo escenario existen 11 lotes de hidrocarburos; por lo tanto, es clara la intención de la flexibilidad en esto temas y las restricciones al SERNANP.

El Perú, como casi todos los países de América Latina viven del uso directo y en ocasiones  con  el  escaso  valor  agregado  de  nuestros  recursos  naturales;  en realidad, no hemos aprovechado los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales en países como China, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las reformas en materia ambiental.

Constituye responsabilidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno, impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión ambiental institucional, la compatibilidad entre las inversiones y el desarrollo armónico.

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*Juan Eduardo Gil Mora es biólogo M.Sc. en Ciencia y Tecnología Ambiental y consultor en temas de Gestión Ambiental. Correo electrónico: m[email protected]

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El paquetazo malsano caerá.

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